Una historia de Carlos Chavira lo confirma. Va de cuento: En un “pensamiento despeinado” Lec se pregunta: “¿Cuál es la forma más justa de emitir un juicio sobre un país? La más simple: sobre la base de su sistema judicial”.

En mi opinión, esta enseñanza no tiene desperdicio para México, si nos hacemos cargo de que el país es un gran almacén de agravios que se infligen en todas partes en las relaciones entre particulares poderosos o simples ciudadanos en disputa. Si hubiera un Poder Judicial que restituyera derechos no pasaría de ser un malestar, ciertamente molesto, que terminaría en una buena, rápida y pacificante cosa juzgada.

Lo grave está en una realidad que en nuestro país ha cobrado carta de normalidad: que desde el poder se aprovechen las propias instituciones destinadas a procurar e impartir la justicia y que a la hora de hacer el balance se devele que las utilizan para otras finalidades, siempre a modo de acrecentar el poder del mandón apropiado de su turno para ejercer, por ejemplo, el “poder para poder”, según frase acuñada por el tirano y corruptor chihuahuense César Duarte.

Este tema llega, cuando se tiene en presencia la lucha contra la corrupción, a una dimensión elevada cuando se escudriña si el derecho norma la política o, al contrario, la política domina la aplicación del derecho como si se tratara de una dúctil plastilina que de ninguna manera podemos tener por justicia. Aunque no sea medida con rigurosidad, en el estado de Chihuahua su sistema de justicia siempre ha estado dictado por los gobernadores, controlando el poder de las fiscalías para realizar deleznables tareas que nada tienen que ver con la esencia que define esa importante función.

Esta coactividad agresiva y al margen del derecho del estado golpea por igual a todos, tanto en los juicios sencillos como en los muy complejos por su cuantía y su materia, que están en la órbita de la corrupción política. Si a esto añadimos que hay un tortuguismo endémico para desahogar las tareas judiciales, ya tenemos integradas dos caras siniestras de una misma moneda: ejercicio faccioso del derecho y la lentitud que doblega a los ofendidos o les causa un daño increíble en los más variados aspectos de la vida cotidiana, aparte de golpear el bolsillo con las costas y honorarios que se causan buscando impartición de justicia que sólo retóricamente se puede catalogar como “pronta, expedita y gratuita”.

Hay en el estado de Chihuahua un caso ejemplar, el de Carlos Chavira, empresario y líder de su gremio en algún momento en Ciudad Juárez, que inició por ser perseguido por César Duarte Jáquez y Alejandra De la Vega, esta última ahora atrincherada en el Gobierno de Javier Corral, en el cual detenta la cartera de Economía, ejemplo señero de conflicto de intereses.

Carlos Chavira ha tenido que padecer y sortear un larguísimo encauzamiento penal que ya casi alcanza los diez años y que además lo obligó al exilio. Lo digo porque a mi juicio no hay ningún delito acreditado en su contra, así de sencillo. En tribunales, tanto en los hechos y en la visión jurídica del caso, ya se descartó la comisión de delitos, y sin embargo no cesa un afán de molestia y persecución. Ese absurdo comportamiento de las instituciones del Estado, además, lo mantienen fuera de su país. La facciosidad con la que se litiga desde el poder en agencias informales y la poca seguridad personal para regresar y correr el riesgo de convertirse o ser víctima de un procedimiento a modo para obstruirle su vida personal, la de su familia y la de sus negocios.

Chavira ha resistido, persiste, no se deja amedrentar y lleva todas las de ganar, pero ya son muchos años con ese molesto peso, caprichosamente sostenido porque sus adversarios han sido los gobernantes, primero Duarte y ahora el poder que irradia Javier Corral a una de las contrapartes, que sin duda se mueve por odio, casi casi como el que se narra en Los Miserables de Víctor Hugo.

Soy partidario de las buenas sentencias que resuelven los conflictos, y crítico de lo que he narrado, no acostumbro hacer apología de nadie, pero me queda claro que en este caso Carlos Chavira tocó, con el despliegue de su actividad legal y legítima, intereses de un minúsculo grupo de poderosos empresarios juarenses que creen que tienen el monopolio de todo lo que tenga que ver con el mundo empresarial, sus instituciones gremiales y las relaciones siempre muy lucrativas que les da estar a la sombra del poder. Es el caso de Alejandra De la Vega, ayer duartista, hoy corralista y siempre monolíticamente partidaria de lo suyo, lo cual no cuestiono, a condición de que reconozca que hay otros que al amparo de la Constitución también quieren tener vida propia para el despliegue de su libertad industrial establecida por la misma.

Me mueve hacer este texto un motivo esencial: Carlos Chavira es una nueva voz en el complejo debate de acabar con el corporativismo empresarial, para dotarlo de las libertades que hoy no tiene y quitarle los cinchos que lo oprimen, más cuando sabemos que los que tienen el control, de la Coparmex por ejemplo, son muy duchos en cuestionar, de los dientes para afuera, el corporativismo que impide la consolidación de la democracia, pero con una salvedad: el propio lo consideran intocable.

Jaime García Chávez

https://dev.sinembargo.mx/author/jaime-garcia-chavez/

Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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