La segunda presentación de Emilio Lozoya ante un juez, ahora por el caso Odebrecht, le trajo otra vinculación a proceso por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y el de cohecho, en su calidad de autor material y naturaleza dolosa.
En esta segunda audiencia que duró 14 horas, la Fiscalía presentó acusaciones de lo hecho por Lozoya cuando formó parte del equipo de campaña de Peña Nieto y luego, Director general de Pemex.
–Con información de Romina Gándara, Dulce Olvera y Efrén Flores
Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) contó una parte de la historia de 2012 durante la segunda audiencia de Emilio Lozoya Austin. Hasta ahora, de la elección que le dio la victoria a Enrique Peña Nieto se sabía de acarreos de gente a las casillas, la compra de votos, el reparto de tarjetas Monex, Soriana… Pero no del modus operandi en el círculo cercano al expresidente que incluyó el pago de sobornos y la asignación de contratos de obra publica.
Al día siguiente de la elección, el lunes 2 de julio de 2012, la gente salió a las calles. Muchos jóvenes aglutinados en el movimiento #YoSoy132 organizaron marchas, fijaron horarios y puntos de encuentro para las protestas. La consigna ya había pasado del “Peña no pasarás” al “Peña no eres mi Presidente”.
Pasaron las semanas y las protestas no cedieron, pero se acercaba el día de la validación de la elección por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El 31 de agosto, día en que se determinó la validación, la gente se reunió afuera de las instalaciones ubicadas en la alcaldía de Iztacalco, en la Ciudad de México.
La tarde que era gris pasó de las consignas, ya tradicionales, al intento de algunos manifestantes de confrontar a la policía. Esos ánimos fueron apagados, pero no del todo, ya que eso terminó por ocurrir el 1 de diciembre de ese año, en la toma de protesta de Peña Nieto. Fueron horas de protestas, destrozos a establecimientos privados y enfrentamientos con el cuerpo de granaderos y la Policía Federal.
Esas tres fechas son una parte de la historia, pero ahora se sabe qué fue lo que ocurrió en esos mismos días en el círculo cercano del expresidente.
De acuerdo con las acusaciones que la FGR tiene contra Emilio Lozoya Austin, éste negoció con la constructora Odebrecht pagos por 4 millones de dólares durante la campaña de Enrique Peña Nieto y otros 6 millones cuando fuera director de Pemex.
Las declaraciones de Alberto de Meneses, representante de la empresa en México en ese entonces, detallan más lo que ocurrió esos días: De Meneses como representante de la empresa diseñó junto con Lozoya “infinidad de planes irregulares” para aplicarlos en el país.
“En varias ocasiones “ERLA” agradeció a Luis de Meneses y sus colaboradores el apoyo brindado por Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto”, puede leerse en el texto compartido por el Consejo de la Judicatura Federal.
Los testigos protegidos detallan que de 2011 a 2014, en México se hicieron sobornos por 10.5 millones de dólares para asegurar contratos de obra pública” y fueron 39 millones de dólares los que la empresa obtuvo de México por la adjudicación de obras.
“El imputado recibió beneficios en su cuenta en Suiza”, agregó la FGR.
Santiago Nieto, quien fue titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade), dijo que fue presionado por Lozoya para que saliera a declarar su inocencia frente a los desvíos de Odebrecht al PRI durante la campaña. Era 2017 y el capítulo de la constructora brasileña apenas se abría.
La Fepade era la única que tenía esa certeza, ni el INE ni el Tribunal.
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La comparecencia de Emilio Lozoya Austin puso al descubierto un entramado de corrupción que operó desde la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y pone en evidencia la omisión de organismos como el Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, coincidieron expertos en política y corrupción.
Para Enrique Toussaint, periodista y politólogo, si se desarrolla correctamente el proceso contra Emilio Lozoya, podría ser un juicio a toda una época y no sólo contra una persona.
«[Esta] Supone una investigación que trata de incorporar todos los elementos corruptos de un sistema: la forma en que se negocia políticamente, se financian campañas, se accede al poder y en la manera en que entregan contratos públicos a empresas nacionales y trasnacionales», comentó en entrevista con SinEmbargo.
No obstante, recalcó que la gran duda en esto momento está en que si el Presidente Andrés Manuel López Obrador permitirá que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias, aunque haya aspectos que no le convengan políticamente.
