Al respecto del hecho el actual mandatario estatal, Jaime Bonilla Valdez, aseguró que no es una “cacería” de brujas lo que se le está aplicando a Vega, sino una búsqueda de justicia por supuestos fraudes que cometió durante su administración.
Por Lourdes Loza Romero
Tijuana, 9 de mayo (Zeta Tijuana).- La Fiscalía General de Estado de Tijuana (FGE) realizó un cateo en una propiedad del exgobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid como parte de las investigaciones que se realizan en su contra y de su esposa, Brenda Ruacho, por supuestos desvío de recursos.
Al respecto del hecho el actual mandatario estatal, Jaime Bonilla Valdez, aseguró que no es una “cacería” de brujas lo que se le está aplicando a Vega, sino una búsqueda de justicia por supuestos fraudes que cometió durante su administración.
“Es un cateo que la Fiscalía consideró prudente, a raíz de la cantidad de información que han tenido. Nosotros lo dijimos durante la campaña, que íbamos a llegar y que íbamos a esclarecer, caiga quien caiga”, expresó Bonilla en su transmisión matutina de este sábado.
Comentó que la investigación se basa en los más de 1 mil 700 millones de pesos en facturas supuestamente falsas que la anterior administración no ha podido justificar, y el cateo se realizó porque ni Vega ni Ruacho han asistido a las comparecencias a las que los han citado en los últimos meses.
“Las autoridades hicieron lo que tenían que hacer, ir a buscarlos y catear la casa, como un señalamiento grave por los grandes fraudes que hicieron contra todos ustedes, contra el Estado. Entonces, esta situación no es una cacería de brujas”, añadió.
La propiedad cateada se ubica sobre la avenida Cumbres de Maltrata número 3777 en el fraccionamiento Cumbres de Juárez, en Tijuana. El acto se realizó entre las 13:00 y 17:00 horas del viernes, solo se encontraron a dos personas de servicio que tuvieron que fungir como testigos ante las acciones de las autoridades.
La Fiscalía más tarde emitió un comunicado, asegurando que el cateo fue con motivo de la investigación que se sigue contra Brenda Ruacho por presunta coalición de servidores públicos y negociaciones ilícitas, luego de la denuncia que hace unos meses interpuso el secretario general de gobierno Amador Rodríguez Lozano.