Cienfuegos no es inocente aunque le hayan retirado los cargos, dijo el General Gallardo, quien asegura que la no acción penal en el caso “Padrino” prueba que el poder civil en México está sometido al poder militar, y que el Gobierno federal está infiltrado por el crimen organizado. Una situación que además de poner en vilo el desarrollo democrático del país, abre la puerta a un posible proceso en contra del Presidente López Obrador por parte de autoridades estadounidenses, explicó.
Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- Salvador Cienfuegos Zepeda «está bajo dos jurisdicciones, y de las dos jurisdicciones se escabulló”, dijo en entrevista el General en retiro José Francisco Gallardo Rodríguez. En su opinión, ni las autoridades civiles ni las autoridades militares actuaron con apego al Estado de derecho, ya que el exsecretario de la Defensa Nacional del peñanietismo (2012-2018) fue exonerado sin un proceso de investigación, sin comisiones de la verdad y con el consentimiento y encubrimiento del Ejecutivo federal y de integrantes de una élite castrense, entre ellos el actual jefe de las Fuerzas Armadas, el General Luis Cresencio Sandoval González.
El 14 de agosto de 2019, un jurado federal estadounidense en el Distrito Este de Nueva York acusó al General Cienfuegos “de participar en un plan de importación y tráfico de drogas” orquestado por Juan Francisco Patrón Sánchez, mejor conocido como el “H2”, uno de los líderes del Cártel de Los Beltrán Leyva, se lee en una misiva fechada al 29 de octubre de 2020 que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) le envío a la Secretaría de Relaciones Exteriores encabezada por Marcelo Ebrard Casaubón.
El 15 de octubre del año pasado, Cienfuegos fue arrestado en el país vecino; y un mes y tres días después, en medio de tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, el General de División fue entregado por las autoridades estadounidenses a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que en dos meses determinó –con base en las pruebas documentales aportadas por la DEA– que el General “nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva” y “tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”.
De acuerdo con el General Gallardo, la jurisdicción civil –a través de la FGR– debió de utilizar como base las acusaciones de la DEA para iniciar una investigación propia y entonces lindar o deslindar responsabilidades. En cambio –dijo– hubo una decisión unilateral y exprés desde la Presidencia de la República para dejarlo ir en libertad sin aparentes consecuencias para Cienfuegos, pero con evidentes secuelas en materia de credibilidad institucional relacionada con la impartición de justicia en México.
Para Gallardo, los altos mandos militares tampoco están exentos de responsabilidades en el caso Cienfuegos. Pero explicó que en mayor medida, la responsabilidad recae en el Presidente López Obrador porque él es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de acuerdo con lo que establece el Artículo 89 (fracciones VI y VII) de la Constitución Mexicana.
“Yo no creo que el Secretario de la Defensa Nacional [Luis Cresencio Sandoval González] no le haya pedido su autorización [al Presidente Andrés Manuel López Obrador] para liberar a Cienfuegos. Tampoco creo que [Sandoval] haya tenido el valor civil para haberle dicho [a AMLO] que no se puede [liberar a Cienfuegos] porque va en contra del Fuero de Guerra”, dijo Gallardo en entrevista con SinEmbargo.
Pese a lo anterior, el también activista en materia de derechos humanos refirió que las probables violaciones del General Salvador Cienfuegos a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada tienen implicaciones de índole militar.
«El Código de Justicia Militar previene en los artículos 275 Bis y Ter que cualquier individuo militar que se coluda con el narcotráfico o se sume a las filas del narcotráfico será sancionado con 15 a 60 años de prisión y baja de las Fuerzas Armadas. Eso le aplica a Cienfuegos, pero tiene varios supuestos, y uno de ellos también dice que cualquier militar que permita la fuga o libere a cualquier delincuente del crimen organizado igualmente le aplica la sanción que dije. Lo digo por lo de Ovidio [Guzmán Loera] a quien liberaron por una orden presidencial. Aquí el asunto es que también le cae esta responsabilidad a Andrés Manuel”, recordó Gallardo.
La falta de ejercicio de la acción penal en contra de Cienfuegos es uno de los grandes errores del actual sexenio, no sólo porque demuestra la debilidad del control civil-democrático que existe en México sobre las Fuerzas Armadas, sino también por las tensiones que genera y que generará con el Gobierno de Estados Unidos, ya que es un asunto que involucra temas de seguridad nacional y de relaciones bilaterales internacionales, frente al cual el Gobierno de México se muestra como el “alcahuete» del crimen organizado, lamentó el también académico universitario.
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–La no acción penal en el caso Cienfuegos pone en duda al Estado de derecho y a la llamada “cuarta transformación”. Pero en realidad, como caso de alto perfil con consecuencias diplomáticas era un escenario previsto. ¿Qué hay que hacer para limpiar al Ejército? Porque si no es Cienfuegos el que hace acuerdos con criminales, es y serán otros. Además hay acuerdos tácitos entre Dios y el Diablo, entre el Estado y el crimen organizado. Siempre han existido e incluso son necesarios o inevitables en la práctica política para contener violencias y controlar poderes fácticos. ¿Qué puede decir de esto último?
