Para el doctor Edgardo Buscaglia, experto antimafia, el regreso de Cienfuegos fue el pago que habría hecho Donald Trump a los favores políticos realizados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- El caso del General Salvador Cienfuegos muestra la debilidad institucional de la autoridad civil y el poder que tiene el Ejército sobre el Ejecutivo, expuso Edgardo Buscaglia, asesor antimafia y académico senior de la Universidad de Columbia (Nueva York). El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, dijo, se dejó presionar para pedir a Estados Unidos que entregara al exsecretario de la Defensa Nacional.
“El Ejército mexicano no se deja juzgar, pero no es que no se deje juzgar solo en el caso Cienfuegos, no se deja juzgar en el caso Ayotzinapa, Tlatlaya y en 175 casos adicionales […] Las facciones mafiosas presionan para que no se toque a ningún general y a ningún alto mando y no se les juzgue en México y menos en Estados Unidos, donde una investigación por lavado de dinero, por conspiración para cometer delitos de tráfico conduce a una investigación por delincuencia organizada que involucraría a toda la red que rodea al acusado y eso el Ejército no lo iba a permitir”, dijo el especialista en entrevista con SinEmbargo.
El regreso a territorio nacional del General Salvador Cienfuegos Zepeda fue sorpresivo y extraordinario. El hecho inédito se presentó en un contexto de tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos. De inicio, su arresto en la ciudad de Los Ángeles el pasado 15 de octubre sacudió la relación entre México y Estados Unidos por la participación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que tenía vigilado al General las 24 horas del día en territorio nacional sin conocimiento del Gobierno mexicano.
La falta de colaboración, consideró Buscaglia, se debió a que las autoridades estadounidenses desconfían de la Fiscalía General de la República (FGR) debido al alto nivel de filtraciones de información, así como la parálisis e ineficiencia con la que actualmente opera: “con la Fiscalía no se puede trabajar porque es un parque de diversiones para funcionarios de Genaro García Luna y la delincuencia organizada”, destacó.
El especialista además reprochó a las autoridades que esa visión nacionalista que mostraron con el mando militar no se ve en la protección de las víctimas de violaciones de derechos humanos en centros migratorios. “Esa misma pasión que don Marcelito Ebrard utilizó para defender los derechos humanos de un mexicano tan poderoso como Cienfuegos, a mí me gustaría que la aplique para proteger los derechos humanos de los miles de mujeres y hombres que se están muriendo y cuyos cuerpos se están pudriendo en la frontera con Estados Unidos”, destacó.
Para el experto en temas de seguridad y crimen organizado, el regreso de Cienfuegos fue el pago que habría hecho Donald Trump a los favores políticos realizados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, a juicio de Buscaglia, aprovechó el agradecimiento de su homólogo y le pidió que le entregaran al mando militar.
Otro aspecto que resaltó sobre el caso Cienfuegos, es que pone en evidencia la debilidad de las autoridades civiles en México, en el sentido que los militares están adquiriendo un poder relativo mayor a las autoridades civiles.
“Es poder de facto, no por Ley, o sea en la práctica ocurre que el Ejército está dictando políticas. […] Es una autoridad civil débil que necesita más al Ejército en lugar de que el Ejército al Presidente, lo que ocurre es que el Ejército tiene más capacidad de presión. No necesita dar un golpe de Estado, ya tiene el poder en la mesa de Estado, es el órgano más poderoso. [..] El hecho de que se haya militarizado la seguridad ciudadana no termina siendo un problema de seguridad y violación a los derechos humanos, termina siendo un problema de muerte de la democracia”.
