Actos de corrupción en la política mexicana se han exhibido desde 2004 a través de videos. Las grabaciones más recientes muestran al hermano del Presidente López Obrador en 2015 recibiendo dinero en efectivo de un actual funcionario, lo que reactivó un enfrentamiento de «videoescándalos» entre políticos.
Por José Beltrán
Ciudad de México, agosto (RT).– En agosto de 2020 se ha inaugurado una nueva temporada de los «videoescándalos» en la política mexicana, que involucran en actos irregulares a miembros de todos los partidos, incluyendo al hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La grabación más reciente es una en la que se observa a los colaboradores de dos exlegisladores del conservador Partido Acción Nacional (PAN) recibiendo bolsas de dinero, que corresponderían a los sobornos entregados durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), en el marco del caso Odebrecht.
El video causó un escándalo político a nivel nacional, ya que se relacionó con la reciente denuncia penal del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien acusó al expresidente Peña Nieto y al excanciller Luis Videgaray de coordinar la entrega de 120 millones de pesos (unos 5.4 millones de dólares) para que un diputado y cinco senadores aprobaran las reformas estructurales que impulsaba el Gobierno en 2013 y 2014.
Cuando todos hablaban del caso Lozoya y de las redes de sobornos y corrupción al interior de Pemex durante los Gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y de Peña Nieto, se difundió una grabación que data de 2015, en donde se observa al hermano del actual mandatario, Pío López Obrador, recibiendo dinero en efectivo para supuestamente apoyar a Morena de cara a las presidenciales de 2018.
La entrega la hizo David León, quien en ese momento ejercía como consultor privado y asesor de comunicación del Gobierno de Chiapas, donde Pío era operador del partido.
En respuesta, López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar el caso, pero aclaró que esta entrega de dinero eran aportaciones ciudadanas «para fortalecer el movimiento», en referencia al partido oficialista Morena, y aseguró que no eran casos de corrupción como el de Lozoya.
Tanto el caso Lozoya, como los videos de los asesores legislativos del PAN y del hermano de López Obrador reavivaron una añeja manera de exhibir las malas prácticas de la política mexicana y, como sucedió en 2004, en el último episodio ha procurado afectar la popularidad del actual mandatario.
LOS «VIDEOESCÁNDALOS» DE 2004
En marzo de 2004, el conductor de Televisa Víctor Trujillo —interpretando su personaje de comedia conocido como «Brozo»— mostró un video de René Bejarano, quien era el operador político del entonces Jefe de Gobierno de la capital mexicana, Andrés Manuel López Obrador, recibiendo fajos de billetes de parte del empresario argentino Carlos Ahumada.
Bejarano, en ese entonces coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, recibió 45 mil dólares por parte de Ahumada.
Bejarano explicó que ese dinero era dirigido a campañas políticas del PRD, por órdenes de la presidenta del partido, Rosario Robles. A cambio, presuntamente los funcionarios del Gobierno de López Obrador acordaban con Ahumada la entrega de contratos de obra pública.
Aunque el escándalo del «Señor de las ligas», como se le apodó a Bejarano, fue el más conocido, hubo otros videos difundidos en ese año.
OTROS FUNCIONARIOS
Carlos Ímaz, quien fue el Jefe delegacional de Tlalpan, en la Ciudad de México, de 2003 a 2004, también fue exhibido en un video recibiendo 350 mil pesos (unos 15.954 dólares al día de hoy) de parte de Ahumada.
Según explicó Ímaz después, el dinero recibido de Ahumada fue a parar a manos de Robles. El empresario argentino y la política del PRD tuvieron una relación sentimental en aquellos años y presuntamente fueron ellos quienes acordaron la trama de los «videoescándalos».
En la época de los «videoescándalos», otro funcionario de la Administración de López Obrador fue exhibido en los noticieros de Televisa. Se trataba del Secretario de Finanzas del Gobierno capitalino, Gustavo Ponce, quien salía derrochando dinero en el lujoso casino Bellagio de Las Vegas, Nevada (EU).
En ese tiempo, Ponce era investigado por participar en un presunto fraude por 31 millones de pesos (1.4 millones de dólares al día de hoy) en la delegación Gustavo A. Madero.
López Obrador ordenó la destitución de Ponce y le exigió aclarar las investigaciones en su contra. No obstante, el exfuncionario huyó de la justicia y fue detenido por elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en octubre de 2004. Ponce pasó casi 10 años en prisión y fue puesto en libertad en marzo de 2014.
López Obrador señaló al expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y al panista Diego Fernández de Ceballos de estar detrás de la grabación y difusión de los «videoescándalos», presuntamente para dañar su popularidad de cara a las elecciones presidenciales de 2006, en las que el político tabasqueño era uno de los más fuertes aspirantes.
INTERROGATORIO DE AHUMADA
En agosto de 2006, se hizo público el video de Ahumada cuando era interrogado por las autoridades de Cuba, el país al que huyó tras difundirse los escándalos.
Ahumada reconoció que negoció con Fernández de Ceballos y con el exsecretario de Gobernación, Santiago Creel, la entrega de los «videoescándalos» a cambio de protección y de recibir una ayuda económica.
Para Ahumada, el objetivo de Salinas de Gortari y de Fernández de Ceballos al difundir los «videoescándalos» era «sacar a Andrés Manuel (López Obrador) de la carrera presidencial» en 2006.
En marzo de 2014, Ahumada declaró a medios locales que el expresidente priista Salinas de Gortari y el panista Fernández de Ceballos le pagaron 68 millones de pesos (3.1 millones de dólares) por la difusión de los «videoescándalos», que involucraron a políticos cercanos a López Obrador.
Ahumada sería extraditado a México, en donde pasó tres años en prisión. En agosto de 2019, el empresario fue detenido nuevamente, ahora en Argentina, a petición del Gobierno mexicano que lo acusaba de defraudación al fisco por la cantidad de 1.472.236 pesos (unos 67.169 dólares al tipo de cambio de hoy).
El pasado 11 de agosto, un Juez argentino negó la extradición de Ahumada a México. No obstante, el empresario aún tiene abierta una causa penal, aunque se encuentra en libertad en el país suramericano.
Por su parte, Robles cumple una medida de prisión preventiva en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, acusada de participar en un complejo esquema de desvío recursos públicos por 5.073 millones de pesos (231.4 millones de dólares) durante el Gobierno de Peña Nieto.
Los «videoescándalos» han regresado a la política mexicana a menos de un año de que se celebren las elecciones intermedias, en donde se renovará la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y más de 21 mil cargos de elección popular, incluyendo congresos locales, ayuntamientos y juntas municipales.
