Esta semana escribo con relación a la acalorada discusión sobre la desaparición de los fideicomisos enfocados en el desarrollo de proyectos científicos y culturales en México. Comento este tema en el marco de la tremenda corrupción que supuestamente ha rodeado su funcionamiento y, por el otro lado, la defensa a ultranza de los mismos por parte de algunos sectores que aluden a la promoción de la ciencia, cultura y tecnología. Por ser un tema de vital importancia en las áreas que me competen, me di a la tarea de investigar un poco más al respecto. La investigación no ha terminado por su complejidad y por los múltiples intereses involucrados. Sin embargo, en este camino me encontré con el extraordinario trabajo de Ricardo Balderas, periodista en el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) y colaborador en Aristegui Noticias.

Ricardo es uno de los mejores periodistas de investigación con los que cuenta nuestro país actualmente. He seguido puntualmente sus trabajos sobre corrupción en el sector de los hidrocarburos, pero sus reportajes sobre “La Mafia de la Ciencia” no tienen parangón. El contenido de nuestras pláticas sobre este escabroso tema vale la pena ser analizado con todo cuidado. Me sorprende que un trabajo tan importante como éste no haya recibido la atención merecida, sobretodo en el contexto de las discusiones sobre la desaparición de los fideicomisos de ciencia y tecnología. Me da la impresión que una investigación así no es conveniente para los intereses de varios actores y grupos poderosos en México, incluyendo a la SEDENA, Monsanto, la industria de los energéticos, y a políticos corruptos vinculados a la ciencia y la cultura entre otros; las historias pertinentes son todo un escándalo.

La investigación de Ricardo Balderas, titulada “La Mafia de la Ciencia” se encuentra dividida en cinco artículos. El reportaje principal explica cómo en el período de 2011 a 2018, el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología A.C. (Foro A.C.) recibió del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) más de 287 millones de pesos, buena parte de los cuales se dilapidaron en viajes al extranjero, comidas, compras por internet y hasta una residencia en el corazón de Coyoacán.

Esta magnífica investigación exhibe el uso de recursos públicos para favorecer a la iniciativa privada (en el sector de la minería y agrotóxicos, específicamente); da también cuenta de la ingeniería del despojo (es decir, explica cómo ocurrieron los desfalcos); revela las ganancias para los ejecutores, y describe las relaciones políticas que hicieron posible este esquema corrupto—más específicamente, se describe cómo los políticos corruptos accedieron a beneficios y se explica su adhesión a las reformas estructurales y capacitaciones a partidos políticos.

En una serie de pláticas con Ricardo Balderas, me comenta cómo el caso fue revelado gracias a una denuncia vía Méxicoleaks. Así, PODER tuvo acceso a más de 700 documentos confidenciales que dan cuenta del uso discrecional de los recursos en que incurrió, durante los últimos siete años, un puñado de académicos que formaron parte de este esquema mafiosos que originalmente debió haberse constituido como un consejo consultivo del CONACYT, pero que al final fue convertido, en parte, en un negocio particular. De acuerdo con los documentos que obtuvo Balderas, el gasto más escandaloso fue la compra de una casa en la alcaldía de Coyoacán, por la que Foro A.C. pagó aproximadamente 17 millones de pesos, y cuyo origen no pudieron explicar ninguno de los tres últimos ex-coordinadores generales de ese esquema, incluyendo su actual coordinadora, Julia Tagüeña. Cabe destacar que a pesar de que en febrero de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a los investigadores que usan dinero público para fines privados (como hace Foro A.C.), ese mismo año, el organismo ejerció 49 millones 425 mil 767 pesos que salieron del presupuesto del CONACYT.

Luego de esos señalamientos hechos por el mandatario tabasqueño y del anuncio por parte del CONACYT en el sentido de que recortaría fondos a los fideicomisos, el Foro A.C. emprendió acciones legales para ampararse y no perder sus privilegios. Cabe destacar que según la investigación de PODER, “el segundo director del Foro A.C., José Luis Fernández Zayas—quien fuera director del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y Director General del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) durante la administración de Enrique Peña Nieto, fue uno de los firmantes, junto a Ricardo Anaya, Enrique Ochoa Reza (ex presidente del PRI), Emilio Lozoya (ex director de Pemex) y Luis Videgaray (ex canciller), del “Pacto por México”, “documento pilar en el impulso de las Reformas Estructurales”.

Por otra parte, la investigación de Ricardo Balderas nos remite al sector de la minería. Su trabajo nos explica cómo académicos de la Universidad de Sonora (UNISON) han usado recursos patrocinados por el centro académico y la empresa Grupo México, del magnate Germán Larrea, para generar una imagen positiva de la minería en la región. Ello, no obstante el derrame de 40,000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre, ocurrido en la mina Buenavista del Cobre en 2014. Aquí aparece Miguel Rangel Medina, quien trabajó como investigador en el Departamento de Geología de la UNISON, “aunque las percepciones monetarias por ese puesto no aparecen en el registro de transparencia de la universidad”. Además, según la información recopilada por Balderas, el académico posee dos empresas con las que realiza licitaciones públicas: Ideas en Diseño y Maquinados Industriales, S. de R.L. de C.V. (Ideas) e Investigación y Desarrollo de Acuíferos y Ambiente, S.A. de C.V. Asimismo, Rangel Medina es editor de la publicación “Revista Latinoamericana de Hidrogeología”, perteneciente a la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo (ALHSUD), en la que él también es presidente. Según me cuenta Ricardo, las investigaciones en dicha revista se manifiestan abiertamente a favor de la minería y actividades de Grupo México.

