El 17 de diciembre pasado se informó que la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República solicitaba al Instituto Nacional Electoral “ceder” los tiempos oficiales en radio y televisión destinados a la propaganda política y partidista dentro del proceso electoral que inicia. La razón parece loable e irrefutable: tener más tiempos en radio y TV para la difusión de información sobre las medidas sanitarias en el marco de la pandemia.

No obstante,  dicho suceso es el marcador de la arbitrariedad que persiste en la relación entre medios de comunicación y Gobierno. Esta relación poco democrática tiene que ver con dos factores: el gasto de comunicación social y los tiempos fiscales condonados a las empresas de radio y televisión.

En cuanto al presupuesto de publicidad oficial (primer factor) este año se ha caracterizado por el sub-ejercicio del gasto. Ya consignaba Sin Embargo que se habían ejercido -preliminarmente- 624 millones de pesos. También se informó por esta casa periodística que 10 medios de comunicación concentran alrededor de 268 millones, es decir, el 43 por ciento de ese gasto. A los viejos “ganones” de la publicidad oficial se suman nuevos manteniendo intocada la concentración del gasto y la selectividad opaca. Nada sorprendente ante la ausencia de un marco regulatorio que acabe con la discrecionalidad y discriminación en la asignación de la pauta de publicidad oficial a los medios.

En este rubro ha disminuido significativamente el gasto gubernamental. Encomiable si se compara con el despilfarro en el ejercicio de la misma partida presupuestal durante el Gobierno de EPN quien llegó a sobre-ejercer el 80 por ciento de lo presupuestado para comunicación social. En efecto, durante el sexenio anterior se terminó transfiriendo más de 60 mil millones de pesos a un selecto grupo de medios de comunicación.

Pero es preocupante si se observa que en la actual administración, hasta octubre, solamente se ha ejercido una cuarta parte (25 por ciento) de los 2 mil 452 millones 509 mil 122 pesos presupuestado para el 2020 y que ese dinero restante (mil 829 millones de pesos en números redondos) pudiera utilizarse para lanzar más y mejores campañas informativas sobre las medidas sanitarias que se recomiendan a la población para hacer frente al COVID-19.

Más alarmante es la concentración del gasto en unos cuantos medios sin saber las razones -aunque podemos especular- privando, por ejemplo, a medios más pequeños, regionales o locales que pueden llegar a diversas audiencias. De las radios comunitarias ni hablamos porque inexplicablemente, por mandato de la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones (2014), sólo se les puede asignar el uno por ciento total del gasto de publicidad oficial a la totalidad de concesionarias de medios sociales. Ello condiciona de manera discriminatoria la capacidad de mandar el mensaje sobre medidas de salud pública a pueblos y comunidades hablantes de lenguas indígenas, por dar un ejemplo.

El segundo factor -condonación de tiempos fiscales- nos ayudará a entender mejor lo arriba expuesto. El Presidente López Obrador manifestó su intención de “devolverles” esos tiempos que constituyen un pago tributario en especie “para que las empresas de radio y televisión puedan comercializarlos […] ya que la industria de la radio y la televisión está pasando por un mal momento porque han bajado sus ingresos en general y nosotros no podemos darles el dinero para publicidad como, cosa que ya había anticipado en noviembre de 2019 ante integrantes de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT). Finalmente, ese “regalo” a los concesionarios de radio y televisión comercial se materializó en un decreto expedido el 23 de abril pasado, en medio de la contingencia sanitaria.

La decisión se asemeja a la adoptada por Vicente Fox en 2002, quien redujo significativamente los tiempos del Estado en radio y televisión. En aquel entonces el escándalo no se hizo esperar y se bautizó la resolución del entonces primer mandatario como el Decretazo. En pocas palabras se reducía sin justificación y por razones político-electorales el cobro de un impuesto especial por el uso de un bien de la nación: el espacio radioeléctrico. “No somos iguales” van a responder los simpatizantes del Gobierno. Pero en la relación con los grandes consorcios mediáticos nacionales “sí somos parecidos” bien podría agregar el Gobierno.

Este inexplicable beneficio a las televisoras y radiodifusoras contiene, además, tres elementos cuestionables. Primero, los tiempos oficiales son propiedad del Estado no del Presidente. Segundo, no se les regresa algo que nunca les perteneció a los dueños de este empresas, pues son concesionarias  de un bien público. Por último se contradice la propia retórica gubernamental, ya elevada a nivel constitucional, en cuanto a la prohibición de condonaciones fiscales.

Lo anterior significa que con la pandemia ganarán quienes siempre ganan en el sector de radio y televisión. De hecho, la UNESCO ha señalado que en este contexto la crisis económica de los medios de comunicación se agudiza, resultando ganadores los “grandes barones de los medios” ante las mejores condiciones que tienen para sobrevivir en el mercado. Así, la posibilidad de más ofertas informativas y la pluralidad mediática que resulta de ello se ocluyen en un contexto como el actual. Con esto también la sociedad sufre un impacto negativo al tener un derecho a la información constreñido a las reglas de la oferta y la demanda y al cálculo político del actual Gobierno.

¿Todo esto que relación tiene con los tiempos solicitados al INE? Simplemente se demuestra que el Ejecutivo ha dispuesto a discreción de los recursos del Estado para mejorar la comunicación oficial y ahora pretende hacerlo con los tiempos destinados a la disputa por el poder político que se avecina. El problema es que el Ejecutivo ha sub-utilizado e incluso ha “regalado” recursos estatales a los concesionarios de radio y televisión. Por ello es que la petición de Comunicación Social de Presidencia al INE tiene un trasfondo que desvirtúa la loable razón que exponíamos desde el principio.

En tiempos de grave crisis de salud pública, más y mejor información es la que necesitamos. El Poder Ejecutivo sí cuenta con los recursos suficientes (al menos 1829 millones de pesos) para lanzar una campaña con información veraz, oportuna, útil y asequible que ayude a potenciar la garantía de derechos fundamentales como la salud, educación y la vida misma. La pregunta clave es ¿por qué al contar con los medios y los recursos ahora quiere los tiempos destinados a la contienda electoral?

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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