Washington, D.C.— Las nuevas ataduras a las operaciones de los agentes extranjeros—DEA, CIA, FBI, Servicio de Alguaciles–aprobadas por el Senado Mexicano la semana pasada, tienen el potencial de derivar en una crisis diplomática en la que no se puede descartar la posibilidad de que el moribundo gobierno de Donald Trump contraataque si México no recula.

Es la lectura que se deriva de la dura declaración del procurador general William Barr, advirtiendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra los nuevos protocolos en la Ley de Seguridad Nacional que se espera también apruebe la Cámara de Disputados. “Tendrá el efecto de hacer más difícil la cooperación”, manifestó.

“La aprobación de la legislación sólo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales trasnacionales contra las que estamos luchando conjuntamente”, alertó Barr, quien dejará el cargo antes de Navidad. Fue con base en el viejo marco diseñado a abordar los “retos compartidos” que Estados Unidos retornó a México al general Salvador Cienfuegos el mes pasado, apuntó, implicando que las pautas mexicanas rompen ese entendido (Statement of Attorney General William Barr on Mexico´s Proposed Legislation 11/12/2020).

La legislación mexicana, que indignó a Barr, plantea cambios que alterarían drásticamente la cooperación policíaca entre los países. Busca obligar a los agentes extranjeros a compartir inteligencia sensible y confidencial, que obtengan de fuentes secretas y mediante otros métodos, con las autoridades mexicanas. Propone quitar inmunidad diplomática a los agentes de incurrir en delitos violatorios al derecho mexicano. Pide a las autoridades estatales presentar un informe mensual al gobierno federal sobre los contactos que hayan tenido con los agentes extranjeros en su localidad. La DEA tiene oficinas en 10 consulados.

Paradójicamente, la repatriación de Cienfuegos, que enfureció a la DEA pues fue la que hizo la investigación secreta sobre el ex secretario de la Defensa, se debió en parte para evitar que México cumpliera su amenaza de acotar las actividades de los agentes de la agencia antinarcóticos. Pero el daño ya estaba hecho.

“Si no hay confianza no hay colaboración. Vamos a necesitar reconstruirla. Podemos hacerlo si hay voluntad política. Peleando llevamos todas las de perder”, declaró la Embajadora Martha Bárcena, en un foro patrocinado por el Centro Estados Unidos-México de la Universidad Rice.

La DEA declinó pronunciarse. “No vamos a comentar en estos momentos”, me dijo Katherine Pfaf, portavoz en las oficinas centrales.

Voceros extraoficiales hablaron por ella. Jack Lawn, ex administrador de la DEA que le tocó lidiar con amenazas de expulsar a sus agentes tras revelaciones sobre la colusión con el narco del gobierno de Carlos Salinas, sugirió la posibilidad de represalias. “¿Sacar a la DEA? ¿Darles información? Eso no va a suceder. Si quieren jugar rudo y quieren sacarnos, ¿cómo van a pagar?”, preguntó al advertir que el costo puede ser la reducción de ayuda policíaca por parte del Congreso (SpyTalk 10/12)2020).

En el año fiscal 2020, el Congreso estadounidense autorizó 150 millones de dólares—73 millones por encima de la petición de la Casa Blanca–en asistencia policíaca y militar para México como parte de la Iniciativa Mérida. En 2021, la ayuda propuesta son 140 millones de dólares, suma muy baja en comparación a las asignaciones en el sexenio de Felipe Calderón. De ahí que las represalias, de darse, tendrían más peso político que financiero.

El Departamento de Estado también declinó comentar sobre una legislación aún en trámite. “La fuerte cooperación entre las agencias policiacas de Estados Unidos y mexicanas es esencial para los intereses de nuestros países y beneficia la seguridad de nuestros ciudadanos”, se limitó a decir un vocero que pidió no ser identificado.

