«Llegó la pandemia y ya no pudimos pagar para la renta y la comida», «de la presión que metían, la señora falleció», «la vivienda se ha concebido como una mercancía», «a las personas que yo les vendía dejaron de trabajar y a muchos los corrieron», «todo esto es causa de estrés», «aquí las rentas son caras», «los arrendadores no se tientan el corazón». Inquilinos compartieron sus testimonios sobre cómo la crisis económica por la COVID-19 complicó aun más su acceso al derecho a una vivienda adecuada.
Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).– La crisis de la vivienda empeoró por la pandemia. A los desalojos forzados ilegales y violentos, así como los damnificados por el sismo de septiembre de 2017, se sumó la pérdida de empleo o caída de ingresos que complican el pago de renta y propician más desalojos y desplazamientos a otras entidades u hogares de familiares.
Durante un foro organizado por Hábitat International Coalition-América Latina y Movimiento Urbano Popular, inquilinos compartieron sus testimonios respecto a cómo la COVID-19 complicó aun más su acceso al derecho a una vivienda adecuada.
Una encuesta de la Universidad Iberoamericana identificó que en mayo el 16 por ciento de los inquilinos a nivel nacional ya había dejado de pagar el alquiler. Y un sondeo en la Ciudad de México levantado por Movimiento Urbano Popular, HIC-AL y Observatorio Ciudadano 0600 arrojó que, incluso con tribunales cerrados, de mil 500 personas que respondieron el 56 por ciento ha sido desalojada. Sin embargo, aunque el Gobierno de la capital del país prepara un programa de apoyo para la renta, la iniciativa de reforma al Código Civil en el Congreso local, que busca regular los desalojos, no ha avanzado ante la presión de la industria inmobiliaria.
«Estamos muy preocupados que al haber abierto tribunales en la Ciudad de México venga la avalancha de desalojos durante la pandemia y haya gente viviendo en la calle», dijo la abogada María Silvia Emanuelli, coordinadora de HIC-AL.
Anahí Moreno, de Red de Desalojos:
«Nací y crecí en este predio en Emiliano Zapata 68 [en el Centro Histórico de la Ciudad de México]. Viví con mi mamá y mis hermanos en el interior 17. Después me casé, tuve a mis hijos y mi tía me dio un cuartito para estar. Durante el último desalojo en el predio sufrimos discriminación mis hermanos, mis tías y mi familia. Nos tacharon como delincuentes, drogadictos. Eso fue el 12 de febrero de 2019. Para salir adelante vendemos tamales en el portón del edificio.
«Pasaron unos días y nos tuvimos que salir, ya que invadió el predio un grupo de delincuentes que mandó el supuesto dueño. Nos amenazaron, robaron y golpearon a mi cuñado y esposo. Nos tuvimos que salir y abandonar la vivienda. Nos fuimos a la casa del abuelo de mi esposo que vive en Chalco [Estado de México]. Nos dijeron que había buenos trabajos en Querétaro y nos tuvimos que desplazar a ese estado. Nos fuimos a vivir con un familiar de mi esposo allá en Querétaro y ya que nos acomodamos nos fuimos a buscar trabajo. Empezamos los dos a trabajar y pudimos conseguir una casa para vivir mi familia. Éramos muchos y no cabíamos en la casa.
«Pagaba de renta dos mil pesos al mes, pero como llegó la pandemia ya no pudimos pagar para la renta y la comida. Mi familia me ayudaba, pero también por la pandemia no podían mandarme dinero todos los días. Entonces me tuve que regresar aquí a la Ciudad de México y ahorita estoy con mi mamá y mi abuelita».
Jorge, damnificado del 19S:
«Yo estaba en el predio de la colonia Juárez [Ciudad de México]. Después de lo del sismo la vivienda quedó en mal estado y llegaron unas personas a desalojarnos. Se quedaron todas nuestras pertenencias adentro. Nada más alcanzamos a sacar los documentos esenciales. Alegaban que eran los dueños del predio. Inclusive se hizo una investigación y la dichosa constructora que compró el predio no existe en México.
