La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) recordó a las autoridades del estado de Jalisco que, de acuerdo con el “Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias”, “las muertes ocurridas cuando una persona se encuentra bajo la custodia del Estado se presumen como potencialmente ilícitas y existe una presunción general de la responsabilidad del Estado, salvo que se demuestre lo contrario”.
Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).– La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó la muerte de Giovanni López Ramírez que habría ocurrido el 5 de mayo de 2020 en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, estado de Jalisco, cuando se encontraba bajo custodia de elementos de la policía municipal.
“Es motivo de preocupación para la ONU-DH las alegaciones de que la detención de López Ramírez ocurrió en el contexto de la implementación de medidas de emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19 y el uso obligatorio de cubrebocas en el estado de Jalisco”, señaló ONU-DH.
La ONU-DH urgió a las autoridades a realizar una investigación “pronta, efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente sobre la muerte de López Ramírez en la que se incluyan todas las líneas de investigación, las circunstancias en que ocurrió y las violaciones de derechos humanos que se hubieran cometido, especialmente las relativas al derecho a la vida y al respeto a los principios de uso de la fuerza”.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que no ha recibido información que justifique el uso de la fuerza letal en este caso.
La ONU-DH recordó a las autoridades del estado de Jalisco que, de acuerdo con el “Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias” –conocido como “Protocolo de Minnesota”–, “las muertes ocurridas cuando una persona se encuentra bajo la custodia del Estado se presumen como potencialmente ilícitas y existe una presunción general de la responsabilidad del Estado, salvo que se demuestre lo contrario”.
La Oficina señaló que se deberá determinar si hay alguna medida que no se adoptó para prevenir la muerte, investigar a todos los funcionarios e instituciones responsables de la custodia de López Ramírez desde su detención y hasta su fallecimiento y considerar las políticas internas, cultura institucional y fallas sistémicas que contribuyeron a que una detención tuviera un desenlace letal.
“Este sentido, resultan preocupantes las aseveraciones de funcionarios estatales indicando que ya existían investigaciones penales contra elementos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos por abusos de autoridad previos a la pandemia. Este hecho resalta la importancia de tomar medidas oportunas para erradicar prácticas abusivas en las corporaciones policiales y atender la falta de una cultura de respeto por los derechos humanos”, agregó.
La ONU-DH expresó sus condolencias y solidaridad con la familia y amistades de López Ramírez y pidió a las autoridades que se garantice su seguridad e integridad, así como la de cualquier persona que apoye públicamente las exigencias de verdad y justicia para el caso.
