Este 19 de febrero se cumplen 14 años de la explosión en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, que provocó que 65 mineros quedaran atrapados y que sólo dos fueron rescatados. Las familias siguen exigiendo justicia y buscan que Grupo México, aún propietario de la mina, reciba sanciones. También piden castigo para el Senador Napoleón Gómez Urrutia, quien era dirigente del sindicato al que pertenecían 29 trabajadores.
Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).- A 14 años de la explosión en Pasta de Conchos, en Coahuila, las familias de los 65 mineros que murieron siguen exigiendo justicia y buscan que Grupo México, aún propietario de la mina, reciba sanciones, pues aseguran que sólo ha velado por sus intereses a costa del bienestar de sus trabajadores.
Grupo México anunció ayer que entregará al Gobierno federal la concesión «El Olivo», lugar donde se ubica la mina Pasta de Conchos, para que se reanuden las búsquedas, como prometió hace un año el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero para familias afectadas la decisión sólo muestra que la empresa de Germán Larrea «sigue actuando como lo ha hecho por años, lo está haciendo en contra de los mineros y a favor de la extracción del carbón», dijo Cristina Auerbach Benavides, integrante de la organización Familia Pasta de Conchos, durante una protesta frente al Antimonumento a los fallecidos colocado en Paseo de la Reforma, Ciudad de México.
La defensora de derechos humanos explicó que desde 2013 la concesión se dividió en cuatro lotes, por lo que ceder al «El Olivo», que ya no opera, Grupo México «está viendo la oportunidad de entregar un pedazo a cambio de quedarse con todo el yacimiento de carbón y seguir operando sin garantizar la seguridad de sus trabajadores. Por eso las familias exigimos que entregue toda la concesión».
En noviembre de 2007 la Secretaría de Economía le suspendió los derechos a Grupo México para la extracción de carbón en San Juan de Sabinas, sin embargo, durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto la empresa hizo la división de lotes y siguió operando.
A las sanciones a Grupo México, que decidió frenar las búsquedas en abril de 2007 cuando se sólo se habían rescatado los cuerpos de dos trabajadores, se suma la principal exigencia de las familias que es hallar los restos de los 65 mineros que quedaron atrapados en la explosión por acumulación de gas metano en la mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos, que se agravó por las condiciones deplorables de seguridad.
Uno de los mineros era Mauro Antonio Sánchez Rocha, quien llevaba tres años trabajando en el lugar. «Para nosotros como su familia es increíble saber que su cuerpo sigue ahí, bajo la tierra, y que no podamos darle la sepultura que merece después de tanto años», comentó a SinEmbargo Diego Armando Sánchez Vélez, su sobrino.
El 19 de febrero de 2006, el día de la explosión, la familia de Mauro lo vio partir a la mina y nunca esperó que no volvería, aunque antes otros trabajadores ya sospechaban que un incidente así podría ocurrir. «La mina no estaba en buenas condiciones, eso comentaban mi tío, mi hermano y mi papá, que ya habían trabajado ahí», recordó.
A 14 años, Diego Sánchez sigue acompañando la lucha de las más de mil víctimas indirectas de la explosión, hace 12 que comenzó a trabajar en una mina de Paláu y aunque reconoce que gracias a las exigencias se ha logrado que las empresas pongan más atención en las condiciones de seguridad, su actuar sigue siendo insuficiente. «Por eso queremos justicia por mi tío y los amigos que perdimos ese día, así lo que logremos será también para los otros mineros».
En ello coincidió la defensora Auerbach Benavides y opinó que la lucha de Pastas de Conchos «enciende una gran luz para otros casos» porque evidencia las malas condiciones de trabajo de los mineros de todas las areas, cuya salud se deteriora por las altas cargas de trabajo.
EL RESCATE, EL GRAN PENDIENTE
María Trinidad Cantú Cortés, perdió a Raúl Villancena Cortés, su hijo, en la explosión, pero confía que con el actual Gobierno federal la búsqueda continuará. Sobre ello habló hoy la Secretaroa del Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde en la conferencia matutina del Presidente López Obrador, anunció que en octubre se reanudarán los trabajos en Pasta de Conchos para recuperar los restos de los trabajadores.
