“Dejaron desmovilizado a un cuerpo que tenía más de 30 mil hombres y esto favoreció al crimen organizado, porque no todos los policías federales eran corruptos”, comentó Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).- Los señalamientos de corrupción e infiltración de la delincuencia organizada le valieron a la Policía Federal (PF) su extinción, sin embargo, algunos analistas consideraron que disolver abruptamente a la corporación y dejar la mayor parte de las tareas de seguridad pública a las Fuerzas Armadas tampoco fue la mejor opción.
“Yo no creo que la Policía Federal estuviera a un nivel de descomposición como para desaparecerla y esa decisión del Presidente, Andrés Manuel (López Obrador), me parece que es del tipo simbólico”, dijo en entrevista con SinEmbargo, Rodrigo Elizarrarás, analista de políticas de seguridad y socio en la consultoría de riesgos Humint.
Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que se dejó desmovilizado a un cuerpo con más de 30 mil efectivos y eso favoreció al crimen organizado porque “no todos los policías federales eran corruptos”.
“Yo creo que la forma en cómo se disolvió (la PF) fue muy brusca, sin consideración a muchos de los elementos que eran muy valiosos, sobre todo los que trabajaban en la Policía de Científica y de Inteligencia”, comentó el especialista.
La polémica y debate sobre la “militarización” en México se avivó en la opinión pública cuando se emitió, en días pasados, un Acuerdo que formaliza el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
El decreto provocó el reproche de activistas, miembros de sociedad civil y de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos; mientras que otros sectores de la población han justificado la medida con el argumento que es la única vía para enfrentar la crisis de violencia en el país, ya que, desde su creación, la Policía Federal (PF) –institución que debía velar por la seguridad– habría sido infiltrada por personajes que hicieron de ésta un referente de corrupción.
Frente a la crítica, el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su postura de mantener a los militares en las calles y darles atribuciones (anti constitucionales, de acuerdo a expertos). AMLO aludió que prefería la crítica por “querer militarizar al país” antes que la Guardia Nacional se convirtiera en una Policía Federal.
El Gobierno actual desapareció a la Policía Federal –formalmente el 1 de octubre de 2019- con el argumento que era una corporación que no cumplía con su función y que estaba corrompida, que “estaba echada a perder”.
Al momento de su conclusión, la PF contaba con más de 37 mil elementos y tenía en total 17 áreas que ahora serían parte de la GN: la oficina del Comisionado General que pasa a la Comandancia de la Guardia Nacional, la división de inteligencia, la división de investigación, la división de seguridad regional, la división científica, la División Antidrogas, la Secretaría General, la Coordinación de Operaciones Especiales, la Unidad de Servicios del Sistema de Justicia Penal, la Unidad de Derechos Humanos. el Centro Nacional de Atención Ciudadana, el Órgano Auxiliar del Consejo Federal de Desarrollo Policial, la Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial, la Unidad de Asuntos Internos, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Enlace y la Dirección General de Comunicación Social.
Este cuerpo, a diferencia de policías municipales y estatales, estaba desplegado en todo el territorio y tenía competencia tanto para la prevención como para la persecución de delitos federales.
LAS FALLAS
Corrupción, agresiones a ciudadanos, aumento de las extorsiones desde el despliegue de los federales, arbitrariedades por parte de los agentes, y poca efectividad en el combate a la delincuencia organizada, son varias de las críticas que se le realizó a la ésta corporación.
Para Raúl Benítez Manaut, investigador de la UNAM, el problema de la Policía Federal es que nunca construyó infraestructura propia en el país que permitiera acuartelar a los elementos que se enviaban a las diferentes regiones.
Explicó que cuando la PF hacía desplazamientos para combatir al crimen organizado en ciertos lugares donde ya estaba muy expandido, los elementos se hospedaban en hoteles, lo que provocó que fuera fácil para la delincuencia tener un acceso a los policías y poder corromperlos.
“Si mandabas a un policía a dormir en un hotel, se vuelven un blanco fácil para el crimen organizado porque los infiltraron muy fácil, en el bar de los hoteles los cooptaban”, ejemplificó.
El analista agregó que la Policía Federal también cometió el error, desde su fundación, de incorporar a las fuerzas federales de la Policía Federal de Caminos, que existió durante todo el siglo XX.
“Esta gente estaba ya muy corrompida en el manejo y control de las carreteras, y transportaron esa corrupción a la Policía Federal”, añadió.
Rodrigo Elizarrarás recordó que antes Policía Federal, era la Policía Federal Preventiva, que surgió de la unión con la policía de Caminos, ésta última a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Esto ocurrió en 1999, durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
Además, sobre la Policía Federal también pesa la sombra de Genaro García Luna, quien actualmente está preso en Brooklyn, Nueva York, acusado por presuntos nexos con el narcotráfico. En ese entonces, García Luna era el Secretario de Seguridad Pública (SSP) y fue quien incorporó la PF a dicha secretaría y le dio atribuciones para el «combate a la delincuencia organizada».
“Está también la duda de si Genaro García Luna colaboraba con el Cártel de Sinaloa o no. Eso se va a aclarar en el Juicio de Nueva York, pero si así fuera el caso, entonces la Policía Federal estaba penetrada por el Cártel de Sinaloa y no podía hacer su trabajo bien porque sus mandos obedecían otros intereses”, comentó Benítez Manaut.
Irregularidades en sus finanzas, pagos excesivos y contratos irregularidades también han sido parte de los escándalos en la Policía Federal.
