No solo ignoraron las recomendaciones para evitar la obesidad y diabetes en México, también le abrieron la puerta a la industria de la comida chatarra permitiéndoles autorregularse, entrar a las cooperativas escolares y entregarles el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, organismo que se encargaba de las políticas contra la obesidad. Ahora, ya fuera de la Secretaría de Salud, «hablan de cómo se deberían hacer las cosas las cosas cuando en sus gestiones no lo hicieron», señala la Alianza por la Salud a exsecretarios.
Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).– Se dicen preocupados por el manejo de la COVID-19 en México y tienen una solución: un plan nacional de dos meses para aminorar lo que dicen «está fuera de control”. Son seis exsecretarios que estuvieron a cargo de la salud de los mexicanos y con quienes las organizaciones se acercaron para que atendieran otras pandemias como la diabetes, pero jamás las escucharon.
«Hablan de cómo se deberían hacer las cosas cuando durante su gestión en la Secretaría de Salud y en momentos donde pudieron haber tomado en serio la epidemia de obesidad y diabetes no lo hicieron», recordó Ana Larrañaga, directora de programas de Salud Crítica, organización integrante de la Alianza por la Salud. «Quizá tendríamos en estos momentos un mejor pronóstico o medidas ya implementadas para que la población pudiera alimentarse de una mejor manera, pero no fue así».
Guillermo Soberón Acevedo (1982-1988), Julio Frenk Mora (2000-2006), José Ángel Córdova Villalobos (2006-2011), Salomón Chertorivski Woldenberg (2011-2012), Mercedes Juan López (2012-2016) y José Narro Robles (2016-2018) presentaron un informe el pasado 9 de septiembre en el que propusieron un plan nacional con 14 recomendaciones que incluyen la aplicación de pruebas y confinamiento estricto para que en dos meses disminuyan los contagios de COVID-19 en México.
El informe de los exsecretarios de Salud concluyó que México está pagando una estrategia fallida que subestimó la gravedad de la pandemia, la cual ya ha cobrado la vida de más de 70 mil personas.
Pero para la Alianza por la Salud Alimentaria, que agrupa un conjunto de asociaciones civiles, organizaciones sociales y profesionistas preocupados por la epidemia de sobrepeso y obesidad en México, estos exfuncionarios son corresponsables en la epidemia de obesidad que se vive en México y que ha vuelto a los habitantes del país personas vulnerables durante la actual pandemia por la COVID-19.
«No implementaron políticas de salud pública recomendadas para combatir la epidemia de obesidad” y privilegiaron los intereses privados por encima de la salud pública, exhibieron la semana pasada en un comunicado. “Estuvieron en contra de sacar los alimentos chatarra de las escuelas, de tener una regulación efectiva en materia de publicidad dirigida a la infancia y de promover un etiquetado de advertencia que realmente informara al consumidor».
Ana Larrañaga, de Salud Crítica, una de las organizaciones firmantes del comunicado, dijo en entrevista que «en este momento hay muchos intentos políticos de golpear al actual Subsecretario (Hugo López-Gatell) por parte de personas que realmente no tuvieron una actuación ejemplar en el manejo de otras enfermedades».
Empresas como Coca-Cola, Pepsico, Nestlé, Danone y Bimbo son algunas de las beneficiadas en los sexenios en que estos exsecretarios se hicieron cargo de la salud de los mexicanos.
«Fueron bastantes empresas las que recibieron el beneficio de no ser reguladas y se les dio la oportunidad de que ellas mismas decidieran cuáles serían estas reglas, es decir, se les permitió aplicar esquemas autorregulatorios», dijo Larrañaga.
La Alianza por la Salud enlistó las omisiones que algunos exfuncionarios, entre ellos quienes hoy critican el manejo de la pandemia, cometieron en su paso por las secretarías de Salud, Educación y Cofepris:
–Josefina Vázquez Mota, exsecretaria de Educación (2006- 2009) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se negó a retirar la comida chatarra de las escuelas y firmó acuerdos con PepsiCo y Coca-Cola para que promovieran “estilos de vida saludables” al interior de los planteles escolares, señalaron las organizaciones.
–Salomón Chertorivsky, Secretario de Salud (2011-2012) en el último tramo de Felipe Calderón, permitió que la industria de bebidas y comida chatarra «promovieran un código de autorregulación que no contenía ninguna protección a la infancia en materia de publicidad y no prohibía el uso de regalos y personajes para enganchar a los niños en la demanda de estos productos, caracterizados por sus altos contenidos de azúcar».
–Pablo Kuri, exsubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (2011-2018) y Mikel Arriola, excomisionado federal de la Cofepris (2011-2016) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, «estuvieron a favor de apoyar un etiquetado frontal que fue diseñado por la industria de alimentos y bebidas».
–José Narro Robles, Secretario de Salud (2016-2018) con Peña Nieto, es señalado por las organizaciones de no seguir las recomendaciones que él mismo promovió antes de ser titular de la dependencia y de manejar un doble discurso: mientras que por un lado declaraba emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes, por el otro mantenía a la industria al interior de la Secretaría de Salud ocupando la mayoría de los asientos del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, organismo encargado de evaluar las políticas contra la obesidad y que hoy ya no existe.
SUBIR IMPUESTOS Y REGULAR PUBLICIDAD
Aunque en este sexenio ha habido avances en temas de salud que estaban detenidos como el etiquetado frontal, las organizaciones consideran que hay otras medidas que ayudarían a México a disminuir el número de población con obesidad y diabetes: aumentar los impuestos y controlar la publicidad de las empresas de la industria de la chatarra.
«La evidencia científica que se ha recolectado en México, donde hay un impuesto del 10 por ciento, es que esta medida tiene un impacto claro en la reducción del consumo, es decir, la gente sí deja de comprar el producto con el impuesto», explicó Ana Larrañaga, directora de programas de Salud Crítica.
En México, el impuesto a las bebidas azucaradas y comida chatarra es del 10 por ciento, la mitad de lo que originalmente recomendaba la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El impuesto trae dos beneficios: la reducción del consumo y la recaudación, que puede ser útil para el Gobierno, aseguró Larrañaga.
Luego de la lucha de las organizaciones en pro de la salud para obligar a la industria a cumplir con un etiquetado frontal en productos que contengan altos niveles de azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías, lo que sigue es «garantizar que los productos que tendrán un etiquetado de advertencia no tengan publicidad dirigida a niños y niñas, esto incluye espacios digitales y que en la mayoría de las regulaciones no se consideran».
La organización Salud Crítica, integrante de la Alianza por la Salud, considera que si la industria está dispuesta a apoyar a que la población tenga mejores hábitos alimenticios, la forma en que pueden ayudar es «obedeciendo las regulaciones ya existentes, dejando de cabildear en contra de ellas y dejando de amenazar con amparos».
El sobrepeso y la obesidad afecta a tres de cada cuatro mexicanos y es un problema de salud que le cuesta al país el 5.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
