A Jaime Bonilla Valdez, el Gobernador de Baja California, sus planes no le han salido bien últimamente. Primero recibió en mayo de este año el revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando los ministros, de forma unánime, decidieron que la #LeyBonilla, era inconstitucional, y su periodo en la administración estatal sería de dos años y no de cinco como ansiaba.

Después, el 12 de junio, cuatro diputados de Morena en el Congreso de Baja California votaron contra la iniciativa de su autoría pero presentada por la líder de la fracción de Morena en la Cámara local, que instituía para el próximo periodo de Gobierno, el que se elegirá en el 2021, un mandato de tres años en lugar de los seis establecidos en la Constitución.

El 6 de octubre, otra vez el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (menos la Ministra Yasmín Esquivel Mossa) le puso un estate quieto al Gobernador bajacaliforniano al anular el artículo 49 de la Constitución de Baja California, que el 31 de diciembre de 2019 sus diputados en el Congreso del estado le aprobaron para que Bonilla pudiera rendir informes parciales mensuales en sus redes sociales, a través de medios de comunicación o en cualquier municipio donde así lo decidiere. Los ministros –menos Esquivel– determinaron que ese artículo, propuesto por el mismo Bonilla, no solo invadía atribuciones del Congreso de la Unión, sino que violaba preceptos federales de comunicación social, inversión de recursos públicos, y equidad electoral.

Dos reformas le han salido bien al Gobernador de Morena en BC. La conocida como #LeyGandalla que le fue aprobada en la Cámara local para que aquellos electos por el voto popular que buscarán la reelección no deban necesariamente separarse del cargo para encabezar una nueva campaña, lo cual aplica para alcaldes, diputados, síndicos y regidores, que para la campaña del 2021, aquellos que busquen ser refrendados en el cargo, harán campaña al tiempo que Gobierno.

La otra fue el aplazamiento del inicio del calendario electoral en Baja California. Mientras en el resto del país el proceso electoral 2021 inició el 7 de septiembre de 2020, en el estado fronterizo será el 6 de diciembre. Esta reforma la habrían aprobado con el fin de tener el tiempo suficiente para modificar el periodo de Gobierno de la siguiente administración, pues con la #LeyBonilla se entendió que cualquier modificación debía ser 90 días previos al inicio del proceso electoral. Sin embargo, a la fecha los diputados de Morena no abordaron de nueva cuenta el tema, y el periodo para hacer modificaciones ya transcurrió.

De unos meses a la fecha el Gobernador Bonilla se ha convertido en el inquisidor político de Baja California. Sabedor que su Gobierno será de dos años como se anticipó y era lo legal, arremete contra quienes considera sus adversarios, sean estos miembros de la prensa, empresarios, grupos sociales, políticos de la oposición y hasta de su mismo partido, una de sus frases favoritas para justificar la andanada de ataques que suele liberar en sus presentaciones por Facebook live, es que “aquí no hay vacas sagradas”.

Pero de un tiempo a la fecha, precisamente posterior a la determinación de la Corte sobre su mandato de Gobierno, cuando los aspirantes comenzaron a definirse, el Gobernador le entró a lo que se conoce como guerra sucia. Su primer objetivo fue la Alcaldesa de Tecate, Zulema Admas, a quien intentó presionar para que su cabildo aprobara –en su momento– la reforma para acortar el periodo de mandato de la próxima administración. La Alcaldesa denunció ante la FGR, a Morena, vía carta al Presidente de la República, y personalmente ante la Secretaria de Gobernación, cómo había sido amenazada. A partir de ese momento y cada que encuentra oportunidad, el Gobernador Bonilla la ataca. Le ha puesto el mote de «Lady Salón de Belleza», le ha dicho que no trabaja, y ha dejado de asistir al municipio que la dama gobierna.

De una semanas para acá, el Gobernador cambió de blanco. Se fue directamente contra Arturo González Cruz, el presidente municipal de Tijuana, quien se perfila como el candidato natural a sucederlo. Lo cual no es de la satisfacción de Bonilla, quien tiene –de acuerdo a sus cercanos– la intensión de dejar en calidad de candidato de Morena al Gobierno del estado en el 2021, a uno de dos incondicionales. Al Alcalde de Ensenada, Amando Ayala, quien ha sido su empleado durante muchos años, al desempeñarse como gerente de las estaciones de medios de Bonilla en Ensenada, o a Mario Escobedo, quien actualmente es su Secretario de Economía Sustentable y Turismo, un personaje local ligado a negocios no muy claros, en servicios financieros y la importación de vehículos usados, y quien fue durante 11 años delegado de la Secretaría de Economía, mayormente en la época priista en la Presidencia de la República.

En este contexto, que el Alcalde de Tijuana se le adelante al Gobernador se ha traducido en un enfrentamiento auspiciado por el segundo, pero que en estos días llegó a niveles ciertamente nunca antes vistos en Baja California. Rebajando –si es que se puede– aun más el ejercicio de la política y la vida pública al vincular Bonilla al Alcalde González Cruz a señalamientos en un homicidio.

Lo señaló ayer y amenazó con el día de hoy que se publica esta columna (miércoles 6 de octubre), presentar el caso de los señalamientos con los cuales involucra al Alcalde en un homicidio. Utilizó Bonilla su presentación por Facebook Live para amedrentar: “El tema de Tijuana es sumamente delicado y se tienen que poner las pilas las autoridades, particularmente la Policía municipal, donde ha habido todo tipo de abuso, de los derechos humanos de mucha gente, pero además señalamientos severos que mañana estaremos abordando, muchos de los audios y los videos que están circulando sobre señalamientos de este, de acusaciones directas a la primera autoridad de Tijuana, y del Secretario, gente que ha sido acribillada, asesinada y que ha pedido ayuda en dado momento y no se le ha podido dar, o no se le dio por equis razón, y esas amenazas se convierten en una verdadera realidad y la gente amanece acribillada como fue el caso de hace un par de días de Mariano Soto, donde la familia pide ayuda y hace señalamientos sumamente graves, sumamente graves al presidente municipal de Tijuana”.

Así, sin pruebas, sin la presencia del Fiscal General del Estado (por cierto compadre del Gobernador), sin las investigaciones concluidas sobre el asesinato en cuestión, el Gobernador Bonilla vincula de manera directa al Alcalde de Tijuana.

La guerra sucia electoral en Baja California ha comenzado, pero no es entre partidos, ni a oscuras, sino públicamente entre aquellos que representan a Morena en el estado, auspiciada por el Gobernador Bonilla, quien, insólito, vincula a uno de sus alcaldes en un asesinato.

Por cierto, sí hay vacas sagradas, pero esas están en el rebaño de Bonilla, pues a mes y unos días de cumplirse el primer año de las denuncias de moches en su administración, ninguno de los implicados, todos miembros de su Gabinete en su momento, ha sido investigado adecuadamente por la Fiscalía General del Estado, institución que de hecho, mantiene la investigación, que incluía a su Secretario de Gobierno y a su Secretario de Economía Sustentable y Turismo, congelada.

Adela Navarro Bello

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