El asesinato del Juez Uriel Villegas y su esposa Verónica Barajas, uno de los más arteros que se hayan visto en la historia reciente, rememora los tiempos aciagos que vivió Colombia en la etapa más cruenta de la violencia que desató el narcotráfico en ese país. La omisión del poder político llevó a que el país sudamericano pasara a la fase del narcoterrorismo. En México no falta mucho para entrar a ese túnel.

Nos recuerda, también, el estilo mafioso, la forma en que Pablo Escobar –en los años ochenta y noventa jefe del cártel de Cali– ordenaba ejecutar a personajes del Gobierno y a los jueces que no le convenían. Pagaba millones de dólares por asesinar a fiscales y altos mandos policiacos y militares. Esos tiempos se viven en México y lo más grave es que, más allá de lamentarlo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se muestra impotente ante este flagelo que poco a poco está hundiendo a México.

Armado de muchos recursos explicativos –por no decir que justificaciones– el Gobierno de López Obrador podrá decir y argumentar todo lo que quiera desde su púlpito mañanero. Lo cierto es que hay una realidad clara y cruda: su Gobierno es un fracaso ante el crimen organizado, a pesar de todo el poder que dispone –y que no le basta– y no obstante que en todo el país opera la Guardia Nacional y ahora las Fuerzas Armadas. Podría decir muchas cosas sobre el Presidente. Mentarle la madre por su ineficacia sería muy poco para reclamarle su falta de compromiso con el tema de la seguridad pública, problema que se comprometió a resolver.

Con una corta carrera en el Poder Judicial, Uriel Villegas, quien se hizo abogado en el 2001, comenzó su trabajo como actuario y secretario de juzgado, entre otras tareas.

Poco antes de ser trasladado a Colima –un estado que desde hace tiempo debió ser declarado de excepción por el desastre que padece– fungió como Juez Sexto de Distrito en Procesos Penales. Desde esa posición le tocó ordenar el traslado de Rubén Oseguera, “El Menchito” –hijo del capo más sanguinario, –Nemesio Oseguera– de un penal de Oaxaca a otro de máxima seguridad, “El Rincón”. Consumado el traslado, el vástago de “El Mencho” fue colocado en la antesala de la extradición hacia Estados Unidos, donde lo esperaba un voluminoso expediente criminal y un encarcelamiento que, esperemos, sea de por vida.

Cerrados todos los requisitos, en febrero de este año, el Canciller Marcelo Ebrard firmó su extradición y fue entregado a las autoridades de Estados Unidos.

Durante el lapso en que duró este proceso –traslado de penal y extradición– el Consejo de la Judicatura le asignó una escolta al juzgador, pero poco tiempo después renunció a ella bajo el argumento de que no la necesitaba.

Se ignoran las razones por las que Villegas renunció a la seguridad que le otorgaron. Es muy probable que, como ocurre en la mayoría de los casos de este tipo, el Juez asesinado no haya confiado en los hombres que lo cuidaban.

Muchos periodistas que se han visto en la necesidad de disponer de una escolta,  debido al riesgo que corren, aseguran que han desconfiado de los agentes que los protegen. En lo personal, he sostenido que la mejor seguridad es no tenerla. Respecto del Juez Villegas, pues ignoramos las razones porque, en la carta que en febrero de 2019 le envió al titular de la Judicatura Federal, no las explica: en aquel momento sólo dijo que ya no la necesita.

Pero lo que olvidó el Juez Uriel Villegas es que el crimen organizado tarda pero nunca olvida en ajustar sus cuentas pendientes. El juzgador no sólo tuvo en sus manos el expediente de “El Menchito”: también se ocupó de casos relacionados con el huachicol (así se le llama peyorativamente el robo de combustibles) en la región del Bajío y, recientemente, habían caído en su juzgado las carpetas relacionadas con el aseguramiento de cuentas que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de empresas presuntamente vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los golpes más importantes de la historia en materia de lavado de dinero.

En realidad, todavía es muy prematuro para establecer las posibles causas del asesinato. Lo que hasta ahora se sabe es que la Fiscalía General de la República (FGR) trabaja en la línea respecto de que una posible venganza del narcotráfico pudo ser la causa del artero asesinato de Uriel Villegas y Verónica Barajas.

