«Cambios tan drásticos abrirían la puerta para el restablecimiento de un monopolio en el sector eléctrico (…) además aumentarían significativamente el costo de la electricidad y limitarían el acceso a la energía limpia para los ciudadanos de México», aseguró la cámara de comercio estadounidense.
«Es la última de un patrón de decisiones preocupantes tomadas por el Gobierno de México que han minado la confianza de los inversionistas extranjeros», planteó el grupo.
Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- La Cámara de Comercio de Estados Unidos (U.S. Chamber) advirtió que los cambios, propuestos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica de México podrían engendrar un monopolio en el sector y así violar los compromisos que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Neil Herrington, vicepresidente para la región de la U.S Chamber declaró que el proyecto presentado al Congreso de México por el Ejecutivo federal «es profundamente preocupante«.
«Cambios tan drásticos abrirían la puerta para el restablecimiento de un monopolio en el sector eléctrico y, creemos, contravendrían directamente los compromisos de México en virtud del Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Además, estos cambios aumentarían significativamente el costo de la electricidad y limitarían el acceso a la energía limpia para los ciudadanos de México», aseguró el funcionario estadounidense.
La iniciativa presentada por el Presidente López Obrador el 1 de febrero, que tuvo carácter de preferente, ha sido fuertemente cuestionada por organismos autónomos de competencia en México, así como por las cámara empresariales del país. Ahora, la reforma que limitaría la generación privada de energías renovables para priorizar a la empresa eléctrica del Estado, la CFE ha sido mal calificada también por la Cámara de Comercio del primer socio comercial del país.
«Esta medida es la última de un patrón de decisiones preocupantes tomadas por el Gobierno de México que han minado la confianza de los inversionistas extranjeros en el país en el preciso momento en que se necesita más que nunca una mayor inversión extranjera directa en México», aseguró Herrington.
En las modificaciones se encuentran las que la Secretaría de Energía publicó en mayo de 2020 para cambiar la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), mismo que apenas el miércoles la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) determinó que viola el marco constitucional sobre la libre competencia, sustentabilidad, operación de la industria eléctrica. Además, limita la transición del sector a la generación de energías limpias.
Pero también pudo referirse a las inversiones que se vieron afectadas con cancelaciones de obras, como la construcción del Nuevo Aeropuerto de México o la fábrica cervecera de Constellation Brands, en Baja California.
«A medida que el país sale de su peor contracción económica desde la Gran Depresión, nada resultará más vital para su recuperación que los empleos y el crecimiento que generan los inversores estadounidenses y extranjeros», puntualizó la U.S. Chamber.
Llamaron al Gobierno mexicano a retirar el proyecto de reforma y a comprometerse con el sector privado a generar «soluciones tangibles» que permitan impulsar la industria energética.
Plantearon la posibilidad de que la Administración de Joe Biden, sus socios comerciales clave y los colaboradores en México puedan apoyar al sector energético, para que se genere un terreno competitivo, «que proporcione un campo de juego nivelado para el sector privado y contribuya al crecimiento sostenible y la generación de empleo».
INICIATIVA PREFERENTE DE AMLO
La reforma modifica el mecanismo de despacho de las centrales eléctricas, que deberán priorizar la energía producida por las hidroeléctricas y plantas de combustibles fósiles de la CFE por encima de las plantas privadas eólicas y solares, y por último las de ciclo combinado.
“Desde hace más de tres décadas, en el marco de la política neoliberal o neoporfirista, se fue imponiendo un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica”, expuso el Presidente.
La reforma es un paso más allá de la política de seguridad del SEN que la Sener publicó en mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el argumento que las renovables son intermitentes y afectan el suministro.
La nueva normativa también obligaría a que los nuevos permisos del sector estén “sujetos a los criterios de planeación” de la Secretaría de Energía. También cambian las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) que pueden obtener las empresas particulares y elimina la obligatoriedad de las subastas eléctricas en las que puede participar el sector privado para abastecer a la CFE. Por último, ordena revisar la “legalidad y rentabilidad” de los contratos del Gobierno federal con productores independientes de energía.
El Presidente aseveró que estas modificaciones respetan el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la reforma constitucional de 2013 que abrió el sector energético a la inversión privada. “La Nueva Política Energética demanda ajustes a la Ley de la Industria Eléctrica”, sostuvo el mandatario.
EMPRESARIOS EN CONTRA
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la reforma dañará “irremediablemente” la certeza jurídica, regulatoria y de contratación, además de ser inconstitucional e incumplir con los tratados y compromisos internacionales, pero también abre la puerta a una “expropiación indirecta”.
Para el CCE la iniciativa “intenta impedir, arbitrariamente, la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica”, por lo que resulta “inexplicable” su presentación sin diálogo previo con los sectores afectados.
La falta de consenso para su presentación, detalló el grupo empresarial, abre un nuevo frente contra la inversión en medio de la crisis generada por la COVID-19 y “rompe la promesa del Presidente López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración”. Las afectaciones para México, alertó el CCE, son la “expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad”, lo que les parece un potencial poder de violar lo establecido en la Constitución mexicana.
#Comunicado | La propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es una expropiación indirecta
que resultará en mayores subsidios a la CFE, electricidad más cara y contaminante. pic.twitter.com/KerpglspLc— CCE (@cceoficialmx) February 2, 2021
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que la iniciativa preferente limitaría la generación privada de energías renovables para priorizar a la empresa eléctrica del Estado podría desincentivar la competencia y la inversión en el sector. Además, con esta se corre un alto riesgo de tener una industria monopolizada, con precios altos y menor calidad, aseguró
“De aprobarse lo propuesto en la iniciativa, el riesgo de tener una industria eléctrica monopolizada es alto, lo que restaría certidumbre para la competencia y tendría como resultado mayores costos para el consumidor final y menor calidad en el servicio”, planteó la patronal en un documento.
Reiteramos nuestra disposición al diálogo para que las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica no afecten la competitividad de las empresas, la economía de las familias y el medio ambiente. #ComunicadoCoparmex https://t.co/YoW8G8Q57a pic.twitter.com/a31yG5KKEg
— Coparmex Nacional (@Coparmex) February 3, 2021
-Con información de EFE
