Si la organización Tojil obtiene el carácter de víctima para coadyuvar con el Ministerio Público y evita que la Fiscalía General dé el criterio de oportunidad a Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex alcanzaría una sentencia de 20 a 25 años acorde al daño que hizo al erario público. De lo contrario, prevé, sería exonerado por colaborar con información.
Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).– La Jueza de Distrito en materia de amparo penal de la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo, admitió un amparo contra la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) de reconocer el carácter de víctima de la organización Tojil (del maya, lo justo) en el caso del extitular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, figura por la que busca coadyuvar en el proceso para evitar impunidad.
«La decisión de que los ciudadanos podamos intervenir y evitar irregularidades en el caso Lozoya se encuentra en manos del Poder Judicial Federal», informó la organización civil cofundada por las abogadas Adriana Greaves Muñoz y Estefanía Medina Ruvalcaba. «Pese a que el Fiscal General [Alejandro Gertz Manero] muy brevemente ha informado a la sociedad del avance del caso, esto no es suficiente para que las víctimas de corrupción vigilen el actuar de las autoridades a cargo y colaboren en que se cumplan con los derechos de verdad, justicia y reparación«.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR) también les negó en 2018 el carácter de víctima en el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), por lo que se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El expriista fue detenido en 2017 en Guatemala. Luego de ser extraditado se le detuvo en el Reclusorio Norte, sin embargo, logró el acuerdo de procedimiento abreviado a cambio de una reducción de la pena, razón por la que Tojil pidió intervenir al tratarse de una red de corrupción.
Lozoya Austin es señalado por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero por los sobornos de 10 millones de dólares de la constructora Odebrecht para financiar las elecciones de Enrique Peña Nieto en 2012, a cambio de contratos como la compraventa de la planta chatarra AgroNitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA). La semana pasada el acusado denunció ante la Fiscalía al expresidente y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, por su relación con el histórico caso de corrupción en América Latina.
En entrevista, la abogada Adriana Greaves expuso que si Tojil obtiene el carácter de víctima para coadyuvar con el Ministerio Público (con pruebas, peritajes, control judicial) e impiden que la Fiscalía dé el criterio de oportunidad a Lozoya Austin (por colaborar con información), alcanzaría una sentencia de 20 a 25 años acorde al daño que hizo al erario público.
De lo contrario, si se comprueba la información que ha otorgado a la Fiscalía sobre más implicados, se le exoneraría, «lo cual se nos hace gravísimo, porque no fue una herramienta, sino que planificó y se vio directamente beneficiado por este daño». Su esposa, la heredera de Grupo Eckes-Granini, Marielle Helene Eckes, adquirió una residencia con vista al mar en el condominio exclusivo Quinta Mar en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, por 1.9 millones de dólares a través de un abogado en 2013. Ella, al igual que su hermana Gilda Lozoya, son buscadas por la justicia por complicidad. Su madre Gilda Austin está en prisión domiciliaria en la Ciudad de México.
Además, observó la abogada Greaves, el criterio de oportunidad no se puede dar si el caso es de interés público y uno de los requisitos es que se repare el daño (que regrese el dinero robado y señale a los otros participantes de la red).
«En todos los sentidos ha tenido un trato privilegiado cuando es un caso donde no debería haber el criterio de oportunidad. La defensa está utilizando una estrategia de generar empatía y la Fiscalía está cayendo. Lo ven como ‘nuestro amigo colaborador’ y que gracias a él darán con el villano más villano, cuando [Lozoya] fue parte de la cúpula del poder, planeó y ejecutó en el desvío de recursos; se nos olvida que él directamente recibió los sobornos y se vio beneficiado», afirmó Greaves.
«El actuar de la Fiscalía ha sido muy pobre e ineficiente en el caso Rosario, Collado [abogado de la élite política del peñismo], Lozoya y Duarte. Se pinta como una persecución política porque no está abriendo las investigaciones más a fondo, no está desarticulando las redes de corrupción ni está recuperando el dinero robado», aseguró.
La semana pasada, el Fiscal Alejandro Gertz insinuó que la exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, sigue presa en el Reclusorio Sur porque no ha aceptado señalar a los otros implicados en la triangulación de recursos públicos a universidades estatales y empresas fantasma. En sus palabras, «no ser solidaria con el Estado Mexicano».
Tojil junto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República, por la posible comisión de delitos de corrupción cometidos por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Sedatu y particulares revelados por la Estafa Maestra.
La organización Tojil impulsa el carácter de víctima, ya que, explicó la abogada Greaves, los recursos públicos a los que todos contribuimos por impuestos deben ser administrados de manera correcta para que el Estado preste servicios públicos de justicia, salud, educación, desarrollo y economía de manera eficaz.
«Los delitos de cohecho (sobornos) y de corrupción no afectan a una persona en lo individual, sino a la colectividad, a los que no les llegan programas sociales, medicinas, escuelas, transporte público o seguridad. Todos nos vemos afectados por la corrupción», dijo.
Por lo que esperan que los jueces concedan el amparo en el caso Lozoya, que la Fiscalía no lo recurra, como pasó en el caso Duarte, y puedan participar activamente para darle la transparencia y seguimiento que se merece para evitar irregularidades. «Sin embargo, si la Fiscalía sigue cerrando la participación ciudadana, nos iríamos hasta las últimas instancias», estimó Greaves.
CASO DUARTE A LA CIDH
El exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, detenido por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, acordó un procedimiento abreviado con la entonces Procuraduría General de la República (PGR). A cambio de declararse culpable para ahorrar tiempo y costos, se le reduciría su pena a nueve años y a una multa de 57 mil pesos. Pero con la prisión preventiva es probable que salga el próximo año o en año y medio.
La organización Tojil denunció en 2018 a la PGR el carácter de víctima porque en un caso como el de Duarte, que incluye una red de corrupción y un desfalco millonario, se debía llevar a juicio oral. Al negarles la solicitud, pidieron un amparo como en el caso Lozoya. Aunque se les concedió, tras un recurso de revisión se les negó.
«Queríamos ver justicia y la justicia sería toda la reparación del daño que ascendía a miles de millones de pesos. Se nos hace absurdo que esta persona salga con una pena de pocos años de cárcel sin haber regresado el dinero que se robó. Por qué el privilegio», dijo la cofundadora de la organización Tojil, Adriana Greaves.
En julio denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado Mexicano por la falta de reconocimiento de víctima «basado en una decisión arbitraria» sobre el trato de delitos de corrupción.
El artículo cuarto de la Ley General de Víctimas, enfatizó Greaves, menciona que cuando hay delitos que protegen bienes jurídicos colectivos como la correcta administración pública, las organizaciones de la sociedad civil pueden representar a las víctimas y ser acreditadas como víctimas.
En los próximos siete meses esperarán si el Secretariado Ejecutivo de la CIDH admite la denuncia para que se turne a la Corte y se resuelva respecto a la culpabilidad del Estado mexicano por negarles el reconocimiento de víctimas para coadyuvar en el caso del expriista también embarrado en el caso Odebrecht.
