Si bien en la reducción de los privilegios de la clase política se avanzó, los números muestran que los funcionarios de la actual administración aún viven una realidad muy distinta a la del resto de la población.
–Con información de Daniela Barragán
Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- La brecha entre altos funcionarios públicos y el grueso de la sociedad aún es una realidad en México. La nueva entrega de las declaraciones patrimoniales de quienes encabezan el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) en México muestra que los ingresos y el número de propiedades que poseen aún los coloca como una clase política privilegiada.
De acuerdo con las 76 declaraciones patrimoniales de 31 funcionarios, ubicadas en el Registro de la Secretaría de la Función Pública (SFP), éstos tienen, proporcionalmente, 10 veces más casas que el mexicano promedio.
En cuanto al salario, los 31 políticos perciben en promedio 135 mil 234 pesos mensuales mientras que un trabajador alcanza, también en promedio al mes, los 18 mil 500 pesos.
Esta situación persiste aún cuando la actual administración impulsó, desde sus primeros meses de operación, una política de austeridad para que ningún servidor público pudiera tener un sueldo mayor al del Presidente (161 mil 56 pesos brutos mensuales). En ese mismo tenor, el Gobierno de la 4T anunció la cancelación de algunos seguros privados a los que tenían acceso los funcionarios públicos, por causas médicas, defunción y separación del cargo, por mencionar algunos ejemplos.
El salario mensual promedio de 30 funcionarios públicos del Gabinete Legal y Ampliado del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue de 135 mil 234 pesos, entre diciembre de 2018 y mayo de 2020. Dichos salarios incluyen los ingresos de los titulares de las 19 secretarías de Estado, así como de los encargados de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), de la Oficina de Presidencia y de nueve dependencias gubernamentales más (Capufe, CFE, Conacyt, Conade, Conagua, IMSS, ISSSTE, Pemex y SAT).
En la siguiente tabla se puede observar lo declarado por los funcionarios ante la SFP.
Además de revisar las declaraciones de éstos 30 funcionarios públicos, la Unidad de Datos de SinEmbargo revisó las declaraciones del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, pero la información pública disponible del Fiscal sólo refiere su grado de estudios y su experiencia laboral, por lo que no fue posible saber más acerca de su situación patrimonial y/o de intereses.
EL NIVEL DE INGRESOS
La información pública disponible sobre la situación patrimonial del Gabinete Ampliado del Presidente AMLO indica que sus ingresos, a pesar de corresponder al gasto de responsabilidad y/o de especialidad técnica según los tabuladores del Gobierno federal, es muy superior al ingreso de la mayor parte de la población mexicana.
Mientras que éstos altos funcionarios públicos tuvieron ingresos mensuales equiparables a 37 salarios mínimos mensuales de 2020¹, el 81 por ciento de la fuerza laboral ocupada de México² (más de 44.6 millones de personas) tuvo un ingreso máximo de cinco salarios mínimos (casi 18 mil 500 pesos) por mes.
Lo anterior implica dos cosas: primero, que un funcionario público de alto nivel tiene ingresos hasta 7.4 veces mayores a los de un trabajador promedio en México; y segundo, que los funcionarios públicos de alto nivel tienen remuneraciones a las que sólo tiene acceso el tres por ciento de la fuerza laboral mexicana (más de 1.5 millones de personas) con ingresos de más de cinco salarios mínimos mensuales.
Entre los funcionarios públicos que más ingresos netos reportaron en el último año estuvo la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, quien se embolsó 2 millones 302 mil 466 pesos en 2019. También estuvo la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez Buylla Roces, con 2 millones 263 mil 603 pesos; el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, con 2 millones 209 mil 550 pesos; y el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, con 2 millones 3 mil 611 pesos ganados durante 2019.
En contraste, el salario anual más bajo registrado en el último año de reporte fue el del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur, con 1 millón 288 mil 596 pesos.
