La organización Human Rights Watch (HRW) hizo un llamado al Presidente de México para que emprenda una reforma integral a la policía mexicana, la cual ha sido acusada de cometer asesinatos y torturar civiles con impunidad; de acuerdo con la ONG, en muchas ocasiones los policías actúan por orden del narcotráfico, y son sometidos a malos pagos y extorsiones que ponen en riesgo su integridad.
Madrid, España, 26 de julio (Europa Press).- La ONG pro Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) ha exigido al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que emprenda inmediatamente una reforma integral de la policía nacional, a la que acusa de asesinar y torturar civiles con total impunidad, en ocasiones por orden del narcotráfico, en un comportamiento criminal resultado de múltiples factores, entre ellos el absoluto abandono institucional.
La denuncia de HRW se produce un mes después de las protestas realizadas en respuesta a un serie de asesinatos de civiles cometidos por las fuerzas policiales, comenzando por la muerte bajo custodia del trabajador de la construcción Giovanni López Ramírez en el estado de Jalisco.
Ramírez, de 30 años de edad, fue detenido a principios de mayo presuntamente por no llevar la obligatoria mascarilla de protección en plena epidemia de coronavirus en la ciudad de Ixtlahuacán de los Membrillos.
Las imágenes de video captadas por los testigos muestran una actuación policial extremadamente violenta, anticipada de lo que sucedería después. Ramírez falleció bajo custodia y, cuando su tía y su hermano fueron a identificar el cadáver, se encontraron con que el cuerpo del trabajador presentaba múltiples contusiones y una herida de bala en la pierna. Un agente de la policía reconoció ante ellos que sus compañeros se habían excedido en sus capacidades.
México debe reformar las fuerzas policiales https://t.co/WIl5ml6bIJ
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) July 25, 2020
El hermano de Ramírez llegó a asegurar ante las cámaras de televisión que el Presidente del municipio les había ofrecido 10 mil euros para mantener la boca cerrada y les amenazó incluso con matarles si contaban la historia.
Las protestas estallaron en la capital del estado, Guadalajara, y en todo el país. Los manifestantes derribaron las puertas del edificio del capitolio estatal, incendiaron vehículos de la policía y prendieron fuego a un agente.
En respuesta, oficiales vestidos de civil en camionetas sin identificación armados con palos y bates de béisbol amenazaron y detuvieron a los manifestantes, algunos de los cuales llegaron a perder el conocimiento por los golpes que les propinaron, según informó a HRW un representante del grupo de Derechos Humanos Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.
El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, rechazó las acusaciones y señaló a los partidos de la oposición como responsables de instigar las protestas. Alfaro, sin embargo, reconoció que cualquier exceso de violencia de la policía no procedía de orden del estado, sino de los cárteles del narcotráfico, dando a entender que la policía estatal no está bajo su control, según interpreta HRW.
Las protestas pusieron de manifiesto más casos como el de Ramírez. En Tijuana, Baja California, Yair López Jiménez murió asfixiado mientras era arrestado por un agente que aplastó su cuello con una bota. En Oaxaca, Alexander Martínez, de 16 años de edad, estaba haciendo un recado para su madre cuando fue asesinado a tiros por un oficial de policía que supuestamente le confundió con otra persona.
En la encuesta más reciente de personas detenidas realizada por la agencia estadística mexicana Inegi, casi dos tercios de los consultados afirmaron haber recibido golpes durante el arresto, más de un tercio fueron asfixiados, y una quinta parte de ellos dijo haber recibido descargas eléctricas.
En casi la mitad de los casos, la persona que llevó a cabo el arresto no se identificó como un oficial y en un quinta parte de los casos el sospechoso fue detenido sin una orden judicial y llevado a un lugar privado y no revelado en lugar de una comisaría de policía.
IMPUNIDAD
«El comportamiento abusivo de las fuerzas policiales de México», denuncia HRW, «es el resultado de múltiples factores, incluida la impunidad sistemática, la falta de claridad en el cumplimiento de las regulaciones que limitan el uso policial de la fuerza, la corrupción generalizada y la intimidación por parte del crimen organizado y décadas de abandono institucional».
Según el grupo no gubernamental Impunidad Cero (Impunidad Cero), las autoridades mexicanas resuelven solo alrededor del 1 por ciento de los delitos, incluidos los abusos policiales.
Casi todos los delitos quedan impunes a pesar de los innumerables casos en los que las propias autoridades se revelan como cómplices de los abusos. A día de hoy, sigue sin haber estadísticas oficiales de personas asesinadas por la policía en México, según HRW.
Los agentes están mal pagados y se enfrentan a enormes presiones del narcotráfico, y son objetivo de los propios cárteles cuando incumplen sus órdenes (450 policías mueren cada año en el país). Alrededor de un tercio de la policía de la Ciudad de México y el 10 por ciento en todo el país informan de que sus superiores los obligan a pagar «cuotas ilegales», según Causa en Común, un grupo que evalúa el desempeño de la policía mexicana.
A quienes se niegan a pagar se les puede negar promociones, capacitación y acceso a equipos, o se les puede obligar a trabajar en turnos más largos o más peligrosos. Un tercio de los agentes de policía encuestados informaron de que han llegado a trabajar en turnos de 24 horas.
A ellos se suman las acusaciones por estar mal pagados y peor entrenados, y una quinta parte de los encuestados por el Inegi dicen no haber recibido instrucción alguna, mientras que muchos ni siquiera están en plantilla.
En lugar de abordar directamente el problema, los líderes mexicanos «simplemente han transferido fondos y responsabilidades de la policía a los militares», que a su vez han acabado implicados múltiples atrocidades.
Por todo ello, HRW exige al Presidente mexicano «un esfuerzo serio para reformar las fuerzas policiales de México» con vistas a un «sistema de rendición de cuentas», centrado en los límites al uso policial de la fuerza, el final de la corrupción, y la profesionalización de las fuerzas de seguridad».
