Empacadora Xipehua S.A. de C.V. es una segunda empresa con la que sus propietarios, Juan de Jesús García Correa y María Patricia Gutiérrez Ortiz, están siendo beneficiados del trabajo de las y los jornaleros. Los testimonios confirmaron que anteriormente Xipehua se promovía como Invernaderos Nixte o Grupo Nixte (formalmente Nixte S. de P.R. de R.L. de C.V.). Además, no son las únicas empresas con las que cuentan estos empresarios dentro del sector.
Guanajuato, 7 de agosto (PopLab).- Jornaleras y jornaleros de la Congregación otomí de Cieneguilla en Tierra Blanca se presentaron en el citatorio de la Junta de Conciliación y Abritraje de Celaya el pasado lunes 03 de agosto, después de que denunciaran que la empresa Empacadora Xipehua estaba abusando laboralmente de ellas y ellos al negarse a pagar hasta seis semanas de trabajo en plena contingencia sanitaria. Sin embargo, ningún representante de Xipehua asistió al citatorio para llegar a un acuerdo, por lo que procederán a interponer una demanda laboral contra la empresa.
La fecha de la cita en la Junta de Conciliación fue notificada a la empresa y al grupo de trabajadoras y trabajadores agrícolas desde la semana pasada por parte de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del estado de Guanajuato, a quien habían acudido en busca de una solución inmediata frente a la ausencia de pagos. Antes de la denuncia en la Procuraduría, un grupo de más de 50 jornaleros/as entabló conversación directa con la empresa para exigir la remuneración de sus semanas, pero nunca recibieron la contraprestación debida y, además, fueron objeto de tratos indignos.
No obstante, su descontento va más allá: el invernadero Xipehua no es la primera vez que deja sin pagos a las y los trabajadores, sino que les engaña respecto a los días de entrega de nómina y condiciona sobre los jornales pactados. La empacadora les prometió jornales de 200 pesos a adultos y de 150 a niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, la entrega del cien por ciento del jornal está condicionada a que terminen un trabajo a destajo pese a que trabajan ocho horas diarias, lo cual constituye un engaño laboral. A eso se suma la falta de prestaciones que garantiza la Ley Federal del Trabajo (LFT) y a los múltiples abusos de la agroempresa.
POPLab encontró que Empacadora Xipehua S.A. de C.V. es una segunda empresa con la que sus propietarios, Juan de Jesús García Correa y María Patricia Gutiérrez Ortiz, están siendo beneficiados del trabajo de las y los jornaleros. Los testimonios confirmaron que anteriormente Xipehua se promovía como Invernaderos Nixte o Grupo Nixte (formalmente Nixte S. de P.R. de R.L. de C.V.). Además, no son las únicas empresas con las que cuentan estos empresarios dentro del sector.
Pese a su prolífica flotilla de negocios, Nixte es una agroempresa irregular que ha incumplido con entidades financiadoras nacionales e internacionales públicas y privadas. Entre ellas SAGARPA, Secretaría de Economía, Corporación Interamericana de Inversiones (CII) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Ve por Más SA. de CV. (BX+). El CCI-BID y BX+ iniciaron procesos legales contra Nixte ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 2018 y 2019.
A pesar de las sumas millonarias que ingresan a sus cuentas, Xipehua-Nixte no paga a las y los trabajadores agrícolas e incumple con el marco jurídico de la LFT. A la mitad de la pandemia y en medio de un contexto económico incierto, la agroempresa de García Correa y Gutiérrez Ortiz evade ilegalmente la remuneración de quienes sostienen sus actividades de exportación.
INVERNADEROS: ¿EXPLOTACIÓN SILENCIOSA?
María del Carmen Álvarez Juárez, directora de la Dirección de Atención a Mujeres Indígenas y Afromexicanas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), recibió una llamada de las mujeres jornaleras otomíes hace unas semanas. De entonces a la fecha, el INPI, a través del profesor León Rodríguez García, jefe de oficina del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas (CCPI) en San Luis de la Paz y de Álvarez Juárez, ha acompañado al grupo en las estrategias de negociación administrativas y —ahora— jurídicas en su relación laboral con Empacadora Xipehua. La Coordinación de Derechos Indígenas de la institución está dando un seguimiento cercano al caso.
«Esto está creciendo porque aparentemente no se había destapado. Entiendo que les pasó a gente de Misión de Chichimecas, que a ellos les pagaron y como dijeron ‘bueno, ya no volvemos a trabajar ahí’ y ya ahí se quedó», dijo la funcionaria del INPI.
A partir de los testimonios de los otomíes de Cieneguilla y de que se han sumado cuadrillas de trabajadores para denunciar a Xipehua-Nixte, se evidencia —como dice el INPI— que el problema de abusos laborales con agroempresas bajo el sistema de invernaderos afecta a más jornaleras y jornaleros agrícolas.
Este esquema de producción ha crecido en los últimos años y además ha sido motivo de presunción política por parte de los gobiernos de Querétaro y Guanajuato. En 2018 se inauguró un invernadero del del Grupo Ganfer en San Luis de la Paz que fue muy celebrado por los gobernadores de entonces en ambos estados, Francisco Domínguez Servién y Miguel Márquez Márquez. Un invernadero de enormes dimensiones que puede ser rastreado sencillamente por Google Maps.