Además de su salario por cargo público, siete de cada 10 altos funcionarios del Gabinete Ampliado de AMLO tuvieron ingresos correspondientes al último año fiscal declarado, ya fuera por arrendamientos, venta de propiedades o por actividad comercial, financiera, industrial y profesional, entre otros. Los 22 funcionarios que reportaron tener otros ingresos amasaron un total de 112 millones 849 mil 712 pesos en conjunto.
El titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), Julio Scherer Ibarra, reportó la mayor cantidad de ingresos adicionales a su cargo público, durante el último año. En total se embolsó 66 millones 398 mil 378 pesos, de los cuales, 65 millones 226 mil 638 pesos correspondieron a la “enajenación de bienes (después de impuestos)» por la venta, donación o cesión del derecho o el dominio de un inmueble, además de 1 millón 171 mil 740 pesos en ingresos derivados de un fondo de inversión, consta en la «Declaración de Modificación 2020” con número de comprobante 20200528152453001278407122.
Después de Scherer Ibarra, los funcionarios con más ingresos adicionales fueron el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo Garza, con 13 millones 584 mil 136 pesos por el “arrendamiento de inmuebles pensión», así como la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero Dávila, con 9 millones 140 mil 697 pesos, de los cuales, 6 millones 245 mil 556 pesos provinieron de fondos de inversión, además de 2 millones 895 mil 141 pesos de “salario como Ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, se lee en las declaraciones con folio 20200529131730001282292387 y 20200529135502001279115738.
Del lado opuesto, entre los funcionarios del Gabinete de AMLO con menores ingresos adicionales, estuvieron los titulares de las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Luisa María Alcalde Luján reportó ingresos ajenos a su cargo como servidora pública por 80 mil 9 pesos provenientes de fondos de inversión, y Víctor Manuel Toledo Manzur ganó 3 mil 800 pesos por “regalías editoriales”.
LAS PROPIEDADES
El número de propiedades también arroja una comparativa. El valor comercial conjunto de las 94 propiedades reportadas asciende a 265 millones 343 mil 882 pesos y en promedio, cada funcionario posee 3 propiedades. Sobresalen los casos del Secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, con cinco casas y un departamento, y el del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, quien tiene la misma cantidad de casas más un departamento, un local y un terreno.
En cuanto a número de vehículos, las últimas declaraciones patrimoniales del Gabinete Ampliado de AMLO indican que 30 funcionarios públicos acumularon 43, con un valor conjunto de 66 millones 904 mil 860 pesos.
Los cuatro vehículos de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, fueron los más valiosos, con un monto acumulado de 4 millones 193 mil 412 pesos. Le siguieron los tres vehículos de Esteban Moctezuma, con un valor conjunto de 1 millón 575 mil 365 pesos. Sin embargo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, fue el funcionario con más vehículos registrados (siete en total).
Las declaraciones patrimoniales son una herramienta para que el Gobierno federal prevenga, controle, detecte, sancione y disuada la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción por parte de «todos los servidores públicos», de acuerdo con los artículos 27 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). Los documentos deben ser registradas por los funcionarios al inicio y conclusión de un cargo público, además de presentar una de “modificación” en mayo de cada año.
Pese a que el Gobierno federal registra la información de los funcionarios y de algunos de sus familiares (Artículo 38 LGRA) para «verificar la evolución de su situación patrimonial», las declaraciones «serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución” (Artículo 29 LGRA).
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¹ De acuerdo con la Tabla de Salarios Mínimos Vigentes al 1 de Enero de 2020 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Véase en: https://bit.ly/3ezvI2e.
² Se refiere sólo a la población económicamente activa (PEA) ocupada con remuneración especificada, que al corte del primer trimestre de 2020 estuvo compuesta por 46 millones 179 mil 75 personas, equiparables al 83 por ciento de la PEA total ocupada durante el periodo (55 millones 352 mil 304 personas), de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi). Véase en: https://bit.ly/2B7HmCQ.
