De acuerdo con el órgano regulador la política de la Sener contraviene el contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales y las leyes aplicables en materia de electricidad. Además, impide promover y proteger la competencia en el sector energético.
«Esta autoridad reconoce que incrementar la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional es un propósito legítimo y deseable», pero el objetivo de la competencia económica también es parte de sus atribuciones.
Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso una controversia constitucional, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional porque violenta los principios de competencia y libre concurrencia constitucionales.
La Secretaría de Energía (Sener) publicó el nuevo acuerdo en materia energética en el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Un mes y siete días después de la publicación, y en medio de críticas de las cúpulas empresariales nacionales y extranjeras, la Cofece anunció la impugnación porque la modificación de las normas del sector violentan su mandato constitucional e invaden la esfera de competencia.
«La Cofece considera que la Política es contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia de electricidad, los cuales en conjunto establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad», anunció el organismo en un comunicado.
La Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico, explicó la Cofece, impacta gravemente la estructura económica del sector de electricidad. También, elimina la posibilidad de que opere en condiciones de competencia y eficiencia, e incumple con los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector.
«La Política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista; asimismo, otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica», aseguró la Cofece.
El movimiento de la Sener impide promover y proteger la competencia en el sector energético porque la política publicada en mayo acotó la actuación de la Cofece e impidió el «bienestar de los consumidores».
La impugnación ante la Suprema Corte busca el respeto al regulador en conformidad con la Constitución debido a que la nueva disposición afecta la dinámica competitiva de un mercado.
«Esta autoridad reconoce que incrementar la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional es un propósito legítimo y deseable. Sin embargo, cuando otros objetivos, como el de la competencia económica también son parte del mandato constitucional, es necesario identificar la mejor alternativa disponible a fin de hacer cumplir todos estos objetivos, lo que no acontece con la Política impugnada», aseguró la Cofece.
POSTURA DE LA SENER
Ante diversas impugnaciones que la Sener ha recibido en esta materia, que protegen a empresas privadas, la dependencia ha precisado que la Constitución mexicana establece «como responsabilidad y atribución exclusiva de la Nación, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)».
Aseguró que su Política de confiabilidad incluye “todas las dimensiones del SEN” desde la Red Nacional de Transmisión, Redes Generales de Distribución; Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a estas redes.
Asimismo, las dimensiones del SEN incluyen los equipos e instalaciones del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) utilizados para llevar a cabo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, “y demás elementos que determine la Secretaría de Energía”, apostilló.
Reiteró que por mandato constitucional, la transmisión y la distribución eléctrica se consideran áreas estratégicas y de interés público, a cargo del Estado.
Esta política “establece criterios técnicos para la incorporación confiable, progresiva y acelerada de la energía de cualquier técnica de generación incluyendo las renovables, destacando la generación distribuida, la electromovilidad, redes inteligentes y reservas de capacidad operativa”, subrayó.
La Sener sostuvo que “ningún derecho económico prevalecerá sobre el interés general y de la Nación” cuando se afecte el suministro confiable de electricidad, porque es un servicio necesario, estratégico y de seguridad nacional que debe garantizar el Estado”.
Los acuerdos de Sener y Cenace ponen en peligro 44 mil millones de dólares de inversión y 81 mil 500 empleos en el país, de acuerdo con las asociaciones de compañías energéticas en México.
-Con información de Efe
