La reforma económica se produce mientras la Santa Sede enfrenta un escándalo financiero por una inversión de 150 millones de euros en una empresa de bienes raíces en Londres, involucrada en la salida ilegal de capitales.
Por Nicole Winfield
ROMA, 1 de junio (AP).- Atrás quedaron los días del pesebre navideño en la Plaza de San Pedro que costaba medio millón de euros.
El Vaticano centralizará sus procedimientos de contratación y adquisición en un intento por reducir el despilfarro, erradicar la corrupción y llevar las finanzas de la Santa Sede al siglo XXI.
El Papa Francisco aprobó nuevas normas que rigen las ofertas contractuales y las compras, su más reciente esfuerzo por reformar las finanzas del Vaticano, que se han vuelto aún más precarias en medio de la pandemia de coronavirus y el cierre de la principal fuente de ingresos de la Santa Sede, los Museos Vaticanos.
Los museos reabrieron el lunes por primera vez desde marzo. Pero la principal fuente de ingresos para la Santa Sede está viendo un déficit significativo este año dado el colapso del sector turístico que proporciona un flujo constante de visitantes a la Capilla Sixtina.
La reforma se produce mientras la Santa Sede enfrenta un vergonzoso escándalo financiero que involucra una inversión de 150 millones de euros en una empresa de bienes raíces en Londres que involucró a una serie de personajes turbios que supuestamente extrajeron de Roma millones de euros.
Las reformas en el proceso de adquisiciones no abordan cómo la Santa Sede invierte sus activos. Pero sí dejan claro que el Vaticano a partir de ahora será un poco más selectivo con los contratistas y las empresas con las que hace negocios.
El nuevo código exige una lista centralizada de negocios que pueden ofertar por contratos del Vaticano, y enumera los criterios de aquellos que pueden ser excluidos: cualquier compañía o individuo en gestiones por bancarrota o bajo investigación o condenado por delitos como fraude, vínculos con la mafia, impuestos evasión o corrupción.
También impone normas para evitar conflictos de interés tanto entre los funcionarios del Vaticano que otorgan contratos como en las empresas que ofertan por ellos. Exige transparencia en los procedimientos y establece cómo se pueden adjudicar las ofertas y los contratos impugnados en el tribunal penal del Vaticano.