«¿Qué tanto la política le puede pisar los pies a la justicia?, y si no se los pisa, creo que sí nos vamos a enfrentar a un escenario de otro quinazo como los que tenemos en cada sexenio y que en términos de sistema judicial no dejan nada. No veo qué podría detener a Lozoya de cantar, como se dice en el argot judicial. El tema es: ¿hay pacto con Peña Nieto?, ¿hay pacto con el priísmo o no?, ¿Hasta dónde llega la ola de corrupción? porque el Pacto por México no solo era con el PRI, el PRD y el Verde, también incluía sindicatos, empresarios. ¿Hasta dónde llega el cúmulo de información? y es ahí donde no sé si al Presidente le beneficie dejar correr toda la investigación”, cuestionó.
Y añadió: “Si el Presidente decide que el juicio corra y no detiene a la Fiscalía, me parece que puede ser un juicio icónico que puede marcar un antes y un después en materia de corrupción política”.
Por su parte, el politólogo José Fernández Santillán comentó que en lo que respecta a la elección de 2012, sí hubo omisiones en el IFE (que organiza las elecciones) y sobre todo en el TEPJF (quien sanciona irregularidades), pero no así en la Fepade que presidía Santiago Nieto, quien fue destituido por procesar debidamente el asunto.
El académico del Tecnológico de Monterrey recordó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) indagaba sobre los presuntos desvíos para campañas del Partido Revolucionario institucional (PRI) hasta que su titular Santiago Nieto Castillo, quien hoy encabeza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue destituido en 2017 a raíz de una entrevista con la prensa donde reveló que el exdirector de Pemex lo «presionó» para que lo absolviera de la acusación de haber recibido sobornos de la constructora Odebrecht para las elecciones.
Precisamente Nieto Castillo está al frente de una de las dependencias que participan en el juicio. La UIF fue la encargada de interponer las denuncias en contra de Lozoya por estos presuntos actos de corrupción. En la segunda audiencia en contra del exdirector de Pemex, la UIF lo acusó de cohecho, asociación delictuosa y delitos de recursos de procedencia ilícita.
“El caso de Lozoya es el caso más importante del Gobierno actual en lo que va del sexenio. Es un caso que ha venido sonando en el último lustro e implica la falta de judicialización por parte de organismos como la Fepade, el INE y el TEPJF. Es un caso que implica redes de complicidad que sí tiene un tufo de uso político de la justicia”, dijo a SinEmbargo Marco Leopoldo Arellano Toledo, investigador del Centro de Estudios Políticos (CEP) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La FGR, que encabeza Alejandro Gertz Manero, acusó a Lozoya de haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Una parte de estos sobornos, 4 millones de dólares, los recibió en 2012, cuando Lozoya era coordinador de campaña de Peña Nieto y prometió al directivo de Odebrecht en México Luis Alberto de Meneses un cargo en el futuro Gobierno.
Irene Tello Arista, directora ejecutiva de la organización Impunidad Cero, dijo también en entrevista que la expectativa es que el caso pueda llegar a un juicio oral para saber qué pasó con los sobornos, aunque para llegar a esa etapa aún faltan muchas cosas. Explicó que primero será necesario ver avances en esta primera investigación de corrupción para empezar a pensar en el resto de los casos sobre el desvío de recursos del sexenio anterior.
“Esperemos que sí haya un testimonio de la red de corrupción que operó el sexenio pasado para desviar tantos recursos públicos y aceptar los sobornos para promover campañas electorales, pero sí creo que, si no hay avances en la primera investigación, mucho menos en el resto de investigaciones, las cuales esperemos que se lleven a la par, pero sí creo que en este caso se tiene que dar un seguimiento adecuado”.
En la audiencia del día de ayer, Lozoya reiteró su intención de colaborar e hizo de nueva cuenta una especie de definición del grupo al que pertenecía.
La defensa en su oportunidad pidió hacer algunas observaciones. Primero agradeció la lectura de las acusaciones; luego dijo que el señor “ERLA” fue utilizado en su calidad de instrumento “no doloso, en el marco de un aparato de poder conformado por altas autoridades del Estado mexicano que estuvo constituido con el objetivo de abusar de ese poder que legítimamente les había sido concedido”.