Hace poco más de un año, el 13 de junio de 2019, se inauguró también un invernadero más de la empresa española PLANASA para cultivar fresa, frambuesa, arándano, espárrago, semillas de ajo y árboles frutales en Dolores Hidalgo. Miguel Ángel Rayas, presidente municipal, celebró las fuentes de empleo que daría a las comunidades dolorenses, alrededor de 800, según el presidente de la trasnacional.
«Y por otro lado resaltar que estas empresas —dice Carmen Álvarez— cuando llegaron y se asentaron con bombo y platillo en el Corredor Industrial de Querétaro hacia San Luis Potosí pasando por la zona Noreste del Estado, pues parecía muy prometedora; parecía que hay posibilidades de trabajo bien remunerado y que ante la falta de oportunidades laborales en la región, pues la gente los vio bien, pero que lo que se da cuenta es que justo los que van a ir a trabajar son la gente más pobre, la gente con mayor necesidad y en este caso la gente de la que siempre se ha aprovechado el sistema: que son las comunidades indígenas. Eso también hay que resaltarlo».
DEMANDA PROCEDE POR VIOLACIONES A LA LFT
La directora de Atención a Mujeres Indígenas y Afrodescendientes destacó que, de acuerdo con la asesoría brindada a jornaleras y jornaleros, «independientemente de que les pagaran, se tenía que denunciar la situación irregular que lleva a cabo esta empresa en términos laborales».
Después de que el INPI conoció el caso y comenzó el acompañamiento, las y los jornaleros fueron atendidos por Mario Alberto Quezada Padilla, Procurador General de la Defensa del Trabajo, y por Juan Cerda Moncada, de la Procuraduría del Trabajo de Celaya, con quienes se agendó el citatorio en la Junta de Conciliación y Arbitraje a la que no acudió Empacadora Xipehua.
Ahora, las y los otomíes de Cienguilla, Tierra Blanca, procederán con las demandas laborales correspondientes por abuso laboral de la agroempresa. «Al no presentarse, al hacer caso omiso, de manera frontal están diciendo que no quieren conciliación», precisó María del Carmen Álvarez Juárez. Empacadora Xipehua se negó a pagar a jornaleros/as y a contratistas. De entonces a la fecha, el grupo de trabajadores/as agrícolas se ha dedicado a conformar una organización más fuerte y proceder como grupo fijando una postura.
«Y ahí coincidieron que independientemente de si se llegaba a un arreglo de pago, sí se tenían que estar ventilando las irregularidades de la empresa, porque no era la primera. Y seguramente de seguir así, va a seguir así hasta el fin de sus días».
Según dice el INPI, de las 19 comunidades en Cieneguilla, «van a empezar a salir los comentarios de que otras y otras y otras. Sí son varias comunidades de la Congregación que están en esta situación en este momento. Habrá que ver de Victoria, del mismo San Luis de la Paz, de los otros municipios que tienen población indígena que están cercanos, cuánta gente acude [a trabajar en invernaderos] y cuánta gente está en esta situación». Las jornaleras y jornaleros afectados por Xipehua hasta el momento son de las comunidades de Cerro Colorado, Cuesta de Peñones, Cieneguilla, Juanica, El Guadalupe y El Picacho, pertenecientes a la Congregación Indígena Otomí de San Ildefonso, en Cieneguilla, Tierra Blanca.
DIPUTADO CONFIRMA IRREGULARIDADES
En una conversación directa con POPLab el diputado panista, promotor de la cuestionada reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para la participación de los pueblos y comunidades indígenas, aseguró que de manera extraoficial la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social estará pensando en hacer una visita «para revisar las condiciones laborales que ofrece la empresa».
Además dijo que Miguel Ángel Alfaro Manrique, Coordinador de Atención a Grupos Vulnerables de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU), ya está al tanto del asunto y le ha dado seguimiento desde que surgieron las primeras denuncias del grupo. Dijo complementariamente que SEDESHU «sí tiene las facultades expresas para apoyar y colaborar desde el punto de vista indígena o conflictos de naturaleza indígena».
Fue insistente, por añadidura, en que «la autoridad moral de la empresa [Empacadora Xipehua] ya se evidencia que es muy poca» y que dada la situación económica tan comprometida del grupo de jornaleras/os verá «si es necesario apoyarlos con traslados o algo así, para tratar de que saquen esto adelante», puesto que viajar desde Tierra Blanca a Celaya, así como todo el proceso, puede ser muy costoso. «Por lo que veo se están enfrentando a un pájaro de cuenta y además con muchas mañas y muchos recursos. Entonces sí hay que buscar la manera lo más que se pueda apoyarles, no dejarlos solos», dijo Rangel Hernández.
«Yo no conozco a la empresa —aseveró el diputado—, pero lo que me habían comentado también es que ha sido beneficiaria de programas agropecuarios de SAGARPA o mezclados con SAGARPA y SDAyR, y que uno de los requisitos que le piden es estar al corriente de sus cuestiones laborales. Entonces eso quiere decir ahí que han estado falseando información a la autoridad».
Bien es cierto que la explotación laboral de jornaleros indígenas en el estado de Guanajuato es un tema visible por el que trabajan organizaciones como el Centro de Desarrollo Indígena Loyola ya desde hace muchos años. Pero un problema hasta ahora desapercibido emerge a raíz de todo lo anterior: hay invernaderos para producción agroexportadora en el Noreste de los que no se sabe nada o apenas muy poco. Lo que sí sabemos sobre ellos se han encargado de comunicarlo los otomíes de Tierra Blanca: amasan ganancias millonarias y exportan alimentos con base en la explotación laboral.