«Como no sabíamos nada de los movimientos y las asociaciones, mi abuela nos dio refugio en su casa en la calle de Xalapa esquina Álvaro Obregón [colonia Roma]. Mi abuela tiene rentando ahí fácil unos 15 años. Pero hace como dos años llegaron los hijos del dueño del predio a querer desalojarnos a todos. Es una casa dividida en cuatro predios que abarca tanto Xalapa como Álvaro Obregón. Hace poco fueron a asustar y querer amedrentar. Tanto es así que una de nuestras vecinas falleció.
«La señora ya era una persona grande, incluso sufría de diabetes. De la presión que metían, la señora falleció. Queremos saber qué se puede hacer, porque la mayoría es gente grande. Yo quisiera junto con mi esposa, mi mamá y mis hermanos recuperar nuestra vivienda de la Juárez, pero tampoco queremos que saquen a mi abuela y a los demás vecinos de su predio en la Roma. Pedimos auxilio porque a parte con todo esto de la cuarentena perdimos trabajo los que llevábamos dinero. Se nos ha complicado mucho».
Dora Luz Gallardo, de la cooperativa Tochan:
«Nosotros como compañeros de la cooperativa Tochan en estos tiempos de pandemia hemos hecho conciencia aún más de la importancia de tener una vivienda adecuada, un lugar digno para vivir, y ahora, más que nunca, para desarrollar nuestras actividades, entre ellas, la educación de nuestras hijas y nuestros hijos. Sin embargo, como grupo organizado sabemos que muchos de nosotros, al no contar con una vivienda propia, pagamos renta. En muchos casos, costos elevados y, en otros, no tanto. Pero son espacios limitados con una baja calidad para habitar. La COVID-19 ha impactado la obtención de ingresos económicos de muchos de nosotros.
«Nos enfrentamos a pérdidas totales de empleo y con ello a la dificultad para pagar la renta. Si bien no hemos sido desalojados, el estado de la vivienda en renta muchas veces no cumple con las condiciones adecuadas como lo exige ahora el contexto de la pandemia. Esto se debe principalmente a que la vivienda se ha concebido como una mercancía. Si bien reconocemos que para algunas personas la renta representa también un ingreso, la mayoría de los arrendatarios se limita a cobrar sin atender las mejoras o las necesidades de las familias que habitan las viviendas. Dejan las viviendas sin mantenimiento, pero nosotros no podemos dejar de pagar la renta porque inmediatamente nos enfrentaríamos a que nos pidan la vivienda y tener que buscar un nuevo lugar para vivir.
«La otra situación que se presentó entre los socios de Tochan fue la necesidad de migrar a provincia durante la pandemia, ya sea por salud o falta de redes de apoyo en la ciudad. Aún así, sin habitar las viviendas, se tiene que continuar pagando la renta completa y sin servicios de manera puntual, ya que no se ha podido llegar a ningún acuerdo con los arrendatarios. Aquí encontramos el punto constante del #QuédateEnCasa. No es lo mismo para los pobres que para los ricos. No podemos darnos el lujo de pasar la cuarentena a casas lujosas de campo con alberca. Si alguno de nosotros se ha ido de la ciudad en este tiempo ha sido meramente por necesidad. Creemos que es urgente dejar de mirar la vivienda como una mercancía y defenderla como un derecho humano fundamental, al igual que el derecho a la ciudad».
Ana Ruth Ruiz, habitante de Zapata 68:
«Fui habitante de Zapata 68 durante casi 20 años. Al principio vivíamos mi esposa, mi niña y yo en casa de mi suegro. Cuando hubo oportunidad de un departamento que se desocupó nos pasamos a vivir ahí. En ese departamento vivimos casi 10 años mi esposo, mis tres hijos y una servidora. A nosotros nos inventaron un juicio falso.
