Pensaba referirme en este espacio al informe de Causa en Común sobre las 5 mil 380 atrocidades registradas durante 2020 por los medios mexicanos, que dejaron seis mil 365 víctimas. Ciertamente amerita referirse a semejante y pormenorizado recuento que hace aterrizar en horrores concretos las estadísticas globales de la violencia que vive México.

Sin embargo, pienso que hay muchas otras atrocidades recientes de las que es menester también pasar revista, a partir de las diferentes acepciones de ese término, según la Real Academia Española.

Si bien el primer significado de atrocidad es el “crueldad grande”, también lo son “dicho o hecho muy necio o temerario” y “error o disparate grave».

En consecuencia, podemos afirmar efectivamente que México es el país de las atrocidades, pero no solo en referencia a la letanía horrenda de torturas, violaciones, laceraciones, masacres, maltrato extremo, fosas clandestinas, descuartizamientos, asesinatos de niños  y terrorismo, contenida en el estudio intitulado “Galería del horror: atrocidades registradas en medios periodísticos».

Según el informe difundido por Causa en Común, el acto atroz más común son las fosas clandestinas con mil 350 documentadas el año pasado, le siguen 944 casos de tortura y 709 casos de descuartizamiento y destrucción de cadáveres. También hubo 672 masacres, 519 calcinamientos, 410 asesinatos de niños, niñas y adolescentes, 171 asesinatos de mujeres con crueldad extrema y 150 intentos de linchamientos.

Las entidades que destacan son Jalisco, con 736 atrocidades y 816 víctimas; Guanajuato, con 566 atrocidades y mil dos víctimas; Guerrero, 349 atrocidades y 379 víctimas; Chihuahua, 352 atrocidades y 419 víctimas; y Michoacán, 349 atrocidades y 409 víctimas. Jalisco destaca al registrar 499 fosas clandestinas, mientras que Guanajuato acumuló 176 masacres, 46 casos de asesinatos de niños, niñas, y adolescentes, 20 asesinatos de funcionarios públicos y 116 casos de descuartizamientos. En Chihuahua se documentaron 105 casos de tortura y en Baja California 70 calcinados.

Atroz, sí.

Hay sin embargo otras atrocidades, registradas también cotidianamente por los medios de comunicación. Y, como ocurre en las referidas a hechos de violencia y sangre, la mayoría de esas aberraciones costosísimas quedan impunes.

Porque atrocidades son también, en otro sentido, las intenciones presidenciales de suprimir (“absorber”, dijo) los organismos autónomos como los que existen en nuestro país, como antes se eliminaron con inaudita irresponsabilidad los 109 fideicomisos, argumentando que eran nidos de corrupción pero sin que se haya documentado un solo caso.

Concretamente, o por lo pronto, el Presidente condena a muerte a los siguientes organismos autónomos: que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pase a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); que el DIF asuma las labores de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y que el Instituto Nacional de Transparencia,  Acceso a la Información y Protección de Datos Personales  (INAI) sea absorbido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o por la Fiscalía Anticorrupción.

Particularmente grave es el caso del INAI, por supuesto, porque su desaparición implicaría la supresión de un organismo creado a partir de una demanda ciudadana de muchos años para hacer accesible no sólo a los medios de información sino también a  los ciudadanos comunes la información oficial, antes vedada.

Tan sólo pretender la supresión de este organismo es una atrocidad. Y una aberración, como consideró José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW). “Los organismos autónomos diferencian al México democrático del periodo dictatorial en el que el PRI gobernó por 70 años”, dijo. «Lo del INAI en México es de una extraordinaria gravedad”.

En el fondo, como ocurrió con los fideicomisos, las razones de austeridad y combate a la corrupción no tienen sustento, son otra farsa. Los motivos reales son otros, obvios: acabar con órganos fiscalizadores de la tarea gubernamental, concentrar más poder en la Presidencia de la República, y acceder a los recursos que esas entidades ejercían para canalizarlas al costal asistencial manejado personal y electoralmente por el mandatario con vistas a los comicios de junio próximo.

Atroz, sí.

Otra atrocidad es persistir, en el décimo mes de la emergencia sanitaria, en manejar con criterios políticos y objetivos claramente electorales una incontrolada pandemia, que registra actualmente su más alta incidencia tanto en personas infectadas como en el número oficial de fallecimientos que duplica el «escenario catastrófico” del doctor López-Gatell, lo que coloca a México en el cuarto lugar mundial, además de ser el país con más alto índice de letalidad. Un desastre.

¿Y qué calificativo merece la decisión de que, en medio de la epidemia sanitaria y económica más graves de nuestra historia, la distribución y aplicación masiva de la vacuna contra la COVID-19 se lleve a cabo por brigadas de 12 personas, encabezadas y coordinadas por dos “Servidores de la Nación”, los cuadros encargados del reparto de subsidios monetarios de los programas sociales del Gobierno federal, que en realidad no son otra cosa que promotores del voto morenista?

Atrocidades sin fin. Válgame.

DE LA LIBRE-TA

METRO EN RUINAS. Aunque el Gobierno capitalino que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo ha logrado por ahora relativizar las dimensiones de lo ocurrido en el Metro, lo cierto es que se trata de una verdadera catástrofe para la Ciudad de México. Un incendio cuyos orígenes ni siquiera se han clarificado, destruyó el cerebro mismo del sistema de transporte colectivo más importante del país. Recuperarlo totalmente llevará quizá un año. ¿Y los responsables? Es obvio que se trata de un caso –atroz también— de falta de previsión y mantenimiento, pero no podemos conformarnos con esa ambigüedad. Tampoco con la tan socorrida práctica en estos tiempos de culpar a los fantasmas del pasado. Hay culpables de carne y hueso, que deben pagar por su incapacidad o su indolencia.

@fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

https://dev.sinembargo.mx/author/franciscoortiz/

Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

#Análisis ¬ ¿Es posible que Claudia suba más? Sí: en 2018, AMLO apretó en los últimos 30 días