El Gobierno de México adjudicó 44 contratos entre marzo y abril de este año, para enfrentar la pandemia de COVID-19. La crisis de salud aún no cede y el dinero erogado hasta el momento, 2 mil 200 millones de pesos, ya es superior al presupuesto anual de casi todas las entidades paraestatales de la Secretaría de Salud.
Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- La pandemia de coronavirus fuerza al Gobierno federal a romper el cochinito. Sólo entre el 3 de marzo y el 6 de abril tuvo que desembolsar 2 mil 243 millones 10 mil 133 pesos en bienes y servicios, para que las instituciones públicas puedan enfrentar y prevenir la enfermedad que seguirá afligiendo al país, por lo menos hasta mediados de junio, de acuerdo con datos oficiales.
El gasto extraordinario fue ejercido por un centro de investigación del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), cuatro institutos de salud (IMSS, INPER, INR e ISSSTE), los hospitales regionales de alta especialidad del Bajío y de la Península de Yucatán, así como por la Secretaría de Bienestar y el órgano desconcertado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Telecomm-Telégrafos.
Entre los artículos adquiridos por estas instituciones del sector público destacan al menos 837 mil 100 cubrebocas, mascarillas faciales completas y protectores respiratorios para filtración microbiológica, 44 mil 651 guantes de exploración, 18 mil 499 piezas de ropa quirúrgica, 16 mil 213 envases y dispensadores de gel, jabón y soluciones antisépticas, 9 mil 597 micronebulizadores, 5 mil 287 sondas Foley y circuitos de manguera, 3 mil capuchas de polipropileno de protección, 2 mil 500 ventiladores, 2 mil 197 gafas y goggles, además de 1 mil 237 resucitadores.
Para poner en perspectiva el gasto de estas nueve instituciones gubernamentales, la Unidad de Datos de SinEmbargo realizó una comparación con el presupuesto anual para 2020 de las 24 entidades paraestatales de la Secretaría de Salud, como lo son el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, por mencionar algunos ejemplos.
De dichas entidades, sólo el Hospital General de México de la capital del país tiene un presupuesto anual (3.3 mmdp) superior al valor de las 44 adjudicaciones directas para palear la pandemia de COVID-19 en México, indican cifras del portal de compras de la Secretaría de la Función Pública (CompraNet) y del «Calendario del Presupuesto Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020» de la Secretaría de Salud (SSA).
Este desembolso de recursos públicos se dio en un contexto en que el Gobierno federal autorizó medidas extraordinarias para la SSA, y en que las autoridades sanitarias y el Poder Ejecutivo han tenido que ir ajustando sus proyecciones de gasto para enfrentar la pandemia de talle internacional.
El 27 de marzo de este año, el Presidente Andrés Manuel López Obrador expidió un decreto para que la Secretaría encabezada por el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela pueda, entre otras cosas, auxiliarse con recursos médicos públicos, privados y sociales, así como adquirir todo tipo de bienes y servicios médicos a nivel nacional o internacional, «sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública”, se lee en el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo y de acuerdo con el Artículo Tercero del decreto presidencial, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tienen la obligación de «coordinarse y brindar los apoyos que sean requeridos por la SSA, para la instrumentación de las medidas de mitigación y control de la enfermedad causada por el SARS-CoV2 (COVID-19) en nuestro país”.
Acerca del uso de recursos públicos adicionales, el Secretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez ha dicho que el gasto en salud para enfrentar la pandemia de coronavirus en México no tendrá un impacto importante en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
“El monto de lo que se va a requerir está en unos cuantos cientos de millones de pesos” para adquirir material de curación como batas, cubrebocas y goggles para los trabajadores de salud, explicó el economista el 6 de marzo de 2020.
Días después de la declaración de Herrera, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la SSA explicó que la pandemia no será breve en el país y que la emergencia tendrá una duración de 12 semanas. Hugo López-Gatell Ramírez refirió también que México tendría que destinar 3 mil 500 millones de pesos para enfrentar el brote de COVID-19 a nivel nacional.
