La industria de la construcción tiene impacto en tres de cada cuatro actividades económicas en México. Sin embargo, su productividad decayó nueve por ciento real en el último año, en un contexto en que el Gobierno Federal redujo sus inversiones productivas y en infraestructura física.
Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- Dos de cada 10 pesos que recibe la industria de la construcción en México provienen del sector público presupuestario; el resto es inversión privada que depende, en buena medida, de los proyectos gubernamentales.
La estrecha relación entre los sectores público y privado en la industria de la construcción implica que cuando la inversión pública se deprime, la inversión privada decae.
Desde hace 10 años, la inversión del Gobierno Federal en materia de infraestructura física como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) de México comenzó a bajar, dijo a SinEmbargo Eduardo Ramírez Leal, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
De acuerdo con el ingeniero Ramírez Leal, hace una década el gasto gubernamental en infraestructura física “llegó a estar casi al cinco por ciento [del PIB] y hoy, el número que se tiene en inversión para infraestructura no llega ni al 2.5 por ciento”.
Las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican que en el último año, entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019, el gasto capital (inversiones productivas e infraestructura pública) del Gobierno Federal fue a la baja.
En ese periodo, el gasto capital decayó 9.1 puntos porcentuales como proporción del PIB mexicano, al pasar de 763.9 a 733.3 mil millones de pesos corrientes.
Hoy en día, el Gobierno Federal invierte hasta el tres por ciento de su PIB en inversiones productivas e infraestructura, mientras que el impulso económico mínimo indispensable para generar desarrollo es de 4.5 puntos porcentuales, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Al mismo tiempo en que el gasto capital del Gobierno fue a la baja, la industria de la construcción en México experimentó una contracción en la derrama económica derivada de su producción, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).
Entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019, la productividad de esta actividad industrial se contrajo nueve puntos porcentuales, al pasar de 30.5 a 27.7 mil millones de pesos (a precios de junio de 2012).
De las actividades específicas que componen el ramo de la construcción en el país, las más afectadas fueron las de electricidad y telecomunicaciones (-24 por ciento); agua, riego y saneamiento (-15.2 por ciento); petróleo y petroquímica (-13.9 por ciento); transporte y urbanización (-7.7 por ciento); además de las edificaciones (-0.9 por ciento).
No obstante, el rubro de «otras construcciones” superó la caída de las partidas específicas, con una contracción de 24.9 puntos porcentuales entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019.
La “mala racha” de la industria de la construcción continuó hasta el cierre del año pasado y provocó, junto con una caída en las actividades mineras del país, que la actividad industrial general de México también decayera, al caer un punto porcentual en el último año, luego de 15 meses de contracción productiva.
CONSTRUCCIÓN Y POLÍTICA
La industria de la construcción no sólo depende de la inversión gubernamental que “dinamiza» la participación de los privados.
Para el presidente nacional de la CMIC, el ingeniero Eduardo Ramírez Leal, todo lo que tiene que ver con infraestructura de todo tipo de construcciones, depende de la política pública y de los planes de desarrollo del gobierno en turno, “porque no se mueve un ladrillo si no interviene una decisión, un permiso, una oportunidad, una estrategia de un municipio, un estado o la Federación”.
Con respecto a la relación indisociable entre lo público y lo privado en la industria de la construcción, Ramírez Leal explicó que existen varios retos a superar en México, si lo que se busca es impulsar el desarrollo nacional a través de la inversión en infraestructura productiva.
Un elemento indispensable es “cuidar y no detener” la productividad de la industria de la construcción por falta de presupuesto gubernamental, puesto que “una lenta ejecución de la aplicación de los recursos públicos dirigidos a infraestructura, también generan lenta aplicación de los recursos privados».
En ese sentido, el presidente de la CMIC indicó que urge reformular el gasto programable que está dirigido a inversión física, ya que su proporción y su estructura de ejercicio están estancadas desde hace muchos años.
Además de los problemas mencionados, el ingeniero Eduardo Ramírez Leal reconoció que el presupuesto en la materia no está libre de recortes para 2020, y que hay circunstancias que agravan la situación actual, como la reducción (menos siete por ciento) del gasto de las dependencias gubernamentales y el subejercicio de recursos públicos en el último año.
