Por: Ximena Antillón y Humberto Guerrero*

Hoy 30 de junio, el Fiscal Alejandro Gertz Manero dio a conocer que la Fiscalía solicitó 46 órdenes de aprehensión en contra de diversos funcionarios públicos de varios municipios de Guerrero, por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada. Estas órdenes solicitadas se unen a las ya obtenidas en contra de funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República, involucrados en la fabricación de la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa, como Tomás Zerón, que ahora se encuentra prófugo. Asimismo, informó que el día de ayer se obtuvo la aprehensión de José Angel “N”, alias “El Mochomo”, quien fue un participante de gran notoriedad en el caso. Gertz concluyó la información relativa al caso Ayotzinapa señalando que en esta nueva etapa de la investigación “se acabó la verdad histórica”.

La llamada “verdad histórica”, como fue documentado por un equipo de expertas en acompañamiento psicosocial en el informe Yo sólo quería que amaneciera, causó un profundo sufrimiento en los padres, madres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, pero también tuvo impactos en los colectivos de familiares de personas desaparecidas y en la sociedad. Con esta versión fabricada para cerrar el caso, el Gobierno ponía un sello de impunidad sobre Ayotzinapa y todas las desapariciones en el país. A esto llamamos “la pedagogía de la impunidad”, que profundiza el sufrimiento y la incertidumbre en las víctimas, el miedo y la vulnerabilidad en la sociedad, pues nos volvemos todos «desaparecibles«, así como la desconfianza en el Estado y la desesperanza.

Por esta razón, desde Fundar queremos aportar a dimensionar lo que significa la detención a casi seis años de los ataques en Iguala, de uno de los principales líderes de Guerreros Unidos, grupo criminal involucrado en la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, que se encontraba prófugo desde el 2014.

Las organizaciones acompañantes de los padres y madres de Ayotzinapa señalamos que esta detención es relevante porque “puede contribuir al esclarecimiento del caso”. Para ello, “es fundamental que se incentive su colaboración con la investigación del paradero de las víctimas y que se sigan indagando los vínculos de su familia y su organización criminal con las fuerzas de seguridad de los tres niveles de Gobierno”.

Para los padres, madres y familiares de los 43 normalistas que han resistido a la mentira institucionalizada con altos costos para su vida y su salud, esta detención es importante porque podría proporcionar información sobre el paradero de sus hijos. Por otro lado, esta detención y la investigación en curso abona al derecho a la verdad de la sociedad en su conjunto, pues podría ayudar a esclarecer qué pasó la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

El derecho a la verdad permite no sólo saber lo que pasó, sino comprender las dinámicas detrás de estos hechos de extrema crueldad. La información que esta persona aporte puede ayudar a conocer y entender la dinámica de macrocriminalidad generada en el estado de Guerrero, la cual incluye la forma en que los grupos de la delincuencia organizada se articularon con los tres niveles de gobierno para operar y posteriormente ocultar la desaparición de los estudiantes y la de miles de personas más. Las dinámicas de macrocriminalidad son una referencia recurrente al momento de describir el fenómeno de la violencia y las desapariciones en nuestro país; sin embargo, son escasos las experiencias de documentación y reconocimiento judicial de la misma. Por ello, la detención de este presunto líder de Guerrero Unidos también representa una oportunidad de iniciar un camino hacia la judicialización de los casos de violencia en el país bajo esta perspectiva.

Si bien esta acción representa un hito en el caso Ayotzinapa, la aprehensión de este presunto líder criminal tiene efectos positivos más allá de este, pues en un contexto de prácticamente parálisis de las investigaciones en la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, muestra que las instituciones pueden realizar su trabajo a pesar de la contingencia por la pandemia de COVID-19 y alienta a las víctimas a continuar exigiendo la debida diligencia que garantice sus derechos.

Este paso hacia la verdad y la justicia, resultado del trabajo de la Fiscalía Especializada para el caso Ayotzinapa, pero sobre todo de la larga lucha de los familiares y sus representantes, también representa una esperanza en una larga historia de impunidad que persiste en la mayoría de las más de 61 mil desapariciones que se reconocen oficialmente en el país.

* Ximena Antillón es investigadora y Humberto Guerrero coordinador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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