Los indígenas llevan desplazados más de cuatro años, sin embargo, hasta el momento los gobiernos no han detenido a los civiles armados; y aún en medio de la pandemia, a inicio de mayo, en algunas de las comunidades continuaron las agresiones y disparos contra ellos.
Por Ángeles Mariscal
Chiapas, 27 de mayo (Chiapas Paralelo).- Al menos tres mil 304 indígenas tsotsiles de los municipios de Chenalhó, Chalchiuitán y Aldama, personas en situación de desplazamiento forzado, se encuentran en condiciones de hacinamiento: en casas prestadas, rentadas y en situaciones críticas que se han acentuado por la pandemia de COVID-19, que les impide la posibilidad de salir a algún lugar para trabajar.
Pidieron a los gobiernos federal y estatal una actuación con debida diligencia para implementar las medidas cautelares urgentes, entre ellas la implementación de un Plan de Emergencia Alimentaria y la presencia de la Cruz Roja Internacional.
A través del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México A.C. (Fisanim), “el Fideo” y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), organizaciones que acompañan a los más de tres mil desplazados por grupos de civiles armados, los indígenas explicaron que por la situación de violencia que viven, varias de las familias tienen sus casas quemadas, destruidas y/o baleadas, no tienen acceso a sus trabajaderos para el cultivo de sus tierras, y no pueden sembrar y cosechar su maíz, frijol, frutas y verduras.
“Hasta el día de hoy, no tienen la posibilidad de salir a algún lugar para trabajar, no han podido ir a cosechar su café, siendo una de las fuentes de ingreso económico para completar el sustento durante el año”, explicaron.
Los indígenas llevan desplazados más de cuatro años, sin embargo, hasta el momento los gobiernos no han detenido a los civiles armados; y aún en medio de la pandemia, a inicio de mayo, en algunas de las comunidades continuaron las agresiones y disparos contra ellos.
Ante la escasez de alimento que ahora se agudizó con la pandemia, alertaron que “hay grave riesgo para la vida y salud, al que se suma daño emocional por el miedo permanente y desesperación a ser agredidas”.
Por ello también hicieron un llamado a la sociedad civil para que se solidaricen con acciones para combatir la emergencia alimentaria y la desnutrición en este territorio.