Jeffrey Davidow, ex embajador en México cercano al equipo de transición de Joe Biden, consideró que la llegada de una nueva administración es el momento oportuno para que los gobiernos sostengan discusiones serias sobre todos los temas de seguridad. “México no debería limitar la posibilidad de discutir y negociar, aprobando una nueva legislación que será vista como hostil. Sería mejor que respiraran hondo, retrasaran cualquier legislación, y agregaran el tema de la cooperación policíaca a la agenda de discusiones bilaterales que tomarán lugar en cuanto Trump salga del escenario”, me dijo.

Shannon O´Neill, especialista sobre México en el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York, consideró que las nuevas pautas impedirán que la DEA y la CIA sigan operando en México. “En lugar de que el gobierno mexicano tenga más acceso a inteligencia, probablemente se reducirá, toda vez que la compartición de inteligencia entre agentes estadounidenses y unidades verificadas y socios de confianza mexicanos desaparecerá”, me dijo.

O´Neill advirtió que las tareas de monitoreo y de desarticulación de los carteles, se dificultarán si los agentes no pueden estar en el campo. “Pero el principal daño será para México, ya que las fuerzas de seguridad y las operaciones mexicanas dependen más en la inteligencia de Estados Unidos que a la inversa. Al final, desafortunadamente México será un lugar menos seguro”.

Craig Deare, catedrático de la Universidad de la Defensa Nacional, ex oficial de Inteligencia del Pentágono, y ex asesor para América Latina en el Consejo Nacional de Seguridad, coincidió. “Me parece mala idea despojarlos de protección. O permites que la DEA opere en tu país, con protección diplomática (y hay beneficios para México en eso), o no les permites la entrada”.

Tres presidentes consecutivos–Fox, Calderón y Peña Nieto–dieron órdenes de que los agentes de la DEA, el FBI, la CIA y el ICE, operaran en México con toda libertad. Tenían carta abierto y acceso a información secreta en bases de datos mexicanas. Pero fue a partir del sexenio de Calderón que los agentes de la DEA tomaron la dirección de las operaciones mexicanas contra los carteles. Genaro García Luna les dio luz verde para que hicieran a sus anchas. La Unidad de Investigaciones Sensibles de la Policía Federal, grupo de espionaje élite creado, aprobado y financiado por la DEA, hacía las detenciones, los allanamientos y cateos de inmuebles que la DEA dictaba.

Fue precisamente con base en esa capacidad de inteligencia y operativa que capturaron a El Chapo Guzmán. Su detención definitiva fue obra de un equipo de marinos mexicanos bajo las órdenes de un selecto grupo de agentes del FBI, la DEA, la CIA y el Servicio de Alguaciles. Si bien por Ley, la DEA no puede hacer arrestos y andar armada en territorio nacional, sabido es que siempre lo han hecho cuando han acompañado a lo mexicanos en operativos de detención de altos blancos. El gobierno mexicano se hacía de la vista gorda. Eso cambiaría bajo los nuevos reglamentos.

Es innegable que la DEA lleva más de cuatro décadas atropellando las leyes y la soberanía nacionales, con absoluta impunidad en violación al acuerdo sobre cooperación para combatir el narcotráfico de 1992 que define los límites de su actuación. México está en su justo derecho de codificar esos términos en la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, el manejo diplomático y los tiempos que eligieron dejan mucho que desear. Proyectan la percepción de que se trata de una decisión unilateral no muy diferente a la que Estados Unidos tomó al arrestar al general.

Twitter: @DoliaEstevez

Dolia Estévez

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Dolia Estévez es periodista independiente en Washington, D.C. Inició su trayectoria profesional como corresponsal del diario El Financiero, donde fue corresponsal en la capital estadounidense durante 16 años. Fue comentarista del noticiero Radio Monitor, colaboradora de la revista Poder y Negocios, columnista del El Semanario y corresponsal de Noticias MVS. Actualmente publica un blog en Forbes.com (inglés), y colabora con Forbes México y Proyecto Puente. Es autora de El Embajador (Planeta, 2013). Está acreditada como corresponsal ante el Capitolio y el Centro de Prensa Extranjera en Washington.

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