El General Cienfuegos Zepeda fue entregado a México el pasado 18 de noviembre para ser investigado en el país. Un día antes, el Fiscal General de Estados Unidos, William P. Barr, y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, anunciaron que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos proporcionó a México pruebas del caso y se comprometió a continuar con la cooperación para apoyar la investigación de autoridades mexicanas. Sin embargo, la investigación que realice la FGR tendrá que empezarse casi desde cero porque, según explicó Buscaglia, las autoridades mexicanas no podrán usar las comunicaciones interceptadas por la DEA porque ningún juez mexicano va tomar esas pruebas como legales “pues esas grabaciones no se obtuvieron con un permiso judicial mexicano”.
Para que la causa penal en México pueda ser exitosa, abundó el doctor, las autoridades deben hacer un trabajo interinstitucional que no debe reducirse a una investigación en lo individual; es decir, solo en contra de Cienfuegos, sino que deben imputarle delincuencia organizada e indagar a toda la red criminal (militares, políticos y empresarios involucrados). Sin embargo, Buscaglia no cree que la Fiscalía General de la República vaya a realizar una buena labor, pues está convencido que será solo un show que le costará políticamente a AMLO.
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–¿Cómo ve en términos generales el caso Cienfuegos?
–El caso Cienfuegos es un caso similar al que tuvimos con el Gobernador Villanueva en Quintana Roo en la década de los 90, en donde en ese momento, la DEA y otros órganos de inteligencia norteamericanos identificaron vínculos de un Gobernador en ejercicio y a un cártel, y reunieron datos que después fueron datos de prueba y terminaron acusándolo. Claro, en ese entonces hubo una cooperación plena entre el Gobierno mexicano y el norteamericano porque había una confianza en las instituciones que habían nacido en México. En el caso de Villanueva se observaron las mejores prácticas de cooperación, por más que había mucha corrupción en la Policía Judicial mexicana, lo cierto es que había pequeños grupos, islas de integridad en el estado mexicano con las cuales se podía trabajar, algo parecido a la isla de integridad con la UIF con Santiago Nieto, y así trabaja hoy el Gobierno norteamericano con la UIF mexicana con esa misma cooperación, pero con la Fiscalía no se puede trabajar porque la Fiscalía es un parque de diversiones para funcionarios de García Luna, un parque de diversiones para la delincuencia organizada. La FGR de Gertz Manero como lo era la Procuraduría de Murillo Karam y de todas las procuradurías desde Macedo de la Concha, todas ellas tienen el gran problema de que gradualmente se fueron corrompiendo.
La SEIDO (o SIEDO como se le llamaba antes) se fue agrandando, la fueron infiltrando y cuando se fue José Luis González Vasconcelos permitieron que cayera en las manos de la delincuencia organizada y así estamos hoy con la FGR, es una FGR compuesta por gente honesta, pero también por ineptos, en otros casos, como lo es el Fiscal General de la Republica en su desempeño y por gente que ha estado en el club de García Luna. Si juntas todos los casos de filtración, donde se filtran documentos de la Fiscalía por doquier no se puede colaborar.
Cuando llega Vicente Fox (a la Presidencia) agrandan demasiado la SIEDO y termina siendo corrompida y eso explica porque hoy en día se judicializan solo un 3 por ciento de las carpetas de investigación, es el peor indicador de Latinoamérica con excepción de Haití. No existe otra fiscalía que tenga tal nivel de incompetencia, parálisis en sus causas contra la delincuencia organizada.
En el caso Cienfuegos las autoridades americanas lo acusan, aplicando el principio de inocencia, de cometer delitos en Estados Unidos. Ahí se equivocó Marcelo Ebrard, no es verdad que se le acusa de delitos cometidos en México. Los delitos por los que se le acusa se cometieron en jurisdicción americana, pero que, si se determinaba que sí se cometieron, también por definición implica delitos separados cometidos en México, porque el lavado de dinero es un delito trasnacional.
Michael Robotti, que es el verdadero fiscal de esa causa, no Seth DuCharme, el títere de Trump que firmó la carta de comunicación a la jueza Amon, sino el verdadero fiscal Robotti, no quiero poner palabras en su boca, pero me imagino que debe de estar explotando de coraje y enojo por el hecho que le quitaron un caso donde el propio fiscal títere que colocó Trump admitió que ellos tienen evidencia fuerte que implica miles de comunicaciones que representarían material probatorio potencialmente.
