Un General del Ejército mexicano, que a solicitud expresa dio su opinión sobre el “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” con la Guardia Nacional simplemente dijo: “Es lo mismo que hemos estado haciendo siempre, pero ahora es oficial”.

Aunque sí hay un detalle, refirió el General, habrá problemas con la palabra “subordinada”, “las Fuerzas Armadas no se subordinan a una autoridad civil”, complementó.

Efectivamente, los militares coinciden que estarán haciendo las mismas tareas que desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa –o antes, anotó el General – han realizado, pero ahora es oficial, a través del Acuerdo que firmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 8 de mayo y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 11 de mayo de 2020, y que tendrá una vigencia de cinco años, o sea hasta el 27 de marzo de 2024, a unos siete meses que concluya el periodo para el cual fue electo el Presidente López Obrador.

Cuando el Presidente Calderón echó mano de las Fuerzas Armadas en enero de 2007 para combatir el crimen organizado y el narcotráfico lo hizo con la justificación que las corporaciones civiles, federales, estatales y municipales entrarían en una reingeniería porque estaban corrompidas, no podían combatir aquello que los ataba de manos a partir de sobornos, amenazas, complicidad, estaban infiltradas las policías civiles por los criminales. Entonces dijo que la incursión de las Fuerzas Armadas no sería permanente, y aunque no las dotó de más facultades, sí las hizo acompañarse de ministerios públicos para las aprehensiones, de peritos para los aseguramientos y erigió áreas de inteligencia militar para el análisis y la persecución de los capos de las drogas, entonces y ahora, el principal problema de la inseguridad en México, particularmente el origen de los asesinatos en el país, que también como entonces, se cuentan por miles cada mes.

El plan de Calderón de “limpiar” las corporaciones civiles avanzó pero no se concluyó. Muchos de los policías que por entonces fueron detenidos por el Ejército mexicano por pertenecer presuntamente a redes del narcotráfico y el crimen organizado terminaron recuperando su libertad a falta de pruebas. La exposición de los miembros del Ejército llevó a que algunos de ellos también terminaran corrompidos por la criminalidad organizada, encarcelados o investigados.

Pero si la justificación de Calderón fue que las corporaciones civiles eran corruptas, y por ello debía utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir el crimen, la del Presidente López Obrador es que la Guardia Nacional, de reciente creación, aún no ha desarrollado ni su estructura ni sus capacidades, por lo que requiere del apoyo de las Fuerzas Armadas para poder hacer frente a los retos que la inseguridad en el país le representan.

Otro General del Ejército Mexicano, coincide, “es parte –el Acuerdo– de un respaldo jurídico de las acciones que hacemos y que nunca se ha podido concretar. Puros parches o iniciativas que cambian el sentido de lo que se busca con la actuación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad pública”. Este alto mando del Ejército no ve el Acuerdo del Presidente López Obrador como una subordinación a la Guardia Nacional, optimista lo refiere como una “coordinación”.

Y aunque en la letra el encargado de la Guardia Nacional responde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Alfonso Durazo, en la práctica, también sospechan que los generales podrían imponer su mando para delinear las políticas públicas en materia de seguridad ahora que la Fuerza Armada permanente, toda, esta a disposición de la Guardia Nacional.

El Acuerdo del Presidente López Obrador oficializa pues lo que ya había estado sucediendo, particularmente en el sexenio de Calderón Hinojosa, la militarización en las áreas de persecución, aprehensiones, aseguramiento de bienes, de escenas del crimen y de elementos de investigación.

En la publicación del Diario Oficial de la Federación se determina que las Fuerzas Armadas apoyarán en el desempeño de tareas de seguridad pública, particularmente en ciertas atribuciones que se señalan en el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. Específicamente en 12 fracciones, que incluyen: prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas, salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio, garantizar y restablecer el orden y la paz social; informar a la persona al momento de su detención de sus derechos, poner a disposición de las autoridades a personas y bienes asegurados, detención de personas y aseguramiento de bienes, preservar el lugar de los hechos e integridad de los hallazgos producto del delito, colaborar con otras autoridades federales en vigilancia e inspección, colaborar con autoridades estatales y municipales, realizar operativos conjuntos, protección civil en casos de calamidades, de alto riesgo y desastres naturales.

Esencialmente todo lo que el Ejército y la Marina ya venían haciendo pero no se quería reconocer, y ahora se oficializa.

La realidad es que las Fuerzas Armadas, al igual que en el sexenio de Calderón y en mucho menor medida en el de Enrique Peña Nieto, no han dejado de perseguir a delincuentes, criminales organizados, coadyuvar con aseguramientos, apoyar en operativos.  La enorme diferencia es que por muchos años el ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador renegó de ello. Del Ejército en las calles. De las Fuerzas Armadas realizando tareas de corporaciones policiacas civiles y prometió todavía en su última campaña a la Presidencia de la República que el Ejército regresaría a los cuarteles.

El 11 de mayo dio luz verde a lo contrario. Oficialmente, el Presidente López Obrador sacó al Ejército y a la Marina a las calles. Como con Calderón, pero oficial.

Adela Navarro Bello

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