En el Centro Histórico de la Ciudad de México, la entidad que concentra el mayor número de casos de coronavirus en el país, había un sitio que en plena Fase 3 escondía un verdadero caos: en un asilo de ancianos, los trabajadores y las personas de la tercera edad enfrentaron un brote mortal.
Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- En el asilo para ancianos de la Fundación Concepción Béistegui se libraron dos batallas durante la pandemia de COVID-19: una fue para algunos de los empleados, quienes tuvieron que entregar múltiples papeles para demostrar que eran “población vulnerable” y poder quedarse en casa; la otra se dio también entre los trabajadores del lugar que se quedaron y, claro, entre sus residentes: los ancianos.
SinEmbargo habló con trabajadores asilo en la semana en la que el Gobierno de la Ciudad de México y esa Fundación se pronunciaron. Primero, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, confirmó lo que en diversos medios ya se había manejado: “se hicieron pruebas, al principio se consideraba que había más adultos con COVID-19, se volvieron a hacer pruebas, resultó menor el contagio […] Y, lamentablemente hay, por lo menos –hasta donde tengo conocimiento—, dos fallecimientos en adultos ya muy mayores y se está haciendo todo el traslado a hospitales, de personas que está confirmado que tienen COVID-19”.
El 26 de mayo, un día después de ese anuncio, la Fundación Concepción Béistegui informó del fallecimiento de seis de sus huéspedes en el último mes; tres de ellos fueron casos oficialmente confirmados con COVID-19.
En un comunicado de prensa, la Fundación explicó que las medidas que se tomaron durante la contingencia, como la difusión de información y recomendaciones al personal; la aplicación de pruebas, el aislamiento de pacientes confirmados y sospechosos de coronavirus y también el traslado de éstos a hospitales.
Los testimonios obtenidos cuentan la versión desde la visión de los empleados, que aseguran hubo negligencia desde el inicio de la declaratoria de Emergencia Nacional Sanitaria para cuidar la salud de los trabajadores y en los protocolos de higiene, que derivaron en el brote de COVID-19.
Los asilos para ancianos han sido severamente lastimados por la COVID-19 en varias regiones del mundo. Reportes en España, Italia, Estados Unidos y México muestran que los residentes de esos lugares están vulnerables ante la pandemia a pesar de ser el grupo de mayor riesgo en caso de contraer el virus.
En Tabasco y Nuevo León se reportaron brotes de coronavirus en asilos de los municipios de Villahermosa y Guadalupe, respectivamente.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) destaca en su censo de población del 2015 que hay al menos 12 millones 436 mil 321 mexicanos mayores a 60 años, es decir el 10.4 por ciento de la población total. De acuerdo con el Instituto, el 26 por ciento del total de la población mayor a 60 años en México tiene alguna discapacidad motriz y 36 por ciento cuenta con alguna limitación en su movilidad, por lo que el cuidado de su salud se vuelve aún más importante.
Los asilos fueron los centros que, desde el inicio de la pandemia, se dijo que debían ser atendidos. Las crisis en los otros países sumaron a ese llamado de alerta. Aquí, el Gobierno de la Ciudad de México entregó una lista de lineamientos a seguir en materia de salubridad.
Esas indicaciones incluyen restricción de visitas; toma de temperatura; aplicar gel al entrar; limpiar de manera continua las superficies y todo tipo de materiales; sanitizar espacios; dar capacitación al personal de limpieza y mantenimiento y notificar de manera inmediata a las autoridades de casos sospechosos.
También protocolos más específicos como profundizar limpieza utilizando solución de hipoclorito de sodio a 400 ppm; limpiar una vez al día con productos a base de cloro, retirar residuos en bolsas de plástico, selladas y con identificación e instrucciones para los depósitos de agua, el manejo de alimentos y utensilios y cuidados específicos para las personas adultas mayores y el manejo de casos posibles y la sanitización de los espacios en los que hubiera casos sospechosos.
SITUACIÓN FRENTE AL SARS-COV-2
Don Pedro trabaja en el área de mantenimiento del asilo. En marzo, cuando fue declarada la Emergencia Sanitaria y se especificó que los adultos mayores tenían que quedarse en casa, decidió que no podía ir a trabajar al ser de un grupo de riesgo y además tener ya una condición de afectación en los pulmones.
