Además de comercio digital y derechos laborales, entre los nuevos capítulos del T-MEC se aborda el medio ambiente. Pero además de manejar un lenguaje suave, deja deudas en la actividad minera y agroindustrial, de acuerdo con el análisis de especialistas.
Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).– El T-MEC que entró en vigor este julio incluye el capítulo 24 dedicado al medio ambiente, a diferencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Pero maneja un lenguaje «suave y laxo», las mineras seguirán devastando en Áreas Naturales Protegidas (ANP) y la puerta a semillas transgénicas continúa abierta, analizaron especialistas.
Este nuevo capítulo promueve la protección de la capa de ozono y biodiversidad biológica (incluye combate al comercio ilegal de flora y fauna silvestre terrestre y marina con inspecciones de embarques), impulsa una gestión forestal sostenible (talas ilegales), la reducción de basura plástica, el mejoramiento de calidad de aire y la posibilidad de que ciudadanos y organizaciones civiles puedan denunciar a los otros países por no cumplir la legislación ambiental nacional de manera efectiva, aunque no hay sanciones directas.
A la par se generó un nuevo Acuerdo de Cooperación Ambiental para el cumplimiento de la legislación ambiental y la promoción de participación pública e investigación a través de un Consejo con secretariado rotativo entre México, Estados Unidos y Canadá.
PROTECCIÓN DE MARES
En materia del sector pesquero, Juan Manuel Calderón, director ejecutivo de Enviromental Defense Fund, destacó que nuestras exportaciones sobre todo a Estados Unidos de camarón, pescado, crustáceo y molúscos han tenido una tendencia de superávit, pero el reto es la pesca sustentable porque la sobrexplotación ha llegado a un nivel límite.
El subcapítulo del T-MEC para protección de mares y costas busca prácticas no contaminantes, considerar las necesidades de la población y comunidades, y la reducción de basura marina como los plásticos.
Y en subcapítulo de pesca se aborda el comercio y biodiversidad con medidas restrictivas del importador al comercio de productos que no cumplen con protección de recursos marinos y promueve a los productos pesqueros sostenibles y legales; actividades controladas para que los ecosistemas acuáticos reciban el menor impacto posible; la disminución de pesca ilegal y recuperación de poblaciones en sobrepesca; conservación de especies y desarrollar análisis de impacto para garantizar sustentabilidad a través de inspección y prohibición de venenos.
«El T-MEC prioriza una agenda ambiental y establece reglas más estrictas de acceso a mercados, lo que nos parece positivo. Ojalá los países se lo tomen con la seriedad que el tema requiere, y que en la práctica el Gobierno de México pueda establecer el liderazgo necesario», dijo Calderón durante la conferencia organizada por el Seminario Universitario de Sociedad Medio Ambiente e Instituciones.
MINERAS EN ANP
Aleida Azamar, investigadora de economía ecológica en la UAM Xochimilco, aseguró que el T-MEC «mantiene intacto el privilegio» de un grupo selecto de empresarios nacionales e internacionales de minería que «se han adueñado» de una gran parte del territorio nacional para su aprovechamiento. Para empezar, no se prohibe la minería en Áreas Naturales Protegidas.
La Secretaría de Economía ha otorgado casi 60 mil hectáreas de concesiones mineras al interior de Áreas Naturales Protegidas, incluyendo el área de las mariposas monarca, reportó Fundar en 2017.
Azamar documentó que desde que la actividad minera se abrió a la iniciativa privada y grandes trasnacionales en el marco de la Ley Minera (1992) y el TLCAN, el sector está compuesto por actores extranjeros, principalmente 13 proyectos de Estados Unidos, 63 de Canadá y 24 de otros países.
Las deudas del T-MEC en esta materia es exigir medidas de beneficio a favor de las poblaciones, donde se ejerce la minería, exigir a los titulares de concesiones mineras para que inviertan en desarrollo local de las comunidades donde laboran (el Fondo Minero no redistribuye), establecer pautas para que toda actividad minera se dé en un marco de sustentabilidad y respecto de autonomía de las comunidades ejidales, indígenas o urbanas, así como poder cancelar concesiones mineras si entran en conflicto socioambiental.
La actividad minera en su fase de exploración y explotación de minerales ha contribuido solo con el 1 por ciento del PIB y genera menos de 100 mil empleos (solo 0.1 por ciento formales, el resto es outsourcing) cada vez con más minería a cuelo abierto. En la fase de fabricación aporta el 4.9 por ciento del PIB, 300 mil empleos directos y 2 millones indirectos.
Azamar expuso que los 15 principales municipios mineros en el norte y sur como Cananea, Fresnillo o Sahuaripa «viven en una desgracia social». Al menos 13 están en niveles de pobreza por encima de la media de pobreza nacional, siete sobrepasan el nivel de pobreza extrema, y diez comunidades carecen de servicios básicos.
«En minería hubo pocas variaciones ya que las empresas están ampliamente beneficiadas y es poco probable que hay cambios futuros», planteó.
SIGUEN TRANSGÉNICOS
Malin Jönsson, investigadora de la fundación Semillas de Vida, expuso que la biotecnología tratada en el T-MEC son transgénicos, en contraste con el compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador de prohibirlos.
En el artículo 3.14 se aborda la importancia de «alentar» la innovación agrícola y facilitar el comercio de productos de biotecnología agrícola.
Recordó que desde el TLCAN, por el desmantelamiento de las empresas estatales de agricultura, importamos una tercera parte del maíz (amarillo y transgénico resistente al glifosato) y 80 por ciento de arroz y trigo. La exportación de aguacates, jitomates, chiles y hortalizas se da con base en mano de obra sobreexplotada y con sobrexploatación del medio ambiente por el uso de agroquímicos y cambios de uso de suelo que terminan matándolo.
Desde 2001 se detectó el primer transgénico en Oaxaca. Ahora, 64 diferentes razas de maíces nativos y criollos y miles de variedades están amenazadas y con ello nuestra cultura alimentaria, tradiciones e identidad.
«El T-MEC, actualización del TLCAN, viene de un modelo económico que tiene como centro incrementar el comercio y la inversión extranjera para impulsar el crecimiento económico. Está protegiendo los derechos de la corporaciones trasnacionales por encima de los derechos y del medio ambiente al grado de que pueden demandar a las naciones por pérdidas», dijo.
Jönsson recordó que el Congreso impulsaba una iniciativa para reformar la Ley Federal de Variedades Vegetales para aumentar la productividad con “semillas mejoradas”, como explicó el Diputado que la presentó, Eraclio Rodríguez. Pero el colectivo Sin Maíz nos hay País alertó que esta propuesta permite su “privatización” a líderes trasnacionales sin consultar el conocimiento de los campesinos e indígenas, los dueños de las semillas.
«Por el momento lo logramos parar con campañas. Se iba a discutir la iniciativa en el Congreso antes de la puesta en vigor del T-MEC, pero seguro resurgirá», afirmó.
La actualización del TLCAN también requiere que en los próximos cuatro años México entre al Acta 91 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización con sede en Ginebra establecida en 1961 para asegurar la propiedad intelectual de semillas en el mundo. Lo cual, alertó Sin Maíz no hay País, es muy fuerte porque establece derechos de monopolios en favor de los ostentores de variedad vegetales (aquellas personas que crean o descubren una variedad vegetal). Se amenaza una propiedad colectiva de conocimiento tradicional y abre las puertas a la biopiratería, porque equipara el concepto de descubrimiento por el de invención.
