Aunque ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se demandó al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León por el delito de lesa humanidad, el caso no tuvo avances durante 22 años y 8 meses para alcanzar la justicia.
Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– 22 años y 8 meses después, el Gobierno de la República reconoció y se responsabilizó este jueves por la llamada «Matanza de Acteal», ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en la localidad de Acteal, municipio de Chenalhó, en Chiapas.
Ese día, indígenas tzotziles de la organización «Las Abejas» fueron atacados por un grupo armado cuando oraban en una iglesia cristiana protestante. El saldo del ataque fue de 45 muertos, incluidos menores de edad y mujeres embarazadas.
Aunque ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se demandó al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León por el delito de lesa humanidad, el caso no tuvo avances durante 22 años y 8 meses para alcanzar la justicia.
Desde la Secretaría de Gobernación (Segob), en la Ciudad de México, Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, dijo hoy que la masacre de Acteal fue cometida por grupos paramilitares que habrían actuado con la tolerancia del Estado.
Recordó que el ataque dejó entre sus víctimas mortales a cuatro mujeres embarazada y 18 menores de edad, así como a 26 personas heridas «en un acto cometido presuntamente por personas paramilitares que habrían actuado con la tolerancia del Estado y sus autoridades».
A partir de entonces, las víctimas sus familias han buscado justicia incluso de la mano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por ello, desde el inicio de esta administración federal, y con el acompañamiento del Gobierno de Chiapas, se tuvo acercamiento con un grupo de familiares directamente afectados, para llegar a un Acuerdo de Solución Amistosa.
«Hoy culmina este proceso de diálogo con la firma del Acuerdo de Solución Amistosa, entre las víctimas, familiares de las víctimas fallecidas y el Estado mexicano, donde se manifiesta la suma de voluntades para aceptar el reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano de los graves acontecimientos ahí sucedidos y la aceptación de medidas de reparación integral», afirmó el funcionario.
Frente a los medios de comunicación, precisó que dicho acuerdo incluye a 18 víctimas fallecidas y a 12 víctimas sobrevivientes, respetando y dejando a salvo el derecho de otro grupo de víctimas que han asumido otras vías diferentes, en espera del informe de fondo que elabora la CIDH, organismo que reconoció en 2010 a 45 muertos y 26 sobrevivientes por los hechos.
«El día de hoy celebramos un acto de justicia, en el que a nombre del Estado mexicano asumimos la responsabilidad de los lamentables hechos ocurridos contra la comunidad de Acteal el pasado 22 de diciembre de 1997. Estamos en este acto para ofrecer una disculpa a las víctimas, a los familiares, a la comunidad de Acteal y al pueblo Tzotzil por este profundo agravio», aseguró Encinas Rodríguez.
«Lo hacemos con convicción y sin condiciones, lo hacemos porque las omisiones y negligencias del Estado mexicano arrancaron la esperanza a 45 personas indígenas tzotziles y a sus familias. Asumo, a nombre del Estado mexicano, el reconocimiento de la responsabilidad por la violaciones de derechos humanos fundamentales y ofrezco una disculpa pública a la comunidad de Acteal por los hechos de violencia que dieron paso a esta masacre», dijo en el evento.
Palabras del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, @A_Encinas_R, en el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y suscripción del Acuerdo de Solución Amistosa del caso 12.790, Manuel Santiz Culebra y otros, Masacre de Acteal.https://t.co/OV5KLF8xRZ pic.twitter.com/7bf2EYyHIT
— Gobernación (@SEGOB_mx) September 3, 2020
Por su parte, Fernando Luna, sobreviviente y representante de las víctimas, aceptó la disculpa porque «no sólo reconoce que el Estado mexicano fue incapaz de proteger a la población de Acteal, sino además reconoció y asumió la responsabilidad por acción u omisión de los paramilitares que perpetraron la masacre».
LA MASACRE CONTRA INDÍGENAS
El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraba en la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, en el suroriental estado de Chiapas, fue atacado por un centenar de presuntos paramilitares, también indígenas.
En la matanza fallecieron 45 tzotziles -21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 ancianos- y fueron heridos otros 26.
Las víctimas formaban parte de la agrupación Las Abejas, un grupo indígena, cristiano, pacifista y antineoliberal.
Esta organización ha señalado al entonces Presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), el Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y el de Defensa Nacional, Enrique Cervantes, de llevar a cabo ese operativo para debilitar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), guerrilla indígena levantada en 1994 en Chiapas.
Decenas de sospechosos fueron arrestados en agosto de 2006 y condenados a penas de hasta 25 años de cárcel en 2007 por un Juez federal, pero los supervivientes llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
EL ACUERDO, 23 AÑOS DESPUÉS
El actual Gobierno mexicano firmó este jueves un acuerdo de solución amistosa frente a la CIDH en el que pide disculpas y se compromete a entregar compensaciones económicas a las víctimas, así como entregar becas y apoyos a la vivienda, y mejorar la infraestructura hidráulica y hospitalaria de la comunidad.
El Subsecretario Encinas definió la matanza como un «suceso doloso e indolente» y lamentó que el Estado mexicano «pretendió ocultar esta tragedia alterando incluso la escena del crimen para criminalizar a las propias víctimas».
«Asumimos este acto de reconocimiento para que junto con la comunidad de Acteal avancemos en la reconstrucción del tejido social y el abatimiento de la desigualdad», expresó.
Fernando Luna, vestido con ropajes tradicionales, expresó que este compromiso «no habría sido posible de lograr en administraciones pasadas» y añadió: «Aceptamos esta disculpa pública porque el pueblo tzotzil tenemos un corazón enorme y somos un pueblo de paz».
Además, celebró que quedó desacreditada la versión del Gobierno de entonces de que la masacre había sido fruto de enfrentamientos entre indígenas por un conflicto religioso y de tierras.
«Demandamos que se juzgue a Ernesto Zedillo porque hacer justicia en el más alto nivel del Gobierno es una forma de garantizar la no repetición de los hechos», concluyó.
Desde que asumió el poder López Obrador, el Gobierno se ha disculpado por violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado en casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o las torturas contra la periodista Lydia Cacho.
-Con información de EFE
