Todas las pequeñas maniobras que el Gobernador de Guanajuato ha intentado para eludir su responsabilidad en la atención al tema de la creciente inseguridad y la insoportable violencia que laceran a Guanajuato, han caído una tras otra por su propio peso.

En realidad a Sinhue nunca le interesó atender las raíces profundas de la desaparición de la paz y la tranquilidad en la entidad. Su compromiso con Miguel Márquez Márquez para convertirse en candidato del PAN a la gubernatura pasó explícitamente por mantener a Carlos Zamarripa al frente de la procuraduría de justicia y convertirlo en Fiscal General Autónomo.

La continuidad de Alvar Cabeza de Vaca en Seguridad Pública venía por añadidura, pues juntos ambos funcionarios hacen una mancuerna que ha funcionado para muchas cosas, menos para ofrecer resultados a los angustiados ciudadanos de la entidad.

La complicidad mayor generada entre Zamarripa, Cabeza de Vaca y Miguel Márquez viene de una fecha tan lejana como diciembre de 2012, el mes en el que pactaron la renta por seis años del programa de video vigilancia al que denominaron Escudo y del que hoy ya nadie parece acordarse, sobre todo sus principales responsables.

Con un contrato de 2 mil setecientos millones de pesos por el sexenio y un pago inicial de 600 millones por anticipado, la empresa Seguritech de Ariel Picker Schatz hizo un negocio redondo: instaló las cámaras y los arcos con el financiamiento inicial de su cliente y se dedicó a cobrar rentas sin que el sistema sirviera nunca para el cometido que lo justificó: blindar Guanajuato.

No había además de qué blindarlo en realidad, pues hoy sabemos que el mayor disolvente de la tranquilidad y la paz del estado se estuvo gestando dentro de las fronteras de Guanajuato, justo en su corazón: la zona agrícola del Bajío cruzada por una telaraña de ductos para hidrocarburos.

Siendo malpensados, lo que no cuesta mucho trabajo, hasta podríamos imaginar que las cámaras de Escudo proporcionaron la logística que requería la consolidación del imperio huachicolero de José Antonio Yépez, «El Marro», quien nunca fue molestado por autoridad estatal o municipal alguna mientras hacia crecer su imperio criminal.

No había, en todo ese sexenio 2012 – 2018, ningún reclamo del Gobierno panista de Guanajuato al Gobierno priista de Enrique Peña Nieto por las ausencias federales en temas de seguridad. La industria del huachicol, la venta de combustible robado, creció sana y robusta hasta invadir, hoy lo sabemos, las redes de comercialización legales del estado, las gasolineras de la esquina para que nos entendamos.

Sin embargo, como decían los clásicos, el crimen no paga. La necesidad política del Gobierno lopezobradorista de convertir a Pemex en una insignia de su Cuarta Transformación, hizo de la guerra contra el huachicol una prioridad en el arranque del sexenio, terminando con un negocio criminal que tenía más de un sexenio prosperando, que corrompió a numerosos cuerpos policiacos, compró políticos y generó una base de apoyo en la que participaron por igual empresarios, funcionarios y habitantes de las comunidades por donde cruzaban los ductos.

Quizá el delito del robo de combustible no se haya extinguido del todo, pero si se acabó la explotación en gran escala y la alta capacidad corruptora. De ahí la derivación de los grupos desplazados de este negocio a los terrenos de la criminalidad común: el robo, el secuestro, la extorsión.

De ahí la violencia como metástasis, de ahí el panorama sangriento que hoy vivimos y que no podremos enfrentar si no revisamos sus orígenes.

Precisamente lo que no está haciendo el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez quien desde su campaña habló de un «golpe de timón» como eufemismo para eludir la constante demanda de que cambiara a los responsables de la seguridad a nivel estatal.

Cuando eso no funcionó, echo mano de otro artilugio: la designación de una vocera especializada en seguridad para ocultar de la opinión pública a Zamarripa y a Cabeza de Vaca, al mismo tiempo que también él se escondía. Pero también falló, hoy la vocera carece de toda credibilidad y no logra ocultar el tremendo vacío que representa la ausencia del Gobernador en lo que quizá es uno de los problemas más importantes de Guanajuato, a la par de la pandemia de coronavirus y la crisis económica que ha provocado.

Sin embargo, Sinhue no aparece, sus tímidos tuits no hacen sino profundizar su ausencia en el cuarto de mando del Gobierno estatal. La crisis política no crece gracias a las cantidades ingentes de dinero que su Gobierno les inyecta a unos medios de comunicación abrumados por la baja de sus ventas. Hoy podemos decir que la prensa de Guanajuato es casi en su totalidad, paraestatal, a tal grado que para enterarse del avance de la pandemia hay que sintonizar la televisora oficial para atender una rueda de prensa virtual con preguntas a control remoto. Goebbels estaría feliz.

Sumido en un atolladero, al que lo condujo no el costoso pago de lealtades a Miguel Márquez, sino la imposibilidad de dejar atrás ese compromiso coyuntural para generar un proyecto político propio, como suele suceder en todas las heredades políticas, lo que Diego Sinhue exhibe en la crisis más grave de la historia de Guanajuato, es lo poco preparado que estaba para esa responsabilidad.

Arnoldo Cuellar

Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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