El 20 febrero de 2017, la Policía federal aprobó la compra de 51 vehículos (nueve camiones, 30 camionetas pick up y 12 cuatrimotos) con un presupuesto de 83 millones 446 mil 900 pesos. Empero, ocho días después acordó comprar 40 vehículos (nueve camiones, 21 camionetas pick up y 10 cuatrimotos). Es decir, 11 unidades menos, aunque con el presupuesto original (83.4 mdp).
Siete meses más tarde, la dependencia formalizó un contrato (SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C060/2017) y adquirió 30 vehículos (9 camiones y 21 camionetas) cotizados en 68 millones 692 mil pesos, de modo que hubo un remanente de 14 millones 754 mil 900 pesos que debieron de ser reintegrados al FIPIMESPA. Sin embargo, el 8 de diciembre de ese mismo año, el Director General de Operaciones Estratégicas y Unidades Especiales de la División de Gendarmería llevó al cabo la compra (contrato SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C070/2017) de 21 vehículos adicionales (9 camionetas y 12 cuatrimotos) sin que el Comité del fideicomiso lo aprobara, entre los que hubo 11 unidades que excedieron el primer acuerdo para comprar un máximo de 40.
Pagos a policías que ya no trabajaban en la corporación, entrega indebida de “cuotas diarias de apoyo” a elementos en vacaciones o con licencia, así como salarios excesivos a integrantes de la División de Fuerzas Federales, son parte de las irregularidades que encontró la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a la extinta Policía Federal, en la segunda entrega de la Cuenta Pública 2018, justo en el último año de Enrique Peña Nieto.
En la más reciente fiscalización, la ASF informó sobre las irregularidades detectadas en el gasto de 7 millones 712 mil 382 pesos, que no se aclararon en su momento. De ese total, 6 millones 871 mil 338 pesos corresponden al pago indebido de cuotas diarias de apoyo a 203 elementos, y 841 mil 44 pesos en el pago indebido a 411 elementos de las divisiones de Fuerzas Federales y de Gendarmería que no acreditaron haber participado en la totalidad del periodo a los que fueron comisionados.
Por ello, la Auditoría solicitó que el Órgano Interno de Control en la Policía Federal o su equivalente realice las investigaciones pertinentes a los servidores públicos por dichas irregularidades y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo y la sanción correspondiente.
El año pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que había mandado a realizar una investigación a fondo a la Policía Federal.
“Hay una denuncia presentada de un equipo que compraron que tiene un costo en el mercado de 600, 800 millones, y lo compraron en 2 mil 600 millones”, anunció.
MALA PERCEPCIÓN
La Policía Federal fue una institución que no gozaba de buen prestigio ante la población y es de las peor evaluadas en encuestas de percepción ciudadana.
Para Rodrigo Elizarrarás, la mala calificación a la Policía Federal y la mala percepción tiene que ver con un tema de proximidad.
“Hay una mala percepción de las policías en general, todas, pero cuando ves las encuestas del Inegi, la peor percepción la tiene la municipal y la ministerial y de alguna manera es la que tiene el primer contacto con el ciudadano”, comentó.
El consultor de seguridad insistió en que la percepción – mala para las policías y mejor para los militares– implica un tema de contacto, pues no todos los ciudadanos de todos los municipios del país tienen un enlace directo con el Ejército.
“Además, si te fijas también en el histórico de la percepción del Ejército, en los últimos años ha caído poco, no al mismo nivel de los municipales, porque un ciudadano no tiene la interacción continua con el Ejército”, reiteró.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Policía Federal está por debajo de las Fuerzas Armadas, pero las policías estatales y municipales resultaron aún peor evaluadas que la PF en el sondeo de percepción del desempeño de las policías Preventiva Municipal, Estatal, Federal, Guardia Nacional, Ejército y Marina, para prevenir y combatir la delincuencia.
Los resultados correspondientes a diciembre de 2019 destacan que el porcentajes de mexicanos mayores de edad que consideraron un desempeño como “algo efectivo” en labores para prevenir y combatir la delincuencia, según cada corporación fueron: Marina, un 85.5 por ciento, Ejército con 83.1 por ciento, Policía Federal con 62.3 por ciento, Policía Estatal con 48.4 por ciento) y Policía Preventiva Municipal, al final con 40.4 por ciento.
En cuanto a los resultados para la Guardia Nacional, el 54.6 por ciento de la población mayor de edad la identifica y el 67.9 por ciento por ciento la considera “muy o algo efectiva”.
Rodrigo Elizarrarás reiteró que la disolución de la Policía Federal fue más por motivos políticos y simbólicos, que en realidad por temas de corrupción de la corporación, pues afirmó que en todos los cuerpos policiacos hay filtración del crimen organizado.
“Yo creo que la decisión es política y simbólica, para lograr mostrar un cambio de dirección, que no es realmente un cambio de dirección, y simbólica para romper con una imagen de la policía del pasado”, detalló.
No obstante, el especialista reiteró que en todas las policías del país hay un alto nivel de corrupción, y si no se mejoran las instancias internas de contraloría, de fiscalización, de control y de asuntos internos el problema seguirá activo y la misma Guardia Nacional también se puede corromper.
“Toda dependencia que entre en interacción para combatir al narcotráfico y a su gran poder de cooptación y corrupción, (por las grandes cantidades de dinero que maneja), pues no es nada extraño que la Guardia Nacional misma se vaya a corromper. No porque esté formaba por militares, la blinda contra el enorme poder corruptor de la delincuencia organizada […] también recordemos que antes que estuviera la PF, cuando el Ejército estaba meramente encargado de los temas de narcotráfico, también hubo escándalos de corrupción o de cooptación de la delincuencia organizada”
