El transporte público del Estado de México es de los más caros, ineficientes e inseguros del país, pese a los tarifazos de 2013 y 2017, por lo que colectivos civiles rechazan este nuevo aumento de 10 a 12 pesos y retaron al Gobernador Alfredo del Mazo y al Secretario de Movilidad Raymundo Martínez a usarlo durante un día para que experimenten lo que 12 millones de usuarios viven a diario.
Ecatepec, Estado de México, 29 enero (SinEmbargo).- Colectivos civiles retaron al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y al Secretario de Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal, a utilizar durante un día, sin escoltas, el transporte público de la entidad, luego del aumento de 20 por ciento a la tarifa que afecta tanto a los 12 millones de usuarios como a los choferes que entregan cuotas a las empresas concesionadas.
«El transporte público en el Estado de México -una de las zonas más contaminadas por uso excesivo de automóvil- está en un estado deplorable. Los tomadores de decisiones, en este caso el Gobernador y su Secretario de Movilidad, probablemente no conozcan las dificultades que enfrenta toda la gente que lo usa. Tal vez han oído hablar de la inseguridad, pero jamás la han experimentado. Él dice que es bastante bueno y decente», afirmó en conferencia de prensa Carlos Samayoa, responsable en temas de movilidad de Greenpeace, quien recordó que un transporte público de calidad aminora el uso de automóvil y con ello la mala calidad del aire derivada de sus emisiones.
El tarifazo local de este año es el tercero de 2013 a la fecha, pero, acusaron, no se han reflejado en las promesas de mejoras en calidad, seguridad y sustentabilidad ni cuentan con un plan de movilidad íntegro y transparente para ello.
Además, aunque el transporte mexiquense es de los más caros e inseguros en el país, no otorga tarifas preferenciales a los grupos vulnerables como estudiantes, adultos mayores y con capacidades diferentes.
Dante Álvarez, miembro de Metrobús Toluca Ya, documentó que el 70 por ciento de los 17 millones de habitantes del Estado de México usa el transporte colectivo, de los cuales el 30 por ciento son estudiantes o adultos mayores que no reciben ingresos, y el 40 por ciento tiene carencias económicas por lo que el aumento de 10 a 12 pesos «está pasando factura al sector más vulnerable de la población».
Diana Bobadilla Martínez, de la fundación ambiental Xihmai, agregó que familias mexiquenses de tres o cuatro integrantes está gastando alrededor de 1,600 pesos semanales por transportarse, pero ganan en ese periodo 1,800 pesos o menos por lo que se está volviendo «un gasto insostenible» el derecho a la movilidad.
En representación del colectivo estudiantil Intégrate Project, Alejandro Hernández enfatizó que los recursos derivados de los incrementos en 2013 y 2017 no se han invertido en infraestructura.
«La solución no es el incremento -que no está en una ley porque solo fue un acuerdo- sino en una restructuración y organización del sistema del transporte para que el gremio transportista eficiente los trayectos», dijo el estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México.
TRANSPORTISTAS, EL VOTO DURO DEL PRI
Dante Álvarez, miembro de Metrobús Toluca Ya, una iniciativa que nació en 2013 por el primer tarifazo en el Estado de México, aseguró que el problema del transporte mexiquense es que se ha ido improvisando con el modelo hombre-camión que ha generado una relación de poder entre el partido de Estado (el PRI) y los grupos transportistas.
«A partir de intereses político partidistas se fueron entregando concesiones de tal modo que los principales corredores del Estado de México están saturados. Le llaman sobreposición de ruta y eso lo hace particularmente ineficiente», expuso.
«La entrega de estas concesiones a lo largo de 40 o 50 años la ha hecho el partido de Estado a su voto duro, los grupos transportistas. Reciben apoyos durante la administración y cada que hay un informe de gobierno todos los camiones del Estado de México se pintan con agradecimientos al Gobernador».
En el ajuste tarifario de 2017 los transportistas reconocieron que sus unidades operan al 30 por ciento de su capacidad, esto es, los usuarios tienen más del doble de las unidades requeridas.
Pero los choferes no son dueños de las unidades, sino que deben entregar cuotas a las empresas concesionadas dependiendo la ruta. Carecen de seguridad social y sus jornadas de trabajo son de 15 horas con descansos cada 15 días.
Dante afirmó que la Ley de Movilidad aprobada en 2015 es «letra muerta», por lo que urgió a aplicar el artículo 41 sobre el esquema de concesiones.
«Habla del canje de concesiones y cómo el Estado debería estar juntando estas concesiones pulverizadas por unidad que operan bajo el obsoleto y contaminante modelo hombre-camión y cambiarlo a un sistema de corredores estructurados. Pero el Secretario de Movilidad no ha hecho este canje de concesiones. Lo que está haciendo es generar prórrogas al exceso de concesiones que ya existe por 10 años más, es decir, heredar el gran problema de movilidad», aseveró.
Diana Bobadilla, de la fundación ambiental Xihmai, comentó que por el esquema hombre-camión el chofer tiene que estar peleando el pasaje entre la sobre oferta de unidades.
«Estos choferes también están siendo víctimas de esta alza a la tarifa, porque les están incrementando la cuota que ellos deben ingresar a sus jefes de la empresa. Si antes entregaban 600 pesos ahora deben entregar 800, 900 o hasta mil pesos», expuso.
Respecto a las medidas de seguridad implementadas como la colocación de cámaras en las unidades, criticó que los choferes deben pagarlas hasta en 40 mil pesos para tener acceso a la herramienta, más 8 mil pesos mensuales a la empresa que las otorga.