Además razonó que él usa el transporte público para llegar al Centro Histórico y aunado a eso, contraer la enfermedad y trabajar en un asilo podría tener consecuencias graves para él y para todos ahí adentro.
Su hija Mariana García contó que armaron todo un marco para justificar que él no debía ir a trabajar. También llevaron a don Pedro a una valoración médica y la doctora le mandó unos estudios para confirmar el marco, pero la indicación fue que se quedara en su casa, no con incapacidad, sino con permiso con goce de sueldo.
“Todo esa información se le hizo llegar a sus jefes y no hubo respuesta. Cuando uno de ellos se dio por enterado, nos pidió una hoja de diagnóstico de mi papá. Le volví a explicar que mi papá se quedaría en casa porque no se trataba de una incapacidad, sino de un permiso con goce de sueldo. Cuando nos entregan las placas de tórax, nos dicen que sí, que los pulmones están afectados y que lo colocan en situación de riesgo. Incluso le encontraron un brote de herpes zoster por nervios”, dijo en entrevista con SinEmbargo.
El hospital le expidió una incapacidad para que le hicieran más estudios del corazón y de sangre.
“En el asilo querían contar los días de incapacidad de los que él ya había faltado. Le pedí al contador que revisara los documentos, le expliqué que esta era una incapacidad nueva y que además ya estaba el prediagnóstico. La doctora le mandó a hacer una espirografía que es con lo que se puede acreditar el descanso en casa porque es un hecho que es una neumopatía, solo faltaba especificar el tipo para ver el tratamiento”, agregó.
A inicios de mayo, don Pedro envió el pase médico para calmar los ánimos en el trabajo y la respuesta fue que aún no tenía diagnóstico y que “conociendo al seguro”, éste podría llegar hasta septiembre.
Las autoridades del asilo insistieron en que si no había diagnóstico, don Pedro ya ya tenía que ir a trabajar. Su hija aceptó a cambio de revisar personalmente las condiciones en las que iba a estar; se negaron. Ella dijo que buscaría a alguien de una Secretaría del Trabajo y dijo que “ya me estaba yendo muy lejos”, que no había razón.
Luego ella pidió esa negativa por escrito. Nunca se la dieron.
De acuerdo con el testimonio de otros trabajadores –de los cuales se emite su nombre por petición expresa–, el 18 de mayo, un abuelito empezó con síntomas, concretamente con una temperatura que no le bajaba.
Entre los compañeros se empezó a generar mucha inconformidad porque los directivos no informaron de nada, pero desde el 14 de mayo, los puestos directivos dejaron de ir al asilo. Luego se desató todo, porque los trabajadores empezaron también a presentar síntomas.
El jueves 22 de mayo informaron que personal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México acordonaron el lugar y lo sanitizaron, pero ya no había directivos ni otros encargados.
Al siguiente día aplicaron las pruebas y apenas a esas alturas se empezó a acondicionar el lugar para tener espacio y aislar a los enfermos, y también a los sospechosos de contagio.
Los trabajadores aseguran que hay cerca de 25 personas contagiadas, como el personal de lavandería, ya que suben y tienden camas, están en las habitaciones y su centro de trabajo es pequeño, lleno de ropa y no hay sana distancia.
Hace un fin de semana apenas recibieron protección por las primeras notas periodísticas que salieron y el personal que está en el área COVID por fin usará zapatos especiales, bata y careta.
“No hubo un directivo que revisara el funcionamiento. Ahora el temor es que se nos eche la culpa a los trabajadores por el brote, pero nunca hubo una persona responsable de verificar los protocolos debidamente para que no se den los brotes. No hubo vigilancia”, aseguró uno de ellos.
Aunque no es claro aún el número de trabajadores contagiados, la Fundación les informó que a los enfermos se les aplicó una incapacidad por «enfermedad general», que de acuerdo con la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), brinda solo el 60 por ciento del salario registrado en el propio Instituto al inicio de la incapacidad.
