Autoridades de Estados Unidos retiraron los cargos de delincuencia organizada en contra del General Salvador Cienfuegos Zepeda y lo regresaron a México para que sea investigado y juzgado. Sin embargo, todo indica que la Fiscalía General de la República (FGR) agotará el recurso de la investigación y existe una elevada probabilidad de que al militar le declaren el no ejercicio de la acción penal.

En pocas palabras, si las autoridades norteamericanas echaron por tierra su propia investigación, la cual presumieron de sólida e irrefutable dadas las evidencias y probanzas halladas, en México se espera que el caso sea cerrado sin que se le finquen cargos al exsecretario de la Defensa Nacional.

El caso del General Salvador Cienfuegos puso en evidencia que en Estados Unidos la justicia se negocia, a tal grado, que cuando los intereses en juego son tan elevados una investigación en contra de un probable responsable de brindar protección al narcotráfico puede ser dejado en libertad sin cargo alguno.

¿Quién negoció con Estados Unidos y a cambio de qué? ¿Qué información dispone Cienfuegos sobre los intereses de altos funcionarios de Estados Unidos presuntamente vinculados al narcotráfico y a otras modalidades del crimen organizado? ¿Qué favores hizo Cienfuegos como Secretario de la Defensa Nacional para beneficiar los intereses mafiosos de Estados Unidos? ¿Es la Secretaría de la Defensa Nacional la responsable de operar y facilitar el tráfico de drogas mediante acuerdos con Estados Unidos? Sin duda que Cienfuegos Zepeda fue pieza clave de estos intereses políticos, económicos y mafiosos, de otro modo no habría sido liberado de esta forma tan grotesca.

El de Cienfuegos Zepeda no es el único caso donde la justicia norteamericana ha quedado en evidencia por prestarse a una negociación de carácter político de esta magnitud.

Debemos recordar que durante el Gobierno de José López Portillo (1976-1982) Estados Unidos integró un voluminoso expediente en contra de Arturo Durazo Moreno por tráfico de drogas. Esta investigación le impedía al recién electo Presidente de la República nombrar a Durazo Moreno como jefe de la Policía y Tránsito en el Distrito Federal.

En aquel momento bastó una llamada de López Portillo hacia el entonces Presidente norteamericano Jimmy Carter para que desaparecieran los antecedentes criminales de Durazo Moreno. De esa forma, López Portillo pudo nombrar a su amigo Durazo jefe de la policía capitalina. Así se construyó el ascenso de este policía que, como lo demuestra su historia, fue uno de los criminales más nefastos que se recuerden.

Tan pernicioso era Durazo Moreno que un día el periodista Julio Scherer le dijo que si en una calle veía a un policía y a un criminal él prefería caminar por la acera del criminal y no por la del policía. Esta anécdota ilustra de qué tamaño era la corrupción que prohijó Durazo al frente de la policía del Distrito Federal, donde el narcotráfico reinó impune durante todo un sexenio y se arraigó hasta mantenerse como uno de los poderes fácticos que aún prevalecen.

Ahora se suma otro caso escandaloso: el del General Salvador Cienfuegos, quien tan pronto pisó suelo mexicano fue liberado. Al militar lo retuvieron poco tiempo en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) del aeropuerto de Toluca, le dijeron que sería investigado y lo dejaron ir sin mayores problemas. El exsecretario de la Defensa Nacional durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto cenó y durmió en su casa.

El General fue capturado en Estados Unidos a mediados de octubre cuando arribó al aeropuerto de Los Ángeles. Se conocía que era investigado por la DEA desde hacía por lo menos un año debido a sus presuntos nexos con el narcotráfico.

Se le acusó de tráfico de varios kilos de cocaína, heroína, mentanfetaminas, lavado de dinero y de brindar protección al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, en particular, a la organización «H2», encabezada hasta 2015 por Francisco Patrón Sánchez, quien murió durante un enfrentamiento a tiros con la Marina en 2017.

La DEA investigaba a Salvador Cienfuegos desde hacía más de un año. Para ahondar en los nexos del militar con el narcotráfico la agencia antidrogas norteamericana puso en marcha la llamada “Operación Padrino”, a través de la cual los agentes accedieron a mensajes del teléfono del exsecretario de la Defensa en la que descubrieron charlas con sus presuntos socios y protegidos suyos.

También hallaron datos y evidencias de que el militar traficó varios kilos de droga hacia Estados Unidos y que mediante la protección al narcotráfico amasó una inmensa fortuna, la cual procedió a blanquear mediante varias operaciones.

El 15 de octubre de este año, Cienfuegos Zepeda viajó a Estados Unidos con su familia. Iban de vacaciones. Al arribar al aeropuerto de Los Ángeles, California, fue detenido y encarcelado. Luego fue trasladado a una Corte en Nueva York –la misma donde fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” –y quedó sujeto a proceso por los cargos ya citados. Sólo hubo una audiencia en la que le notificaron los delitos por los cuales había sido detenido.

Mediante una acción diplomática, el Gobierno de México empezó negociaciones con el de Estados Unidos para que le retiraran los cargos a Cienfuegos Zepeda. En el fondo de este caso existe un evidente intercambio de intereses. Y en un hecho tan inesperado como sorprendente, las autoridades norteamericanas determinaron retirar los cargos en contra de Salvador Cienfuegos y enviarlo a México para que la FGR lo investigue, lo procese y lo encarcele. Todo está por verse.