«Espero que los trabajo sí inicien en octubre, que no se retrase más porque me inquietan los tiempos y que el sexenio termine porque ya tenemos como antecedente que las respuestas de los gobiernos del PAN y PRI han sido negativas», mencionó Elvira Martínez, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz.
La Secretaria María Luisa Alcalde explicó que será hasta marzo cuando el Servicio Geológico Mexicano concluya un estudio que permitirá decidir cómo reanudar la búsqueda.
La reuniones para retomar el tema desde el Gobierno federal iniciaron en mayo de 2019, cuando se instaló el Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos por indicación directa del Jefe del Ejecutivo, además de la Secretaría del Trabajo en él participan familias de las víctimas.
Cristina Auerbach reconoció la voluntad política del Gobierno federal pero recordó que lo alcanzado hasta ahora es un logro de las familias que no han frenado sus exigencias.
FALTAN SANCIONES: FAMILIAS
Además de los años sin justicia las familias de los mineros han tenido que enfrentarse a agresiones y difamaciones mismas que se reforzaron luego del anuncio del Presidente López Obrador para retomar la búsqueda. Señalan que detrás de los ataque está otro responsable de la tragedia que sigue sin ser sancionado: Napoleón Gómez Urrutia.
En entrevista con este diario digital Cristina Auerbach denunció que la Familia Pasta de Conchos ha detectado que delegados cercanos al actual Senador y presidente de la Confederación Internacional de Trabajadores que se oponen a su lucha y gestionan con medios locales campañas de difamación.
«La oposición la hemos enfrentado todos estos años, pero ahora es diferente porque perciben que la búsqueda sí se va a hacer y hay muchos sectores muy molestos y gente del sindicato de Napoleón Gómez Urrutia en una permanente campaña de difamación y descalificación de nuestro trabajo con intentos de agresión porque él no está en el Comité para la recuperación y justicia en Pasta de Conchos», aseguró.
La defensora abundó que además del rescate las familias buscan que los responsables paguen por sus errores. «No se castigó a nadie y debe hacerse para que no vuelva a suceder», dijo.
Durante años, el Senador Gómez Urrutia ha negado su responsabilidad en el incidente, incluso hoy defendió que el Sindicato Nacional de Trabajadores Minero, Metalúrgica Siderúrgicos y Similares que dirige denunció penalmente a Grupo México en varias ocasiones por homicidio industrial y negligencia, también opinó que Germán Larrea busca eludir sus responsabilidad al regresar al Gobierno la concesión de la mina.
Gómez Urrutia era dirigente del Sindicato Minero al que pertenecían 29 de los trabajadores que quedaron atrapados y ha sido señalado por incumplir con la cláusula del contrato colectivo de los mineros que señalaba que si los trabajadores estaban en riesgo, o si sentían que estaban en riesgo podían salirse de la mina, «pero él jamás veló por sus trabajadores, no dio esa orden. Lo que sí hacía, y han denunciado las familias, es cobrar cuotas sindicales a los mineros contratados por outsorcing», recordó Cristina Auerbach.
Mientras que sobre Grupo México pesa la decisión de ignorar los reportes de fallas de seguridad en la mina que había desde el 2000. Incluso en la última inspección, la del 12 de julio de 2004, se derectaron 43 violaciones directas a la norma de seguridad e higiene y se ordenaron 48 medidas, de urgencia, pero fueron ignoradas.
Por estos hechos, las familias acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al Estado mexicano por sus omisiones y en 2018 el caso fue admitido. Desde entonces se planteó que las víctimas podrían aceptar una solución amistosa sin que se decrete una sanción internacional contra el Gobierno actual, pero para llegar a ella, recordó hoy Stephanie Erin Brewer, Coordinadora del Área internacional del Centro Prodh, «es una condición indispensable que se recuperen los restos de los 65 mineros».