Ahora, claro que el Ejército mexicano no se deja juzgar, pero no es que no se deje juzgar solo en el caso Cienfuegos, no se deja juzgar en el caso Ayotzinapa, Tlatlaya y en 175 casos adicionales. Facciones corruptas del Ejército mexicano, porque el Ejército como tiene facciones muy honestas y patriotas, tiene facciones mafiosas; esas facciones mafiosas presionan para que no se toque a ningún general y a ningún alto mando y no se les juzgue en México y menos en Estados Unidos, donde una investigación por lavado de dinero por conspiración para cometer delitos de tráfico conduce a una investigación por delincuencia organizada que involucraría a toda la red que rodea al acusado, que implica a generales, políticos y empresarios y eso el Ejército no lo iba a permitir, como no permitió las acusaciones por enormes y masivas violaciones a derechos humanos.
–Estas facciones mafiosas ¿Quiénes son, en qué parte del Ejército están? Y ¿esas facciones doblaron al Presidente para pedir a EU que entregaran a Cienfuegos?
–El Presidente recibió presión para que retornen a Cienfuegos a México para que no se permita el procesamiento penal en Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo 100 por ciento que a un ciudadano mexicano que comete delitos en México se le juzgue en México y en otro país (cuando son delitos trasnacionales como este). Así debería de ser, pero cuando tienes una banda de ineptos que te está diciendo que él no tenía ninguna carpeta de investigación sobre este señor (Cienfuegos) entonces, ante esa situación de impunidad, la segunda opción es que lo procesen en otro país donde cometió delitos. Si no lo pueden procesar en México por el pacto político de impunidad mafiosa que existe hace décadas en México, que lo juzguen en otro país, porque en el fondo lo que queremos es que las personas que cometieron delitos sean castigadas, no importa en cual país, no me vengan con dignidad nacionalista de los años 30.
Si un ciudadano mexicano comete delitos, yo prefiero que a la persona se le juzgue en el país de origen, pero si no se puede porque hay un pacto político de impunidad, porque el Ejército no se deja enjuiciar, que lo investiguen en Estados Unidos, Japón, China, en otro país, pero que se haga justicia en algún lado.
En estas cosas tenemos que tener una visión nacionalista, pero una visión nacionalista en serio, de protección a nuestras víctimas, porque con esa misma pasión que don Marcelito Ebrard utilizó para defender los derechos humanos de un mexicano tan poderoso como Cienfuegos, a mí me gustaría que aplique esa pasión para proteger los derechos humanos de los miles de mujeres y hombres que se están muriendo, y cuyos cuerpos se están pudriendo en la frontera con Estados Unidos, del lado mexicano en el campo de refugiados. Me gustaría ver esa misma pasión de élite virreinal que él tiene, que defienda los derechos humanos de esa gente que no tiene que comer.
A mí me agobia cuando escucho a la élite virreinal mexicana disfrazada de izquierda, como Marcelo Ebrard, o disfrazada de derecha, como Murillo Karam; me causa asco ver como defienden esos derechos humanos de las élites cuando son detenidas, y –por otro lado– suceden grandes crisis humanitarias con miles de muertes en las fronteras causadas por el hecho que AMLO le hizo el favor a Trump de construirle un muro de guardias nacionales para que no pasen refugiados al lado americano, refugiados que tienen el derecho legal de pasar por las convenciones de la ONU.