Sin embargo, la noche del miércoles 18, el General Cienfuegos Zepeda arribó a México procedente de Nueva York. En la terminal aérea de Toluca, Estado de México, el militar fue retenido un momento en las instalaciones de la Fiscalía, le dijeron que sería investigado pero se fue muy tranquilo a su casa. No hubo ni una medida cautelar: No fue llevado a la Seido a declarar, tampoco determinaron vigilarlo con brazalete ni mantenerlo en alguna casa de seguridad mientras es investigado. En México el trato fue deferente y no menos respetuoso. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto no incautó sus cuentas bancarias ni propiedades, como suele hacerlo en otros casos. Esta vez Santiago Nieto guardó silencio ante el militar al que le apodan “El Padrino”, según se desprende de las investigaciones que realizó la DEA y que ya fueron anuladas.

Lo cierto es que en México el General Cienfuegos no es perseguido por ningún delito. Lo que el martes 17 quedó en claro es que, con base en las investigaciones de la DEA, la FGR debe investigar al militar y llevarlo a juicio. Eso fue lo que se dijo. Pero tras su arribo a México ni siquiera fue sometido a una detención ni llevado a ninguna cárcel. Tampoco se sabe si el General será testigo protegido para declarar sobre algún caso en particular que le interese investigar o esclarecer al Gobierno mexicano. ¿A cambio de qué fue liberado Cienfuegos? ¿Será que la FGR lo va a investigar o sólo simularán una investigación para después dejarlo en paz? ¿Qué sabe Cienfuegos sobre López Obrador? ¿Tendrá información sobre la intervención del narcotráfico en la campaña del Presidente? Lo cierto es que el General algo sabe o algo le deben. No hay más.

El Gobierno de México intervino para que el militar fuera liberado en Estados Unidos y entregado a México para ser investigado y juzgado. Actualmente Cienfuegos está libre de cargos porque las acusaciones de la DEA le fueron retiradas. Este hecho, sin embargo, tiene varias lecturas. Es posible que el Ejército Mexicano haya pedido al Presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención directa para la liberación de Cienfuegos y así lavar la afrenta causada por su captura, un golpe contundente para la institución castrense.

La captura del Ejército puso en evidencia hasta donde llegan los intereses del narcotráfico. La cúpula militar fue evidenciada como la que opera y protege el tráfico de drogas. Esto fue lo que quisieron borrar con la liberación de Cienfuegos y, así, dejar el claro que la milicia nada tiene que ver con los cárteles del narcotráfico. La FGR –que es autónoma cuando conviene– seguramente hará una investigación para aparentar que hizo su trabajo, pero se duda mucho que el expediente vaya a ser consignado y Cienfuegos vaya a una cárcel de máxima seguridad. En estricto sentido, al militar lo trajeron a México para liberarlo.

La segunda hipótesis es que la negociación se haya llevado a cabo entre la FGR y Cienfuegos Zepeda para que coopere con la investigación del caso Ayotzinapa y hable respecto de la desaparición y muerte de los 43 estudiantes, sobre todo ahora que hay líneas de investigación que apuntan hacia mandos militares presuntamente implicados en esa tragedia ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El caso Tlatlaya –el fusilamiento de civiles a manos de militares –es otro caso del que Cienfuegos sabe y mucho.

Durante su conferencia mañanera del miércoles 18, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay que confiar en la FGR y en los jueces. ¿Confiar en los jueces? Sí, esto llamó la atención porque desde que tomó posesión como Presidente de México López Obrador exhibió su desconfianza hacia el Poder Judicial porque, según ha dicho, hay demasiada corrupción. Pero tratándose del caso de Cienfuegos Zepeda, el mandatario pide que se confié. ¡Qué contradicción!

Hasta ahora la FGR no ha dicho qué ocurrirá con el militar. El Canciller Marcelo Ebrard –uno de los gestores para liberar a Cienfuegos –dijo, a manera de descargo, que no trajeron a Cienfuegos a México para dejarlo ir. “Eso sería suicida”, expresó. La obligación de la FGR es investigar a Cienfuegos con base en el expediente que integró la DEA, pero lo que sí genera dudas es que el General vaya a ser procesado por narcotráfico y lavado de dinero.

Es muy probable que la información que contiene el expediente armado por la DEA sea desestimado y, de esa forma, no haya delito que perseguir en México, con lo que el militar quedaría totalmente libre de cualquier investigación, pues en este momento, como se sabe, ya no tiene cargos porque le fueron retirados por parte de las autoridades norteamericanas.

Si, en cambio, la FGR decide ahondar en la investigación, tendrá que basarse en los datos contenidos en el expediente integrado por la DEA, en el cual se comprueba que el General Cienfuegos tuvo nexos y brindó protección a la célula Beltrán Leyva, concretamente al cártel “H2”, el cual existe y forma parte de las 16 organizaciones criminales que operan en el país.

Las evidencias que exhibió la DEA –grabaciones, conversaciones telefónicas y mensajes –evidencian que Cienfuegos sí tuvo tratos con el jefe del cártel “H2”. Ahora falta que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, tome el caso para robustecerlo o para desestimarlo. Es probable que ocurra lo segundo, ya que en el actual Gobierno el Ejército Mexicano dispone de mucho poder y el Presidente se muestra débil ante el poder militar. Sin ellos, no habría gobernabilidad.

Ahora que supuestamente se investiga la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Gobierno de la Cuarta Transformación intervino para liberar al segundo hombre más importante del sexenio peñista, el General Salvador Cienfuegos. Esto confirma lo bien protegido que está el expresidente y exgobernador del Estado de México en el llamado Gobierno del cambio.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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