La investigación de Balderas para PODER muestra también cómo más de 80 millones de pesos fueron utilizados para promover el desarrollo de la industria de transgénicos y agrotóxicos en México, a través de estudios que fueron pagados con recursos del Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología (Fondo CIBIOGEM). Así lo reveló un análisis profundo del ejercicio financiero elaborado de manera oficial por el Comité del Fondo y el CONACYT. Empresas como Monsanto fueron las principales beneficiadas de este esquema. En total, el 72% de las investigaciones de CIBIOGEM, pagadas con dinero del erario público, fueron encaminadas al desarrollo de biotecnología y biotecnología agrícola. Es decir, existe una clara inclinación a la producción de transgénicos y uso de químicos tóxicos que fortalecen a las multinacionales, afectando así a los cultivos orgánicos y tradicionales.

Ricardo también me comentó sobre otro fideicomiso administrado por la Agencia Espacial Mexicana, que bajo un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional en la época de Salvador Cienfuegos, asignó recursos para la construcción de un observatorio, pero los resultados no fueron materializados. Es decir, se gastaron los recursos, pero el proyecto parece no haber sido completado. Lo anterior sugiere el mal manejo de estos recursos y nos da cuenta de la falta de transparencia en lo que se refiere a la asignación de las licitaciones y gastos en general. Parece inconsistente e inapropiado que instituciones como la SEDENA participen en este tipo de obras vía adjudicación directa, considerando su misión y la naturaleza de sus funciones—las cuales nada tienen que ver con el sector de la construcción. Recordemos su papel funesto en la construcción de la barda perimetral del aeropuerto de la Ciudad de México que se planeó inicialmente en Texcoco, Estado de México.

Esta es sólo una parte de las anomalías millonarias que Balderas encuentra revisando la información a la que tiene acceso. El periodista cuenta además con varias notas y con un cuadro detallado que contiene información de los fideicomisos a los cuales accede. También incluye observaciones puntuales de lo que él considera sospechoso o que podrían sugerir la existencia de prácticas corruptas. Las investigaciones de Balderas confirman actos de opacidad y corrupción atroces. Es por demás escandaloso que se utilicen recursos públicos que debieran destinarse a la ciencia y al desarrollo de la tecnología en el país para beneficiar a intereses privados, empresas transnacionales como Monsanto y a la mismísima SEDENA—cuya cabeza en el sexenio anterior se encuentra ahora mismo detenida en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. Estas observaciones no son menores y sugieren elaborar una verdadera revisión de los esquemas de financiamiento a la ciencia y la cultura en México.

La magnífica investigación de Balderas para PODER revela la descarada corrupción y los mecanismos que se han utilizado para adjudicar directamente contratos y beneficiar a entes privados y actores corruptos con recursos públicos. Por el daño al erario ocasionado en estos esquemas complejos manejados por hombres de la ciencia, es preciso que se consigne a los culpables del desfalco. Valdría también la pena evaluar la gestión de Enrique Cabrero Mendoza cuando estuvo al frente del CONACYT (2013-2018). Es necesario además que se revise a detalle la asignación de recursos a la ciencia, la cultura y la tecnología en los años pasados para sentar responsabilidades a funcionarios corruptos. La información preliminar brindada por las autoridades de la presente administración sobre los fideicomisos en estos ramos y la investigación de PODER indican claramente que se ha abusado del secreto fiduciario para facilitar prácticas corruptas en una de las áreas más importantes para el desarrollo de México.

La desaparición de los fideicomisos no parece ser del todo una mala idea si uno se ciñe a la evidencia que recopiló el gobierno mexicano y periodistas de investigación como Ricardo Balderas. Sin embargo, valdría la pena evaluar todos y cada uno de los fideicomisos en la ciencia y la cultura para identificar los casos de éxito y de fracaso, y determinar si se tomó la decisión correcta al cancelar los existentes. Exhortamos entonces a la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del CONACYT a que transparente la información de todos y cada uno de los fideicomisos en el ramo que nos compete. Es un derecho de los ciudadanos mexicanos conocer la dimensión y cada una de las caras de la mafia de la ciencia en nuestro país.

La investigación completa sobre “La Mafia de la Ciencia” de PODER puede encontrarse en el siguiente enlace: https://lamafiadelaciencia.projectpoder.org/

Guadalupe Correa-Cabrera

https://dev.sinembargo.mx/author/guadalupe-correac/

Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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