México es rico en cobre y ya se exploran yacimientos de litio, minerales clave para los paneles solares, parques eólicos y baterías eléctricas. «Si los tomadores de decisiones no se dan cuenta del momento en el que estamos, y el sector minero sigue siendo desatendido a nivel de política pública, no tenemos la certeza de que se aproveche la oportunidad», dijo Alonso Hidalgo, analista del Natural Resource Governance Institute, a propósito del Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales (IGR 2019) que evidencia la debilidad de la gobernanza del sector.
Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– Por deficiencia en la implementación de las reglas, la gobernanza del sector minero en México es «débil» al tener una calificación general de 58 puntos de 100 en el Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales (IGR 2019), principalmente en el proceso de otorgamiento de licencias, la tributación y el impacto local, por lo que la Secretaría de Economía y la de Medio Ambiente deben imponer mejor las leyes, alertó el Natural Resource Governance Institute (NRGI).
Al ser México el noveno productor de oro en el mundo en cuanto a volumen, en 2018 el oro constituyó el 32 por ciento de la producción; el cobre, el 22.3 por ciento, y la plata, el 17.7 por ciento, por lo que esta evaluación se centra en la minería aurífera por ser más significativa económicamente que otros minerales y abarca el periodo 2017-2018, aún en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Sin embargo, la deficiencia continúa en el Gobierno federal actual, ya que al descuidar el sector, como degradar la Subsecretaría de Minería a una Dirección y carecer de una estrategia clara entorno al litio, se puede desperdiciar el potencial minero nacional para participar en la alta demanda de cobre y litio en la transición energética a nivel mundial.
«¿Cuál va a ser el rol de México en la transición energética global? Ahí tiene que existir una estrategia, porque la minería cumplirá un papel esencial. México es rico en cobre, un mineral que se necesita para la infraestructura como parques eólicos, paneles solares y baterías eléctricas. Se acaba de encontrar litio en Sonora. El sector minero mexicano será cada vez más importante para el plan energético nacional y si los tomadores de decisiones no se dan cuenta del momento en el que estamos, y el sector sigue siendo desatendido a nivel de política pública, no tenemos la certeza de que se aproveche la oportunidad», dijo en entrevista Alonso Hidalgo, analista del Natural Resource Governance Institute.
La transición energética doméstica, planteó Hidalgo, está en un periodo «contencioso» en función a las últimas medidas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de cortar los procesos licitatorios u obstaculizar el tránsito de energía. Sin embargo, hay un alto riesgo de que Petróleos Mexicanos (Pemex), la gran apuesta energética de la Cuarta Transformación, quede con activos varados por la caída de los petroprecios en mediano y largo plazo debido a la transición energética global.
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA), si el mundo se dedica a reducir 1.8 grados la temperatura del planeta al reducir energías fósiles, 35 mil millones de dólares en activos de la petrolera corren el riesgo de estancarse, porque no habrá capacidad de costo beneficio para operar, planteó el analista. Y, si se alcanza la meta del Acuerdo de París de reducir más de 2 grados, hablamos de 245 mil millones de dólares porque el precio del barril estaría en dos dólares.
En la categoría Condiciones generales de Gobernabilidad del sector de minería, el índice muestra que el control de la corrupción es «deficiente» y cayó ocho puntos de 2017 a 2019. En tanto, el Estado de Derecho, en la clasificación de «débil», descendió 12 puntos en el periodo referido.
«A lo largo de todos los componentes hemos visto una tremenda brecha de implementación de leyes. Cada área está interconectada una con la otra», dijo Hidalgo, quien abundó que aunque en este índice no hay comparación entre países, monitorean la situación ambiental a nivel internacional. «En Perú, que está en medio de un Gobierno interino no legítimo producto de un Golpe de Estado parlamentario, ha entrado un gabinete ultra conservador y una de sus primeras medidas ha sido flexibilizar los estándares ambientales con el pretexto de la crisis económica», expuso.
FALTA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
En entrevista, el analista del Natural Resource Governance Institute, Alonso Hidalgo, dijo que es importante reconocer que la actividad extractiva, al desarrollarse en un territorio específico, genera impactos ambientales en el agua, los suelos y la calidad del aire. Pero durante la exploración y extracción, miembros del Gobierno y empresas toman decisiones en cada una de las etapas, las cuales, dijo, deben ser democratizados a través de la transparencia y rendición de cuentas para no llegar a una crisis de gobernabilidad que genere conflictos sociales o desastres ambientales.
«Es importante hacer un seguimiento de proyecto por proyecto extractivo. Pero es muy difícil hacerlo desagregando el aporte económico de determinados proyectos extractivos a la economía local, lo que no permite que los ciudadanos puedan hacer un cálculo de costo-beneficio», afirmó.
Aunque es un requisito legal que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presente y publique las evaluaciones de impacto ambiental (EIA), la investigación muestra que la publicación puede ser «inconsistente», por lo que actores de la sociedad civil, poblaciones afectadas o periodistas no tienen manera de hacer un seguimiento de los compromisos de mitigación ambiental en la vida de las operaciones, advierte el Índice de Gobernanza de Recursos Naturales (IGR 2019).
Tampoco existe ninguna evaluación de impacto social independiente que el Gobierno deba aprobar antes del inicio de las operaciones, y las EIA mexicanas son documentos técnicos que carecen de información sobre el impacto social.
La Semarnat publica resúmenes ejecutivos de las EIA, planes de mitigación (también conocidos como “manifestaciones de impacto ambiental) e información adicional clave a través del semanario Gaceta Ecológica. Sin embargo, la gaceta «carece de consistencia» en sus divulgaciones y gran parte de la información disponible se centra únicamente en aspectos ambientales y no en los sociales.
Hay algunas áreas del sector minero de México en las que «no hay divulgación de calidad» sobre mitigación y adecuación ambiental ni compensación social, por lo que avanzar en dichas áreas es vital para garantizar que los actores de la sociedad civil tengan las herramientas para comprender las características de los recursos minerales disponibles, vigilen los procesos de concesión y hagan un seguimiento del impacto ambiental y social de la extracción minera.
«Una mejora en la transparencia en áreas clave de la gobernanza de los recursos naturales podría lograr un impacto significativo en la mejora de la gobernabilidad general en el país. Las reformas deberían empezar con la adhesión a los marcos regulatorios existentes relacionados con la transparencia», llama el informe del Natural Resource Governance Institute (NRGI).
También se destaca que en el subcomponente proceso de otorgamiento de licencias, el sector minero de México obtuvo una calificación de 38 puntos sobre 100, que fue la calificación más baja alcanzada en el IGR 2019 por la opacidad en el potencial minero.
«En el caso del indicador divulgación de reservas, la evaluación mostró que aun cuando el Gobierno publica información sobre los depósitos mineros, a diferencia del sector de hidrocarburos, no hay datos públicos sobre la cantidad de mineral recuperable encontrado por las empresas privadas. Esto es particularmente importante, ya que gran parte de los proyectos mineros en México se encuentran en la fase de exploración. La mayoría de las concesiones mineras en México se asignan mediante un proceso por orden de llegada. Sin embargo, hay casos especiales en los que el Gobierno organiza rondas de licitación abiertas», expone el índice.
Además, durante la fase preronda de otorgamiento de licencias, los términos de licitación están encerrados tras un muro de pago, visibles solo para los licitadores interesados, aun cuando la ley exige que esta información sea pública. Y la ausencia de divulgación de calidad durante la fase post ronda de otorgamiento de licencias hace difícil que el público pueda enterarse de los resultados y los ganadores.
