La decisión de llevar a cabo la obra, que se contempla entre en operación en 2023, se dio mediante una consulta a todas las comunidades, a mediados de diciembre pasado, y según los resultados, la mayoría de la gente votó a favor de la construcción del Tren Maya.
Según el Gobierno mexicano, la obra cuenta con la supervisión de dos agencias de Naciones Unidas: ONU-Hábitat y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
Por Juan Manuel Ramírez G.
México, 10 de febrero (EFE).– El Tren Maya, una obra con la que el Gobierno mexicano pretende revitalizar el sureste de México, avanza con la licitación del primer tramo físico y con el interés de firmas nacionales y extranjeras, entre ellas varias españolas, pese a la polémica generada en ciertos sectores.
Con una inversión pública de unos 120 mil millones de pesos (unos 6 mil 389 millones de dólares), la obra es impulsada por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha remarcado en los últimos días la importancia de su construcción, la cual ha sido señalada por opositores por sus posibles afectaciones al medioambiente.
«El Tren Maya va», dijo López Obrador el pasado jueves en su conferencia de todos los días, agregando que «la gente lo quiere» y apoya la obra.
El mandatario ha explicado en distintas ocasiones que la obra, cuya extensión es de mil 460 kilómetros, ayudará a reactivar la economía en cinco estados de México: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en el sureste del país.
Dicha región, la más rezagada del país, cuenta con 12 millones de habitantes y un potencial de 17 millones de turistas al año, la mayoría viaja al polo de atracción que representa el balneario de Cancún y la Rivera Maya, en el Caribe mexicano.
La decisión de llevar a cabo la obra, que se contempla entre en operación en 2023, se dio mediante una consulta a todas las comunidades, a mediados de diciembre pasado, y según los resultados, la mayoría de la gente votó a favor de la construcción del Tren Maya.
Según el Gobierno mexicano, la obra cuenta con la supervisión de dos agencias de Naciones Unidas: ONU-Hábitat y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
EMPRESAS NACIONALES E INTERNACIONALES
El director del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, explicó a finales de enero los detalles de las licitaciones e indicó que había interés de 85 empresas. Fueron 65 nacionales y 20 internacionales provenientes de España, Canadá, Portugal, Brasil y China.
Entre las empresas españolas interesadas, suenan con fuerza Sacyr, Acciona, FCC, CAF, Grupo Fomento y Gestamp.
Precisamente el pasado viernes 7 de febrero comenzó la licitación de los tramos uno (Palenque-Escárcega, de 226 kilómetros) y dos (Escárcega-Calkiní, de 254 kilómetros), mientras que el tres (Calkiní-Izamal, de 140 kilómetros) se licitará el 21 de febrero; el cuatro (Izamal-Tulum, de 196 kilómetros) ocurrirá el 28 de febrero, y el cinco (Tulúm-Cancún, de 135 kilómetros) será el 6 de marzo.
Los fallos de las licitaciones se darán a conocer entre abril y mayo y posteriormente arrancará la construcción de los primeros dos tramos del tren, el 30 de abril; el tercero el 18 de mayo y los últimos dos el 27 de mayo.
DERECHO DE VÍA Y MEDIOAMBIENTE
De manera reiterada, López Obrador ha explicado que la inversión en el tren «no es crédito, ni deuda, sino ahorros por no permitir la corrupción» y que con la obra «no se afecta al medioambiente, al contrario, se mejora todo el ambiente».
Además, señala que será beneficiosa para el medioambiente, contribuyendo «a una reducción de emisiones a la atmósfera del más del 50 por ciento » por ser menos contaminante que el transporte terrestre.
Los grupos y comunidades que se oponen a la construcción del tren, entre ellos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), han acusado en distintas ocasiones al Ejecutivo de querer imponer la construcción del tren en las comunidades y de haber simulado las consultas a los pueblos indígenas, afectados por la obra.
Parte de este rechazo lo escenifican siete ONG -entre estas el Frente Peninsular por la Vida y la Selva o Ka Kuxtal Much’ Meyaj- quienes denunciaron en una misiva el pasado 16 de noviembre que el Presidente no busca construir «con nosotros los mayas» una relación directa, pues no dio la información pertinente y «regala migajas» a cambio de aceptar su proyecto.
Pero la visión de López Obrador es muy distinta: Tienen «ganas de afectarnos, de no aceptar que nuestro Gobierno cumpla con sus compromisos y que haya progreso y justicia para la gente. Así es el conservadurismo, aunque se disfracen de gente de izquierda o ambientalistas», dijo recientemente el Presidente.
Acerca de las posibles afectaciones en las regiones por donde pasará, López Obrador dijo que «no se afecta en nada porque el derecho de vía se tiene desde los años 50 del siglo pasado (…) y en donde no hay vía es por la carretera».
El mandatario ha explicado en varias ocasiones que ya existe un derecho de vía de más de 50 metros en buena parte del trayecto y el tren necesita 15 metros, de tal manera que «no se afecta nada, no se abre una montaña, no se tiran árboles, no se despoja a nadie de sus tierras, no hay contaminación».
Además acusó a los manifestantes de que con su protestas solo «hacen el ridículo», ya que les llevan manifiestos y mucha gente firma las peticiones «y ni siquiera conocen los estados del sureste».
«Que primero vayan y que luego den su opinión», ha llegado a afirmar con dureza.
EL TREN, ENTRE MEGAPROYECTOS DE LÓPEZ OBRADOR
El Tren Maya es uno de los grandes proyectos de infraestructura de López Obrador, junto con el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que dará cobertura a la capital mexicana, y el tren de mercancías que atravesará el Istmo de Tehuantepec, uniendo el océano Pacífico con el Golfo de México.
La infraestructura, pensada para el transporte de pasajeros y mercancías, tiene contempladas 18 estaciones y unirá puntos turísticos como las ciudades de Cancún y Mérida con los sitios arqueológicos de Chichén Itzá y Palenque.
Pese a las polémicas y a posibles amparos judiciales en su contra para frenar la obra, para el Presidente mexicano el único asunto por resolver es cumplir con la fecha de arranque de operaciones, prevista para 2023.