Lo que hasta ahora se ha podido reconstruir es que el Juez Villegas se levantó muy temprano, como de costumbre; revisó sus redes sociales, envió algunos mensajes, presuntamente de trabajo y relacionados con las tareas del juzgado a su cargo; desayunó y, al filo de las 9:30 de la mañana, aproximadamente, un comando armado arribó a su domicilio. Villegas salió a ver qué ocurría y en ese momento le dejaron caer una verdadera metralla. Más de veinte disparos cegaron su vida y la de su esposa. Lo horroroso, además del hecho en sí, es que todo ocurrió delante de sus dos hijas, una de cinco y otra de tres años. Luego, los sicarios se introdujeron a la casa y rompieron el sistema de circuito cerrado que contendría las imágenes de lo ocurrido. La señora del servicio y las niñas resultaron ilesas. Así, en minutos, se transformó aquella mañana del martes 16 de junio que para Villegas y su esposa pintaba apacible.

La lógica indica que la saña contra el juzgador y su esposa, descargadas por el escuadrón armado, no tiene otra lectura más que un claro ajuste de cuentas del crimen organizado. ¿Fue una orden de “El Mencho”? ¿Así vengó la extradición de su hijo? Si investigan a fondo, las autoridades conocerán la verdad. El Presidente López Obrador prometió justicia en este caso y castigar a los culpables. Pero su palabra se pierde en el vacío. El mandatario está más preocupado por hacer campaña rumbo a la elección del 2021 que por esclarecer los baños que sangre que han ocurrido en lo que va de su Gobierno.

Un crimen de Estado   

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, calificó el asesinato de Uriel Villegas como un crimen de Estado. Esta declaración lleva fondo. En realidad, un crimen de Estado es cuando varios miembros de la cúpula del poder se confabulan para asesinar a un rival político. Pudo ser el caso, en 1994, de Luis Donaldo Colosio, cuyo asesinato apunta a una decisión tomada en Los Pinos, lo que quizá nunca sabremos porque esta investigación fue cerrada y, peor aún, sepultada.

Lo cierto es que desde hace muchos años los juzgadores de todos los niveles –desde jueces y magistrados– trabajan en completa vulnerabilidad y, pese a la narcodinámica que vive México, el Consejo de la Judicatura Federal no se ha preocupado por construir un instrumento eficaz para brindar protección obligatoria a los juzgadores que deben emitir fallos sobre asuntos de la delincuencia organizada.

En el año 2006 fue asesinado el Juez Vicente Bermúdez. Desde entonces no se había presentado un caso de esta magnitud. A Bermúdez, según las indagaciones efectuadas en su momento, le tocó revisar el expediente sobre la viabilidad de la extradición de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Su opinión –según se sabe– fue a favor de la extradición y, poco tiempo después, lo ejecutaron. El crimen no olvida.

Este asesinato reabrió entonces la discusión sobre la implementación de la figura de los jueces sin rostro, igual como se hizo en Italia, Colombia y Perú, medida que, se decía entonces, brindaba seguridad al juzgador porque no era conocido por los actores de un hecho criminal.

Pero aquel instrumento devino en corrupción. Se documentaron muchos casos en los que personas inocentes terminaron en la cárcel sin que se dispusieran de pruebas fehacientes; se dijo en aquel momento que esta figura de los jueces sin rostro atentaba contra los derechos humanos.

En las reformas judiciales mexicanas se desechó este recurso. El argumento: que el Juez debía dar la cara ante las partes, pues lo contrario, se explicó, atentaba contra las libertades.

Sin embargo, no se entiende por qué el Poder Judicial no cuenta con un instrumento de protección eficaz para sus juzgadores, sobre todo, tratándose de un país como México donde el crimen organizado gobierna en buena parte del territorio y, peor aún, cuando toda la estructura de poder –el Estado mismo, para ser claros– está totalmente rebasado y no puede garantizar la seguridad de ningún ciudadano.

El Poder Judicial ahora mismo tiene cientos y cientos de expedientes sobre la delincuencia organizada, otros relacionados con herencias, despojo de tierras, fraudes, extradiciones, lavado de dinero, tráfico de drogas, por citar sólo algunos. ¿Y dónde está la seguridad para sus juzgadores? ¿Alguien se preocupa por ello? Los altos mandos del Poder Judicial pegan el grito sólo cuando un Juez es asesinado arteramente, como ocurrió con Uriel Villegas.

Mientras el Gobierno de López Obrador no ponga orden en el país –hasta ahora no se ve cómo– el elevado nivel de ejecuciones continuará.

En la medida en que las investigaciones criminales –como las que lleva Santiago Nieto en la UIF– se incrementen y las carpetas de investigación sean consignadas, el riesgo de más asesinatos de juzgadores aumenta. ¿Alguien en el Gobierno tiene consciencia de esto?

¿El Presidente?

Lo dudo

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Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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