Ante esa situación, yo creo que el caso Cienfuegos es una situación no ideal que se procesara en Estados Unidos, pero era legal. Yo creo que ante lo que sucedió, ante una enorme presión del Ejército mexicano, como presionaron en Tlatlaya y Ayotzinapa con Peña Nieto, pues bueno López Obrador se dejó presionar. No puede perder su Ejército, yo entiendo eso porque además es la única institución que más o menos le protege el territorio para que esto no sea Afganistán, entiendo esa necesidad y, por lo tanto, López Obrador ante el hecho que le hizo varios enormes favores políticos a Trump, como la visita a la Casa Blanca en julio. Trump estaba muy agradecido con López Obrador y lo que hizo López Obrador fue decir: ‘mira acá tenemos un problema, yo necesito a este tipo en México porque esto me está causando un dolor de cabeza espantoso con el Ejército y sin este Ejército ni ustedes van a tener su frontera controlada ni nosotros vamos a tener control’. En el fondo es un pacto político de intercambio de favores de dos presidentes y esto terminó en lo que tenemos hoy: a un Cienfuegos que está por decidirse si se le va a investigar o no, que seguramente sí van hacer un gran show de investigación.
En todo país civilizado si una persona como Cienfuegos es acusado en Estados Unidos por lavado de dinero y por conspiración, y se le retorna a otro país para que este inicie una investigación, perfecto, pero no se pueden usar las comunicaciones interceptadas por la DEA porque ningún juez mexicano va tomar esas pruebas como legales, tendrás que iniciar una investigación de cero, porque esas grabaciones no se obtuvieron con un permiso judicial mexicano. Pero si tu traes eso a la FGR, el único indicador de éxito es que se le impute una causa por delincuencia organizada a Cienfuegos y a toda la red criminal, de altos mandos militares, empresarios y políticos, que permitió que se genere un comportamiento delictivo como el descrito en la acusación de Brooklyn por parte de los fiscales, por lo tanto, una acusación por delincuencia organizada va a generar una investigación que no va a ser solamente una imputación contra la persona física del General sino a todas esas personas que permitieron la protección a ese cártel (delincuencia organizada).
Esa acusación de la fiscalía de Estados Unidos, que debe iniciar y continuar México a través de la FGR, para desarrollarse adecuadamente se debería abrir una carpeta de investigación en la SEIDO con la colaboración de la Fiscalía Anticorrupción y las unidades de lavado de dinero trabajando con la UIF, inteligencia militar, con aduanas, el SAT, es decir, con un mecanismo interinstitucional de coordinación donde puntos focales de nueve instituciones federales alrededor de una mesa comiencen a investigar este caso como delincuencia organizada con redes criminales de altos mandos porque no es posible que el comportamiento que describió la fiscalía de Brooklyn se lleve a cabo como un delito individual, es un sinsentido. Pero Gertz Manero se opone a la cooperación interinstitucional porque no la quieren en la Fiscalía, o le dicen a Gertz Manero que no quieren que nadie este metiendo las narices en las porquerías que ocurren ahí adentro.
Yo le tengo muy poca fe a esa Fiscalía considerando su 3 por ciento de judicialización y con su parálisis en otros 220 casos que le ha mandado Santiago Nieto, donde hay políticos involucrados. Vamos a estar poniéndole el microscopio a esto para que observemos si esto se hace de acuerdo a estas pautas (con un enfoque interinstitucional). Si simplemente termina siendo un show de una acusación individual en contra de un General que termine en la nada, como va a terminar seguramente, entonces vas a tener un escándalo internacional que va a ser un boomerang político para el Presidente López Obrador. Políticamente va a ser lo mismo que la fuga de «El Chapo» Guzmán para Vicente Fox, va ser peor de lo que fue la Casa Blanca para Peña Nieto si esto termina en una farsa; porque ningún país del mundo cree que la FGR es simplemente un ente autónomo. Hoy la FGR no opera de manera autónoma por más que el Presidente siga diciendo que lo hace. Estamos ante una situación muy grave y un riesgo político enorme para el Presidente López Obrador al haber aceptado intercambiar favores con Trump.
– Habla de un pacto de impunidad ¿Quiénes de esta administración estarían en este pacto de impunidad?