Posteriormente, la SSA refirió en un comunicado con fecha del 24 de marzo que ya habían sido destinados 4 mil 500 millones de pesos para la aplicación de los Planes DN-III y el Plan Marina, además de 25 mil 300 millones transferidos y adelantados para la atención de los programas de salud de las entidades federativas, así como 4 mil 500 millones que el Instituto de Salud Para el Bienestar destinó para la compra de material de curación, medicamentos y equipamiento.
GASTO POR CONTRATO
El monto conjunto de los 44 contratos adjudicados por nueve dependencias gubernamentales implicó una inversión equiparable al 3.5 por ciento del gasto neto en salud por parte del sector público presupuestario hasta febrero de 2020, de acuerdo con las cifras más recientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Aunque es una inversión mínima como proporción (0.04 por ciento) del Presupuesto de Egresos de la Federación, éste uso de recursos públicos nos da una idea de las líneas prioritarias de gasto en tiempos de emergencia sanitaria.
De acuerdo con datos de CompraNet, el 99.1 por ciento del dinero ejercido en los contratos fue para adquirir equipo médico y material de curación. Sólo un contrato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 2 mil 221 millones 70 mil 879 pesos, que fue para comprar 2 mil 500 ventiladores, acaparó el 99.9 por ciento de esta categoría de gasto.
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Del resto de los recursos erogados entre el 3 de marzo y el 6 de abril de este año, el 0.5 por ciento (12.4 mdp) sirvió para la adquisición de artículos de protección y prevención en dependencias gubernamentales, como son cubrebocas y gel sanitizante.
El otro 0.4 por ciento fue utilizado en servicios de mantenimiento y desinfección de bienes inmuebles (5 mdp), insumos para operativos como combustible para vehículos oficiales (2 mdp), además de materiales de difusión para campañas relacionadas con la pandemia de COVID-19 en México (240 mil 120 pesos).
La dependencia que más recursos erogó fue el IMSS (2.2 mdp), seguido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (6 mdp), el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (3.3 mdp), la Secretaría de Bienestar (2.6 mdp), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (1 mdp), Telecomunicaciones de México (229.6 k), el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (198.5 k), el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes (168.6 k) y el Instituto Nacional de Rehabilitación (69.6 k).
Un cálculo del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) indica que la SSA requerirá cuando menos 16 mil millones de pesos adicionales a los 128 mil 826 millones 414 mil 373 pesos que recibirá a lo largo de este año como parte de su presupuesto regular, para poder atender la crisis de salud causada por el coronavirus.
Dichos recursos incluyen un estimado de 14 mil 210 millones de pesos para incrementar el capital humano de la SSA, así como 1 mil 790 millones para comprar pruebas de detección de COVID-19.
«Los países que destinan menor presupuesto para salud suelen tener menor capacidad humana en cuanto a médicos y enfermeras. México se encuentra en esta situación con 0.55 médicos por cada mil habitantes y 1.14 enfermeras por cada mil habitantes. Duplicar el número de médicos generales durante tres meses sería equivalente a destinar 6 mil 281 mdp. Mientras que para duplicar el número de enfermeras durante tres meses se requieren 7 mil 928 mdp. En total, una suma de 14 mil 210 mdp”, se lee en el documento «Consideraciones de política fiscal ante el COVID-19”.
Acerca de la capacidad de suministro en materia de salud del Gobierno federal, el Centro refiere que «la política de respuesta inmediata debe centrarse en la disponibilidad de suficientes pruebas de diagnóstico y suministro de emergencias, siendo que “el alcance depende del número de pruebas que se apliquen por cada millón de habitantes”.
En ese sentido, el CIEP indica que «Corea, por ejemplo, ha aplicado 6 mil 100 pruebas por cada millón de habitantes, mientras que Estados Unidos ha aplicado 136 pruebas por millón de habitantes. Estos dos escenarios serían equivalentes a destinar 39.8 mdp con el parámetro de Estados Unidos o mil 790 mdp con el parámetro de Corea, sólo para la compra de pruebas de detección, considerando un costo de producción de 87 euros o 2 mil 309 pesos (OCDE 2020)”.