«Dijeron que en ese departamento habitaba otra persona y empezaron el juicio a nombre de esta persona que no conocíamos. Inventaron que debía tres meses de renta y este juicio se fue a rebeldía, porque esa persona no habitaba el departamento. A mí no me dejaron ver nunca el expediente, me decían que no tenía interés jurídico ahí. Cuando supe que estaba el juicio en camino, contratamos a un abogado para podernos defender. Tramitamos un amparo, pero ya no tuvimos respuesta porque fuimos desalojados en marzo del 2017. Ya no pudimos pagar al abogado porque tuvimos que buscar un lugar para rentar, el cual nos costó trabajo conseguir.
«Lo conseguimos en la calle de enfrente de donde está el edificio, pero como vieron que nos desalojaron, no nos querían rentar un departamento aquí porque se fueron con la idea de que éramos personas problemáticas y que no pagábamos rentas. Me costó muchísimo trabajo que nos rentaran un departamento. Afortunadamente, una persona que nos conocía de muchísimos años abogó por nosotros, y nos lo rentaron. Actualmente estamos pagando 4 mil 300 pesos de renta, pero ha sido muy difícil, porque ahorita con la pandemia yo ya no pude trabajar.
«Soy ama de casa, pero vendía cosas por catálogo y cositas así en mis tiempos libres. Pero tiene cuatro meses que a las personas que yo les vendía dejaron de trabajar, a muchos los corrieron, me quedé sin ingresos. Algunos ya regresaron a trabajar, pero me van dando así de a poquito. Mi esposo lo tienen considerado como persona vulnerable en su trabajo. Van cuatro meses que no labora. Su sueldo obviamente se lo bajaron. Se nos está haciendo pesado porque la renta no nos la perdonan. La tenemos que pagar en su totalidad. Ahorita vamos atrasados con un mes. Le dijimos al señor de la renta que se lo íbamos a ir juntando, porque se nos ha hecho un poco difícil».
Fernando Cuenca, damnificado por el 19S:
«Soy damnificado por el sismo del 19 de septiembre del año 2017 ocurrido en la Ciudad de México. El edificio ubicado en Doctor Vertiz 232 Colonia Doctores en el que vivía tenía 21 viviendas, las cuales eran habitadas en su mayoría por mujeres adultas mayores, jefas de familia de recursos medios; muchas de ellas con alguna enfermedad crónica. El sismo colocó al edificio en alto riesgo de colapso, motivo por el cual tuvimos que salir a buscar alquiler.
«La colonia Doctores es una colonia popular en la que las rentas antes del sismo oscilaban entre 4 mil y 6 mil pesos sabiendo que la mayoría eran edificios viejos y viviendas pequeñas. Después del sismo llegaron a elevar su costo de 8 mil hasta 11 mil pesos, además de los requisitos que incluyen depósito, una o dos rentas por adelantado, pagar investigación, aval y en algunas no aceptando niños y/o mascotas, poniendo limitaciones al número de integrantes de la familia. Como había dicho, son adultos mayores y no es fácil que tengan acceso a un fiador. Además, los contratos de alquiler en su mayoría no permiten que uno mismo sea fiador. Otro requisito para esto es que sean residentes de la Ciudad de México.
«Todo esto es causa de estrés, ya que es una situación nueva para nosotros que éramos propietarios y no teníamos la necesidad de rentar. Los procesos han sido muy lentos y actualmente seguimos así. Desafortunadamente por la situación de la pandemia ha habido quien ha reducido sus ingresos y hasta perdido su empleo. Esto aumenta la preocupación de perder el lugar en el que estamos habitando por no poder cubrir el monto del alquiler».