–En el 2014, cuando pasó el caso de Ayotzinapa cuando se produjo este crimen de lesa humanidad, Carmen Aristegui llamó al senador Navarrete que creo era el Presidente del PRD, y yo venía criticando a la clase política mexicana porque el pacto de impunidad tú lo ves en el sentido que cualquier persona que es acusada dentro de ese club privado, los casos terminan en nada, como el de Casa Blanca, etc. Ahí (en la entrevista) Navarrete, cuando Carmen le pregunta al aire sobre el pacto de impunidad, y él dice sí lo hay, pero no está escrito, así le responde y él se refería seguramente al PRD porque era Presidente del PRD, entonces, toda esa gente que se pasó del PRD a Morena están en la cultura de impunidad entre políticos, como lo confesó al aire Alfonso Navarrete. Toda esa gente se cambió de camiseta, se disfrazó de izquierda y, con muy mal juicio, López Obrador los incorporó para fortalecer a su partido a corto plazo, pero ese fortalecimiento le va a costar la vida, mientras los mantengan adentro.
Con respecto a la pregunta de las facciones (corruptas) del Ejército yo me baso con los datos precisos que da el General Gallardo. El General Gallardo define a las facciones criminales que están en el Ejército mexicano, en la cual, incluye a Cienfuegos en una de ellas, en una de las peores.
–¿Qué va a pasar cuando entre Joe Biden a la Presidencia de EU ¿qué va a pasar con la DEA y los fiscales que estuvieron en el caso de Cienfuegos?
–Creo que ustedes están en una situación muy difícil como país, porque Trump le devolvió el favor a López Obrador, pero Trump se va a ir, desmoronando a la democracia mexicana, se la va a llevar entre las patas como buen delincuente y corrupto que es, entonces, López Obrador va a tener que lidiar con Biden que va a pedir explicaciones. Biden es un hombre que viene con una agenda de derechos humanos, de cooperación internacional al estilo Clinton, Obama. No va a ser tan fácil gobernar con Biden que gobernar con Trump. El Gobierno de Biden va a ser muy diferente.
–¿Cree que la DEA se vaya a vengar?
–Lamentablemente Biden en ese sentido es un Presidente muy conservador, no vas a tener grandes cambios en la DEA. Yo he dicho públicamente que la DEA es parte de la corrupción en México, es parte del problema, no tenemos ángeles y demonios, ángeles en Estados Unidos y demonios del lado mexicano, tenemos en ambos lados.
–Y los fiscales que llevaron el caso ¿podrían retomarlo con Biden?
–Sí, claro que sí porque el caso fue desistido, o sea hubo un desistimiento con perjuicio, lo que quiere decir que se puede regresar al caso. No están desechando el caso por falta de pruebas, es un caso de desistimiento que lo debes de considerar temporal, donde van a ver cómo investiga la Fiscalía de Gertz Manero, pero después le pueden imputar el caso a otros generales que están en la mira de la fiscalía de Brooklyn. Por lo tanto, si no hace un buen trabajo la fiscalía de Gertz Manero bajo los términos que acabo de mencionar y si llegan a tipificar el caso como asociación delictuosa, para acortar el número de personas acusadas, si hacen solo eso, esa acusación va terminar muy mal, entonces eso es muy riesgoso políticamente para el Presidente López Obrador.
– Entonces ¿Está AMLO entre la espada y la pared? ¿Que se espera que podría pasar con este panorama?