“Detectamos un subejercicio muy grande. Solamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, según los datos que recabamos de la misma Secretaría de Hacienda y de CompraNet, es la que ha cumplido con la inversión que el Poder Legislativo enunció en el Presupuesto de Egresos de la Federación. De ahí en fuera todas las otras dependencias se quedaron muy por abajo de lo que podrían haber invertido”, explicó Eduardo Ramírez Leal a SinEmbargo.
Otro de los elementos indispensables para sacar adelante a la industria de la construcción es la despolitización de la infraestructura.
Para ello es necesario acabar con las “obras públicas por decreto” y empezar a construir infraestructura con base en estudios técnicos, ambientales y derechos de vía que antecedan al proyecto ejecutivo.
Más allá de los proyectos de infraestructura del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, si en México «no tenemos una planeación a largo plazo [20-30 años] vamos a seguir hablando de este tema cada seis años”, mencionó Ramírez Leal, que también observó que la industria “siempre está sujeta a compromisos de campañas políticas”.
Para cambiar la situación, el ingeniero refirió la necesidad de implementar una “política de crecimiento” con un verdadero Plan Nacional de Infraestructura, enfocado en proyectos de calidad para el desarrollo de rubros específicos –carreteras, educación, ferrocarriles, hospitales, puertos, salud, vivienda, entre otros– con una planeación conjunta entre los ámbitos público y privado.
“Todo esto sumado nos puede dar un gran efecto de desarrollo en nuestro país a través del crecimiento en la industria de la construcción. El Presidente [López Obrador] ha reconocido que la industria de la construcción tiene un efecto multiplicador [en la economía de México]. Utilicémoslo”, abundó el titular de la CMIC.
CAMBIO DE PERSPECTIVA
De acuerdo con el ingeniero Eduardo Ramírez Leal, “el Inegi tiene detectadas 263 actividades económicas y la industria de la construcción impacta en 183. O sea, tres de cada cuatro actividades económicas en nuestro país, la industria de la construcción las impacta”.
La industria de la construcción no sólo se enfrenta a la caída de la productividad, la falta de inversión, de planeación a largo plazo y al subejercicio gubernamental. También hay problemas de corrupción e inseguridad, así como falta de transparencia, Estado de Derecho y de oportunidades para que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME’s) de todo el país participen en proyectos de infraestructura.
Acerca de este último punto, el presidente nacional de la CMIC refirió que urge la aplicación de estructuras de negocio más allá de las concesiones gubernamentales, como en el caso de asociaciones público-privadas con esquemas de “combinación de responsabilidades e inversiones”, así como políticas públicas que favorezcan a las MiPyME’s.
“Ya ha existido en nuestro país una ley de desarrollo y promoción de las MiPyME’s, donde se pedía que de todas las compras públicas, el 35 por ciento fueran dirigidas a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero nadie le da seguimiento. […] Qué bueno que el Gobierno propicie la participación privada a través de concesiones, sí, pero necesitamos una política pública de asociación, cuando menos con el 30 por ciento de empresas locales de menor tamaño. Eso nunca ha existido en nuestro país y lo estamos promoviendo como Cámara, porque el 96 por ciento de las empresas que representamos son MiPyME’s”, dijo a SinEmbargo el ingeniero Ramírez Leal.
Este nuevo modelo de negocios implicaría sustituir la subcontratación de empresas con asociaciones entre grandes empresas y MiPyME’s, para beneficiar a toda la cadena productiva, desde el constructor hasta los proveedores regionales de bienes y servicios.
«Asócialas con responsabilidades y con todo lo que tiene que ver con tema técnico y de especializaciones y entonces sí pueden dinamizar el crecimiento de las MiPyME’s”. […] De otra forma no caminamos, porque está previsto que muchos constructores muy grandes pueden subcontratar, y la mayoría lo hacen de una manera correcta, pero muchos incorrectos pagan muy bajo los trabajos a las empresas de menor tamaño, no se desarrollan, y la única forma de hacerlos competitivos es así, asociándolos”, de acuerdo con Ramírez Leal.