Miguel Ángel, habitante de Emiliano Zapata 68:
«Yo llegué a vivir ahí [Emiliano Zapata 68] en el año 2005 hasta el día del desalojo. Ese día entraron los granaderos, nos amenazaron, me querían llevar incluso detenido por un delito de agresión. Mientras me estaban amenazando entraron a mi departamento, se llevaron todo lo de valor: celulares, dinero, tenis. Se fueron. Cuando llegaron los cargadores, también se llevaron nuestras mercancías, el dinero que teníamos. Todo, todo. Se hizo sin ninguna orden de desalojo. Nomás llegaron y dijeron ‘vas para fuera’. Rompieron las tazas, las llaves de agua para que el lugar estuviera inhabitable y no nos pudiéramos meter otra vez.
«Las cosas nos la sacaron a la calle, después las subieron a camiones de basura. Nos daban una dirección para irlas a recoger, pero era incierto lo que iba a pasar; mejor las bajamos. La señora Rufina nos hizo el favor de guardárnoslas. Después tuvimos que llevar las cosas a Zumpango al departamento de un primo. Después, como casi no íbamos, entraron a ese departamento y lo saquearon. Nos quedamos sin cosas. Actualmente vivimos con mi mamá. No pagamos renta.
«Durante la pandemia me quedé sin trabajo y es que la verdad aquí las rentas son muy caras, y pues aquí están nuestros trabajos. Irse al Estado es complicado y aquí hicimos nuestra vida. A las niñas aquí las teníamos en la escuela. Ahorita ya con otra bebé se hace más complicado. Todo está caro. Hasta ahorita entré a trabajar. La verdad es que es cara la renta y el nivel económico no nos permite sostener un hogar aquí».
Anahí Mercado, habitante de Emiliano Zapata 68:
«Nosotros vivíamos en Zapata 68. Mi esposo Miguel Ángel tenía más tiempo viviendo ahí. Cuando nos desalojaron yo tenía como un mes de estar aliviada de mi hija la grande. Y fue por eso que dejamos el departamento. Como entraron con lujo de violencia, nosotros nos espantamos por la bebé y nos fuimos al departamento de la señora Rufi. Ahí fue que dejamos el departamento abierto y por eso se metieron los policías esos. Pero no llevaban ninguna orden ni nada. Así nos sacaron. Ahora tenemos que pagar renta, la verdad ahorita no. Por eso vivimos aquí en el departamento de mi suegra».
Verónica, de la organización Unión, Manos y Voces:
«Somos parte del proyecto comunitario de producción y gestión social del hábitat. Todos hemos sido afectados durante la pandemia. Algunos compañeros son comerciantes, profesionistas y empleadas domésticas. A mediados de marzo comenzamos a refugiarnos en nuestras casas. A algunos nos mandaron a descansar durante ciertos meses, otros siguieron trabajando de acuerdo a las actividades esenciales y otros perdieron sus empleos. Mientas, los arrendadores siguen cobrando sus rentas sin la menor preocupación sobre la situación económica de sus arrendatarios. Otros tuvieron que sacar sus ahorros para pagar renta, otros los desalojaron.
«Algunos tuvieron que regresar de donde son originarios mientras pasa esta situación. Otros están enfermos y ni aún así los arrendadores se tientan el corazón. Lo que me he dado cuenta es que se están aprovechando de la situación y han aumentado las rentas de manera elevadísima. En México deberían de regular las rentas en la ley para que no haya este tipo de aumentos, y también debe haber una cláusula en el contrato que especifique la manera como se puede ayudar al arrendatario en caso de pandemia o sismos».
Rufina, integrante del Movimiento Urbano Popular y la Red de Desalojos, dijo que no son «mafias invasoras», sino habitantes contra la «voracidad» y ola de desalojos violentos «de los cárteles inmobiliarios» registrados en la capital del país en los últimos años. En muchos casos, acusó, realizados a través de la Procuraduría General local, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México o la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
«Detrás de los procesos jurídicos, se encuentran coludidas algunas autoridades como actuarios, jueces y ministerios públicos con las inmobiliarias. Sin considerar ningún derecho humano han aumentado rentas y realizado desalojos forzosos sin respetar el debido proceso de los inquilinos y obligando el desplazamiento de familias», dijo la activista.