–Lo que te da a entender este caso de Cienfuegos es que existe una debilidad de las autoridades civiles en México muy parecido a lo que sucede en Sudamérica principalmente. México se está sudamericarizando, en el sentido que los militares están adquiriendo un poder relativo mayor a las autoridades civiles de facto, no por ley, o sea en la práctica ocurre que el Ejército está dictando políticas. Lo hacía a través de Durazo que era el traductor de las órdenes del Ejército, esa era su función más que de Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
El Ejército no es parte de ese pacto de impunidad que admitió Navarrete, el Ejército actúa como Ejército y no quiere que sus soldados sean sometidos a un proceso penal y se resiste, y ante una autoridad civil débil que necesita más al Ejército que el Ejército al Presidente, lo que ocurre es que el Ejército tiene más capacidad de presión. Ante una situación así es muy dañino para una democracia. México siempre lo definí como una mafiocracia, más allá que el Presidente López Obrador haya ganado por una mayoría indiscutible, el sistema funciona como una mafiocracia. Los dedazos de la delincuencia organizada determinan si tú y yo vamos a una lista electoral, no es el voto popular ni los partidos políticos a través de elecciones primarias o voto popular. En México es el dedazo mafioso que determina si vas o no a la lista electoral.
El Gobierno de Calderón mafiocratizó a la democracia incipiente mexicana, se murió la democracia mexicana con Calderón, principalmente cuando envió al Ejército a asumir el rol fundamental para combatir a la delincuencia organizada sin los órganos civiles, antes los militares acompañaban a las autoridades civiles, donde ellos iban con un Ejército como protección, pero eran las autoridades civiles quienes actuaban y los militares se tenían que acoplar. Hoy el Ejército da órdenes en México como pasaba en Argentina en la década de 1970. No necesita dar un golpe de estado, ya tiene el poder en la mesa del Estado: es el órgano más poderoso.
–¿Qué opciones o alternativas tiene entonces AMLO?
–El Presidente podría tener los mismos resultados que tuvo Lula en Brasil o Pastrana en Colombia, antes de Uribe, cuando forzó a las instituciones civiles a coordinarse entre sí y a partir de esos esfuerzos se lograron éxitos increíbles en desmantelar a redes criminales que amenazaban al Estado, igual como hacen hoy en México, pero si el Presidente no toma cartas y deja que se pelee Gertz Manero con Santiago Nieto, y deja que se peleen y no usa su poder Ejecutivo, no para forzarlo, sino para generar políticamente una coordinación con el Poder judicial para que éste se limpie. Se necesita un pacto político antimafia que vaya más allá de declaraciones y de leyes, tratados y convenios, sino con acciones específicas como las que tomó Pastrana, Lula, Santos, Uribe.
El Presidente tiene la gran ventaja de contar con un gran capital político que no tuvo Peña Nieto ni Calderón ni Fox, teniendo ese gran capital de mayorías que lo apoyan, tiene que aprovecharlo para, primero lograr esa coordinación interinstitucional y, luego, impulsar de urgencia una transición de la seguridad ciudadana hacia el ámbito civil, si no logra eso López Obrador le va a dar el tiro de gracia a la democracia.
El hecho de que se haya militarizado la seguridad ciudadana no termina siendo un problema de seguridad y violación a los derechos humanos, termina siendo un problema de muerte de la democracia, porque esos militares que, no por diseño de ellos o porque ellos lo hayan planificado, pero si a ellos se les dio ese poder inmenso, si no son sujetos a ningún tipo de control civil, ese poder que tú les das a los militares termina asesinando a la democracia. En todos los países donde eso ha sucedido, terminó siendo mafiocracia o dictadura como en el caso de Turquía.
El Presidente debe tener como prioridad política la transición a una seguridad en manos del ámbito civil. Hay facciones honestas en el Ejército, como la del general García Ochoa, que estarían muy contentas por que se lleve una transición hacia a las autoridades civiles; de lo contrario van a terminar en una mafiocracia militarizada, porque va a ser el poder mafioso de la delincuencia organizada mezclado quien determine quién muere y quien no muere, los militares diciendo quien puede ser enjuiciado por las futuras Ayotzinapa o quien no puede ser enjuiciado.
No puede ser que México asesine a la democracia con esta política militarizada que Alfonso Durazo permitió que continuara. Terminó siendo un peón de los militares.
