Indolentes y desidiosos, la mayoría de los diputados del Congreso de Jalisco decidieron no asistir al foro convocado la semana pasada para analizar y elaborar tres leyes estatales con las cuales se armonizaría localmente la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El foro fue convocado por la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Poder Legislativo local, pero en tres días de trabajo (29, 30 y 31 de enero) de 38 diputados sólo acudieron seis, y a veces apenas dos, a las mesas de trabajo convocadas junto con las organizaciones de familiares que buscan a sus desaparecidos en Jalisco. Fue un desaire y un desdén indecente y criminal.

Los diputados de Jalisco, como la mayoría de los servidores públicos del país, tienen ingresos y prestaciones privilegiadas: ganan 109 mil pesos al mes para, supuestamente, representar a sus votantes. Pero como en muchos otras dolencias y problemas de Jalisco y del país, los diputados quedan a deber a sus representados.

Esta vez fallaron de manera rotunda a las familias organizadas en los colectivos Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), Por Amor a Ellos, Entre el Cielo y la Tierra, y de organizaciones como Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) que exigen que se elaboren leyes indispensables para tener un eficaz sistema de búsqueda de personas desparecidas y resolver problemas complejos en la vida cotidiana de las familias que padecen esta tragedia.

El evento que desairaron los diputados de Jalisco era importante porque se pretendía que los familiares en conjunto con los diputados revisaran tres leyes pendientes: Ley de Personas Desaparecidas para el Estado de Jalisco, Ley Especial de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas y la Ley Estatal de Atención a Víctimas. Pero a la mayoría de los diputados locales les valió madre.

Este desaire y desatención no es solo otro capítulo del anecdotario del valemadrismo de la clase política. En este caso, dejar de asistir a un foro con las familias para elaborar leyes que pueden ser herramientas útiles para la búsqueda de personas desaparecidas, se convierte en negligencia criminal. La falta de una legislación que dote de herramientas de búsqueda, propicia la repetición del crimen, la falta de la búsqueda y la impunidad para quienes siguen cometiendo ese delito.

Lamentablemente, la desidia y negligencia no ocurre solo en Jalisco sino en la mayoría de los estados del país.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas fue aprobada el 12 de octubre de 2017 y entró en vigor el 17 de noviembre del mismo año. En el artículo transitorio noveno, dicha ley ordenó a los poderes públicos de los estados “emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto”. El plazo establecido para armonizar la ley general a todos los estados de la república venció el 17 de mayo de 2018.

Los diputados de Jalisco tienen un retraso de 21 meses en cumplir con lo que manda la ley federal. Pero lo mismo ocurre con otros 24 congresos locales. Hasta el 12 de diciembre de 2019, solo ocho entidades habían armonizado su legislación local con la ley general: Baja California Sur, Coahuila, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México y Estado de México.

En los 24 estados que no han cumplido con adecuar la ley general contra las desapariciones a sus marcos locales hay gobiernos de todos los colores: panistas, priistas, emecistas y morenistas.
Toda la clase política mexicana ha incumplido con las familias que tienen desaparecidos. Y al igual que en Jalisco, esta desidia y desdén no es una anécdota más del desprecio de los gobernantes a la sociedad.

El incumplimiento en la expedición de leyes que organicen un eficaz sistema de búsqueda, se convierte en negligencia criminal porque con la impunidad contribuye a la repetición del crimen, y con la pasividad impide que se busque en vida inmediatamente a un desaparecido.

La desaparición de personas en México debería ser el principal o uno de los principales temas políticos del país, junto con la violencia organizada. Y los gobernantes y la clase política debería actuar en consecuencia. En lugar de ello actúan con desidia y negligencia. Con esta conducta, la clase política no sólo no contribuye a enfrentar este fenómeno sino que en la práctica se convierten en un obstáculo para las familias que buscan a sus desparecidos. Es necesario poner alto a esta conducta.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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