–Este tema pone sobre la mesa de discusión muchas cosas. Una de ellas es que desde que los militares empezaron a participar en la lucha contra el narcotráfico todo mundo –académicos, políticos, periodistas, investigadores, etcétera– dijimos que había riesgo de infiltración del crimen organizado y del narcotráfico en las cúpulas del Ejército. De 2007 a la fecha […] eso se está viendo y se está confirmando esa hipótesis que muchos teníamos, que era difícil. Incluso yo siempre he dicho que el Ejército está infiltrado por el narcotráfico. Está corrompido el Estado y el Ejército y la Marina y la Policía. Aquí el tema es que esas reglas no escritas no tienen que ver nada con el Estado de derecho; no tienen que ver nada con el sistema de justicia.
Lo que sucede es lo siguiente: si hubiera un control civil-democrático, no hubiera estos problemas. El control civil-democrático tiene que ver con los controles institucionales del Ejecutivo sobre la rama militar, así como con los controles del Legislativo sobre los controles del Ejecutivo sobre la rama militar. Aquí también entra la intervención de la Suprema Corte de Justicia para definir los temas de Justicia Militar.
–¿Por qué no hubo una comisión de la verdad en el caso Cienfuegos? No está mal decir «no tenemos pruebas, pero te voy a investigar”.
–En este punto concreto hay una situación grave: cuando Andrés Manuel permite al Ejército involucrarse en todos los temas que sabemos que le ha adjudicado… Las construcciones de bancos, de hospitales, del aeropuerto Felipe Ángeles, de Dos Bocas, del Tren Maya, entre otros, Andrés Manuel termina dependiendo del Ejército y está gobernando a través de un Ejército que está infiltrado por el crimen organizado. Entonces aquí, lo que a mí me queda claro en lo particular es que tenemos un Gobierno infiltrado por el crimen organizado. Por eso tantas matanzas y por eso no se puede resolver el asunto de la inseguridad. Todos los días hay [matanzas] y ahora el foco está en Guanajuato. Todos los días hay 10, 15, 20 muertos y ay la llevamos. Andrés Manuel ahorita trae un récord de 80 asesinatos diarios por los 23 meses que trae, son 56 mil muertos.
Tampoco no extrañe. Al ratito vas a ver como el asunto de Cienfuegos lo van a reservar no sé por cuánto tiempo. Incluso ya fue reservado desde el punto de vista económico. Hubo un comunicado en el Ejército que decía que estaba prohibido estrictamente hacer comentarios sobre el tema.
–Entonces parece claro que la extradición de Cienfuegos y su liberación es imposible de explicar sin las conexiones políticas del General. Ese es un verdadero ejemplo de ejercicio de poder. ¿Hubo presión del Ejército para que ello sucediera? ¿Qué tan amplio es el poder de Cienfuegos dentro del Ejército?
–Hay una cofradía dentro del Ejército. La cofradía del Ejército que hace su aparición después de la masacre del 68 toma una gran relevancia porque el Ejército antes estaba a cargo de los militares revolucionarios. A partir de allí empiezan a egresar los de la Escuela de Guerra que se conocen como Diplomados de Estado Mayor. Entonces este grupo que es muy pequeño, no pasan de mil gentes en todo el Ejército, son los que manejan toda la información del Ejército. Manipulan, tienen los mejores cargos, los mejores premios, los mejores sueldos, etcétera. Es una élite que está corrompida por el crimen organizado.
Todo el asunto de Tlatlaya, el General que estuvo allí fue un General Diplomado de Estado Mayor; el Comandante que estaba en Ayotzinapa, igual; los comandantes que han estado en todas las masacres últimas, desde 1994, Acteal y todas las que conocemos, todos los mandos son Diplomados de Estado Mayor y están impunes. Tan es así, que ahora Andrés Manuel ascendió en bloque a todas estas personas que estaban señaladas por violaciones a los derechos humanos. Te digo porque esa fue una discusión y un dictamen que hubo y que está disponible en la página del Senado. Entonces sí, efectivamente, hay una presión muy fuerte por parte de estos grupos militares que podrían ser controlados por el Ejecutivo y el Congreso, pero no lo hacen.