Añadió que en su momento procederá a denunciar los delitos cometidos por los sujetos activos y responsables de los hechos que señaló el agente del Ministerio, “puntualizando de manera muy clara y contundente sus nombres, sus cargos que ocupaban y los métodos de instrumentalización que fueron utilizados para la comisiono de los hechos objeto de esta investigación”.
LA ELECCIÓN QUE SE APROXIMA
Toussaint dijo que espera que el proceso se realice con la finalidad de tener en México un futuro sin impunidad y no con el propósito que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) gane en el proceso electoral de 2021.
“Yo sigo teniendo mis dudas, pero también sé que, si esto se queda en Lozoya o incluso te diría en Videgaray, va a ser un golpe muy pequeño, muy estilo quinazo. Creo que llegar a la elección de 2021 con Rosario Robles, Emilio Lozoya, Juan Collado y César Duarte detenidos, sería muy pocas cabezas para la denuncia tan contundente que ha hecho Morena. Si AMLO quiere dar un golpe simbólico que los tiempos cambiaron tiene que ir por el expresidente Peña Nieto, no hay de otra”.
Para Arellano Toledo, el uso político de la justicia en México no es nuevo, ya que “todos los gobiernos utilizan el timing político en los temas legales, lo cual no es lo más adecuado en una democracia”.
“En el contexto del coronavirus, en el contexto de los indicadores que marcan una plena desaceleración económica y de cara al proceso electoral de 2021 que inicia ya en septiembre, suena políticamente muy redituable entregarle a la ciudadanía no sólo una cabeza, sino una red de complicidades de manejo de corrupción del gobierno”.
Añadió que el trato de las autoridades mexicanas hacia Lozoya ha sido “más amable” que en otros casos. Por lo menos, dijo, contrasta con otros casos de corrupción como el de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) Rosario Robles Berlanga.
“La integración del expediente de Emilio Lozoya le permite, prácticamente, encarar el proceso fuera de la cárcel. Está en revisión médica, pero sí se contrarresta mucho al dolo, y otra vez al uso político que se hizo, por ejemplo, de Rosario Robles, que no colaboró tanto, que también es un caso paradigmático para el Gobierno federal en términos de corrupción, y que más bien se vio asociado a una rencilla personal, incluso a nivel presidencial, por todo lo que Rosario significa en la colaboración con Ahumada hace muchos años, y que exhibió al Gobierno de la Ciudad de México en 2005-2006”.
En ese sentido, el investigador dijo que “la participación de Gertz Manero en la integración de la carpeta contra Emilio Lozoya indica que han optado por el caso más pequeño” entre las redes de corrupción descubiertas hasta ahora, «pero que tiene mayor rédito político” para el Gobierno en turno. Por ello, aseguró que “el trabajo de Gertz Manero pareciera que es discrecional”, pensando en que ir por Lozoya manda un mensaje de desarticulación de una red de corrupción desde el Estado por cuestiones de impartición de justicia, así como un mensaje político que tendrá impacto electoral.
“Yo creo que sí, que en efecto hay un tacto político, un olfato político para inflar los casos, mediatizarlos, y después no concluirlos. No es ajeno a éste gobierno, pero esperemos que en éste caso sí se llegue a las últimas consecuencias en las dos imputaciones: en el caso Odebrecht y en el caso Agro Nitrogenados”, agregó Arellano Toledo.
Fernández Santillán también coincidió en que el juicio al excolaborador de campaña de Peña Nieto también debe verse considerando el marco de las elecciones intermedias de 2021, donde se renovará el Congreso y gubernaturas estatales.
«Hay una instrumentación política del caso Lozoya. Antes de que se presenten las pruebas ya se le está acusando o se sueltan rumores de que así fue de asociación delictuosa, operación con recursos de procedencia ilícita y cohecho», afirmó y añadió que también se ha señalado a legisladores del opositor Partido Acción Nacional (PAN). «El Presidente Andrés Manuel López Obrador está llevando agua a su molino al asegurar que antes había corrupción y ahora no, pero y ¿qué de Manuel Bartlett y los otros exfuncionarios relacionados con la Estafa Maestra? Es una justicia selectiva, y eso no es justicia, sino política».
