Los 45 días que el pequeño Dylan estuvo desaparecido generaron indignación por parte de la sociedad hacia las autoridades de Chiapas, las cuales al verse presionadas violentaron a una familia de indígenas acusándola de trata de personas y quitándoles a 23 niños, todos hijos, sobrinos y nietos, señalaron las organizaciones Melel Xojobal, Redim y Colectiva Cereza. Acusan a la Fiscalía de Chiapas de fabricar delitos y piden que la Fiscalía General de la República atraiga el caso.
Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– La Fiscalía General del Estado de Chiapas montó un espectáculo en la detención de la familia Gómez Sánchez para justificar los errores que cometieron en la búsqueda del niño Dylan, pero ahora que el menor apareció queda en evidencia que la dependencia estatal fabricó delitos en contra de cuatro mujeres indígenas y un hombre mayor de edad, quien presuntamente se suicidó en la cárcel, denunciaron organizaciones civiles y exigieron que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso.
«Queremos responsabilizar directamente a la Fiscalía de Chiapas por la integridad de la familia y los niños, quienes son rehénes de este acto de violaciones a los derechos humanos», dijo Juan Pérez García, director de Redim en conferencia vía zoom. «La Fiscalía montó un show y espectáculo con esta familia para pretender justificar los errores en la búsqueda de Dylan, pero con la aparición del niño queda en evidencia que esto fue una fabricación de culpables ante la presión que se tenía en este caso».
Desde Chiapas, las organizaciones Melel Xojobal, Redim y Colectiva Cereza, acompañadas de integrantes de la familia Gómez Sánchez, señalaron los abusos por parte de la Fiscalía a cargo de Jorge Luis Llaven Abarca, a quien responsabilizan directamente de la muerte del señor Adolfo Gómez Gómez, de 65 años, quien falleció en el penal de San Cristóbal de Las Casas en circunstancias aún no esclarecidas, y de la detención arbitraria de cuatro mujeres indígenas: Josefa Sánchez Gómez, presa en la sección femenil del penal de San Cristóbal de Las Casas, así como la de María Hortensia Gómez Sánchez, Maribel Gómez Sántiz y Juana Montejo González, detenidas en el penal femenil de El Amate, en Cintalapa.
La familia Gómez denunció también la retención de 23 niños, quienes fueron llevados a un albergue del DIF estatal en Tuxtla Gutiérrez luego del cateo que realizó la Fiscalía de Chiapas el día 17 de junio a su domicilio y en el que desmantelaron una presunta red de trata.
«El 17 de junio hubo el cateo a las 7:30 de la mañana en San Cristobal, en la casa que teníamos rentada», dijo Nereida Gómez Sánchez, una de las integrantes de la familia y a quien la Fiscalía le quitó a sus hijos durante el cateo. «Ellos dijeron que teníamos a niños secuestrados, pero eran nuestros hijos, vivíamos 5 familias en esa casa».
La detención de cinco integrantes de la familia Gómez ocurrió luego del secuestro de Dylan, un menor indígena quien desapareció el 30 de junio de un mercado de San Cristóbal de las Casas donde su madre vendía frutas y verduras. El caso del niño se volvió mediático y varias organizaciones ejercieron presión en su búsqueda.
Quince días después del secuestro del menor, el 17 de julio, fueron detenidos el señor Adolfo Gómez Gómez y la señora Josefa Sánchez Gómez en el centro de San Cristóbal de Las Casas por elementos de la Fiscalía Estatal y los acusó de estar vinculados al plagio de Dylan.
A Adolfo lo llevaron al penal de San Cristóbal de Las Casas donde murió el 27 de julio dentro de su celda. La Fiscalía dijo que se trató de un suicidio por ahorcamiento, pero su cuerpo tenía graves evidencias de que fue torturado, señaló la familia.
«El director del Cerezo número 5 agarró a un inocente, por culpa del director y de la Fiscalía de Chiapas murió mi padre y yo exijo la aclaración de su muerte», exigió Nereida Gómez, hija del señor Adolfo. «Mi padre no sabía robar, se dedicaba a trabajar, en eso actuó mal la Fiscalía y el director del Cerezo 5. Yo pido que dejen en libertad a mi madre. Pasan los días y noches y ella sigue detenida».
Días después de la detención de Adolfo y Josefa, el 21 de julio, la Fiscalía de Chiapas informó en conferencia de prensa de un operativo que realizaron en una vivienda en el municipio de San Cristobal y donde detuvieron a tres mujeres y un total de 23 menores, incluidos varios bebés, fueron «rescatados de una red de trata de personas».
Pero los menores que la Fiscalía estatal dijo que fueron rescatados, en realidad eran los hijos, nietos y sobrinos de las mujeres indígenas que encontraron en esa vivienda y se las llevaron presas. Entre los menores había tres lactantes, de 3, 12 y 20 meses de edad, y los demás son niños entre los 2 y los 15 años.
El mismo día 21 de julio cuando el Fiscal anunció la detención de las mujeres, integrantes de la familia Gómez acudieron ante las autoridades para informarles que se trataba de una confusión, pero no fueron escuchados.
El 14 de agosto, 45 días después de la desaparición de Dylan, la Fiscalía de Chiapas anunció que el menor había sido localizado con vida y detuvo a una mujer identificada como Margarita «N», de 23 años, quien estaba con el niño y se le imputó el delito de desaparición forzada entre particulares, que en México se castiga hasta con 70 años de prisión.
El Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca informó ese día que a lo largo de la indagatoria se desahogaron todo tipo de diligencias para recolectar pruebas y sumarlas a la investigación de manera cronológica, tanto antes como después del secuestro, lo que permitió identificar a la presunta responsable.
«Se identificó plenamente a la persona del sexo femenino que está en los carteles de búsqueda-recompensa. Se llama Margarita ‘N’, cuenta con 23 años de edad, es originaria de Cintalapa de Figueroa, Chiapas», declaró en esa ocasión. Pero omitió informar sobre la familia detenida a quien había acusado en un principio del secuestro del menor.
Las organizaciones Melel Xojobal, Redim y Colectiva Cereza alertaron desde un principio de la injusticia en este caso y responsabilizaron a la Fiscalía de Chiapas de las arbitrariedades cometidas en contra de los integrantes de la familia.
«Lamentamos la criminalización por parte de la Fiscalía», dijo Juan Pérez, de Redim. «Solicitamos que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y puedan ser investigados los actos criminales de la Fiscalía de Chiapas».
Patricia Aracil, vocera de la Colectiva Cereza, destacó que este caso muestra el abandono por parte de todas las autoridades del estado de Chiapas.
«Queremos denunciar el actuar sistemático y mafioso de la Fiscalía General del Estado, la detención arbitraria, tortura, la fabricación de carpetas de investigación que sirven para ocultar detenciones arbitrarias y la criminalización de familias indígenas», denunció.
Actualmente existen tres carpetas de investigación en el caso de la familia Gómez: La primera es la número 357 y es por delitos contra la salud en modalidad de posición; la segunda es la 340 que se lleva en la Fiscalía Antisecuestro, y la tercera es la carpeta número 24 y es por el delito de trata de personas en agravio de menores de edad.