Hay diferentes artículos de la Constitución que dicen cómo el Congreso debe controlar la rama militar del Poder Ejecutivo; y aparte de ello hay una situación grave que yo veo: con la reforma que se hizo para crear la Guardia Nacional… Con esa reforma lo que hizo Andrés Manuel es desaparecer los controles para manejar a las Fuerzas Armadas. Entonces por eso está la situación así. ¿Y quienes son los beneficiados? Pues el mismo Ejército. Cualquier cosa que sale, luego luego la declaran como de seguridad nacional. Cuando estaban pidiendo cuentas del asunto del Aeropuerto Felipe Ángeles, se reservó porque fue un asunto se seguridad nacional. Y así te puedo contar un montón: el asunto de Ayotzinapa, ya lo quieren cerrar; el asunto de Tlatlaya, ya lo quiere cerrar… Pero aunque lo cierren o exoneren, el delito allí está. Y si no lo sancionan conforme a derecho, no se va a resolver. Por ejemplo, a mí me decían que Cienfuegos es inocente. ¡No! Cienfuegos no es inocente; le retiraron los cargos. No ha demostrado su inocencia y no ha habido un proceso [que linde o deslinde responsabilidades].
–Porque es un miembro de la élite militar.
–¿Y quién articula dentro del Ejército el Sistema de Justicia Militar? El Secretario de la Defensa. Y el Secretario de la Defensa es parte de lo mismo.
–O sea que, para que todo esto de Cienfuegos pasara, ¿Sandoval tuvo que haber metido las manos?
–Por supuesto, claro que sí, el principal. Él no tiene el valor civil para decirle abiertamente al Presidente que inicie un proceso en contra de Cienfuegos. Por eso hizo lo que hizo cuando mandó al General [Carlos] Gaytán [Ochoa]: para que hiciera la carta [de 2019 en la que cuestiona las decisiones del Ejecutivo federal para pacificar al país] y se hiciera el debate. Incluso se manejo ahí la cuestión de un Golpe de Estado, pero el Golpe de Estado lo dio el mismo Gobierno. Se dio un autogolpe con esa reforma [de la Guardia Nacional].
–Como sea, el caso Cienfuegos lastimó al Ejército. Una acusación de la DEA, aunque no hubo consecuencias legales, es un antecedente serio, más en un contexto de militarización de las acciones de seguridad pública y en que el Ejército mexicano es un pilar de la gobernabilidad del actual sexenio. Es decir, ni la infraestructura ni las vacunas se mueven sin los castrenses. ¿Cuál es y será la consecuencia del caso Cienfuegos en las estructuras de poder del Ejército y cómo impactará la relación Ejército-poder político?
–En este tema en concreto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues esa relación [Ejército-poder político] va a demostrar que el poder militar está por encima del poder civil, y esto trastoca el desarrollo democrático del país. Esto lo vamos a ver reflejado en las elecciones que vienen.
Por otra parte está lastimada la relación de poder dentro del Ejército, porque el actual Secretario de la Defensa está encubierto por Cienfuegos. Fue encubierto por Cienfuegos porque él siendo Comandante de la Zona de Piedras Negras en el año 2011-2012 fue responsable de una ejecución que hubo de 300 personas en Allende, Coahuila. Sandoval era el Comandante de allí y lo encubrió Cienfuegos. Hay tres o cuatro investigaciones sobre ese tema. Está una del Colegio de México, una de la Universidad de Austin en Texas y una de una revista que se llama Express o algo así, además de una que hizo la revista Proceso. ¡Y este señor es el Secretario de la Defensa! Entonces si procesan a Cienfuegos, él también se va.
–Hablamos de un pago de favores.
–De lealtades entre comillas. Pero son lealtades mal entendidas. Eso no es lealtad, eso es complicidad. Entonces esa relación que dices está desgastada y hay mucha desconfianza de un lado y otro, pero como Andrés Manuel le ha metido la mano al Ejército, pues él depende de las decisiones de los altos mandos militares y eso está muy mal.
–Más si añadimos las reformas y el uso del Ejército como servicio de paquetería, constructora, policía, guardia electoral, entre otros, en que además del Ejército, el beneficiario es el Ejecutivo. ¿Quien nos asegura que la eliminación de controles del Ejecutivo para manejar a las Fuerzas Armadas no puede terminar en la configuración de camisas negras o pardas? Porque hoy en día también están disfrazados de civiles.
–Aquí veo un asunto bien delicado: si esta situación sigue así, con la aquiescencia y la alta alcahuetería del Gobierno hacia el Ejército, en un momento dado pueden acusar a Andrés Manuel [López Obrador] y a [Marcelo] Ebrard [Casaubón] por conspirar en contra de Estados Unidos. Ve lo que está pasando con el Presidente de Honduras. Ahorita [a Juan Orlando Hernández] lo están acusando de eso más o menos; de lo mismo que está pasando ahorita aquí en México. Él cuando fue Presidente conspiró con el narcotráfico en contra de Estados Unidos. Ahora que viene Joe Biden, pues va a chocar Andrés Manuel porque trae una agenda totalmente diferente con el tema de derechos humanos, tráfico de armas, combate a narcotráfico, el asunto climático, de sindicatos y de migración. Todo es diferente y nos van a presionar más. Esta situación debilita la confiabilidad sobre la estructura del Estado.
