López Obrador sostuvo que ya no ocurren en México masacres como la de San Fernando gracias a las medidas de contención migratoria que su Gobierno ha puesto en marcha y que han sido denunciadas por las organizaciones civiles, ya que los aparentes abusos de autoridad continúan.
CIUDAD DE MÉXICO, Aug 24 (AP).- Al cumplirse 10 años de una de las peores masacres de migrantes en México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes que el Gobierno aceptará que la ONU intervenga en las investigaciones sobre desapariciones forzadas o violaciones a los derechos humanos, algo que hasta ahora no podía hacer.
“Estamos por enviar al Senado, va a ser hoy mismo, una aprobación del Ejecutivo… para que en temas de desaparición forzada, en todo lo que es violación de derechos humanos, pueda intervenir sin ninguna limitación la ONU”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.
El Presidente no dio más detalles sobre el documento que recibirá la cámara alta, pero todo apunta a que podría permitir que el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU visite México, una larga exigencia de distintas organizaciones no gubernamentales que señalan que, entre otros asuntos, podría ayudar a esclarecer las desapariciones de migrantes.
El 24 de agosto de 2010 la Marina mexicana halló 72 cadáveres en un rancho de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Texas. De la matanza, que conmocionó a México, no sólo participaron miembros del cártel de Los Zetas, también hay policías bajo investigación.
Sin embargo, los abogados de las víctimas han denunciado desde hace años numerosas irregularidades y negligencias tanto en la investigación como en la identificación de los cuerpos, la mayoría de migrantes centroamericanos.
Documentos oficiales describen cómo una decena de personas en vehículos marcados con una “Z” interceptaron a dos camiones cargados de migrantes a quienes les preguntaron si querían “trabajar para la guerra”. En aquellos momentos el entonces Presidente Felipe Calderón (2006-2012) había declarado la guerra a los carteles y éstos también luchaban entre sí.
Solo uno aceptó. A todos los demás les vendaron los ojos, les ataron las manos y tumbados en el suelo los ejecutaron. Un ecuatoriano que sobrevivió logró huir del lugar y alertó a la Marina.
“Fue una masacre”, reconoció el lunes López Obrador. “Tenemos que seguir con la investigación, ahora no se protege a nadie, no hay impunidad”.
Sin embargo, a una década de los hechos todavía no hay ningún sentenciado y la desaparición de migrantes, muchos de los cuales aparecen después muertos, ha continuado, lamentó Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, organización que representa a los familiares de los 72 muertos en San Fernando.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aprovechó el aniversario de la masacre para pedir a las autoridades de México, Honduras y El Salvador que redoblen esfuerzos para llegar a la verdad de los hechos y hacer justicia.
En un comunicado también instó a las autoridades a retomar los compromisos para crear canales de coordinación transnacionales “para la búsqueda de migrantes desaparecidos y para facilitar la identificación de restos y la entrega digna a las familias».
La Fiscalía mexicana firmó en agosto de 2013 un convenio con varias organizaciones civiles para identificar y buscar la causa de la muerte de 314 migrantes: los 72 asesinados en agosto de 2010 en San Fernando; otros 193 encontrados entre abril y mayo de 2011 en al menos 47 fosas de esa misma localidad y 49 torsos hallados en Cadereyta, en el estado de Nuevo León, en 2012. Todavía quedan identificaciones pendientes.
El drama de los migrantes desaparecidos fue abordado el domingo por el papa Francisco, quien se solidarizó con las familias de los 72 masacrados en San Fernando hace una década. “El Señor pedirá cuentas por todos los migrantes caídos en los viajes de la esperanza, han sido victimas de la cultura del descarte”, dijo.
El Presidente mexicano sostuvo que ya no ocurren en México masacres como esa gracias a las medidas de contención migratoria que su Gobierno ha puesto en marcha y que han sido denunciadas por las organizaciones civiles, ya que los aparentes abusos de autoridad continúan.
El lunes se anunció que se investigará un video divulgado por el periódico El Universal en el que aparentemente militares remataron a presuntos criminales que se habían rendido en un enfrentamiento ocurrido en julio en Tamaulipas.
