En mayo de 2019 cuando rindió un informe por los primeros cien días al frente de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero se escuchó con mucha suficiencia. Presumía haber tomado el control de lo que fue la PGR, una institución que encontró no solo con una obesa nómina cargada de contrataciones realizadas para favorecer a personas cercanas al poder, familiares y amigos de quienes encabezaron la dependencia cuando estaba en la facultad del Gobierno de la República.

Ya con autonomía, Gertz Manero también habló claro sobre los casos más notorios que lleva la Fiscalía, particularmente de dos, el caso Odebrecht, una historia de corrupción, sobornos en Petróleos Mexicanos cuando la encabezó Emilio Lozoya Austin, un hombre cercanísimo al entonces Presidente Enrique Peña Nieto, también refirió la investigación de la Estafa Maestra, otro entramado de corrupción durante el Gobierno de Peña que involucró a varias secretarías de estado y universidad cuyo daño al erario supera los siete mil millones de pesos. Además, ofreció tener resultados también de la investigación sobre los hechos acontecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, particularmente con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, hechos en los que unos fueron asesinados y 43 desaparecidos.

Los tres casos de mayor responsabilidad en la Fiscalía General de la República, sucedieron en el sexenio de Peña Nieto, acaso el más protegido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha decidido perdonar la corrupción pasada, al menos en la figura presidencial.

Del caso Odebrecht, Emilio Lozoya está en calidad de prófugo mientras su familia cercana también es indagada, de la Estafa Maestra, solo una ex Secretaria de Estado permanece en prisión y bajo proceso, Rosario Robles Berlanga, y del caso Ayotzinapa, poco se sabe. En septiembre del mismo 2019 y después de reunirse con familiares y abogados de los 43 estudiantes desaparecidos, Gertz Manero se comprometió a iniciar la investigación desde cero, para reaprender a quienes hayan sido liberados, ir tras aquellos que no fueron lo suficientemente investigados, y evitar que quienes permanecen en prisión recuperen su libertad, todo para aclarar el caso que incluye entre los perpetradores, a integrantes del Estado Mexicano, policías que actuaron en detrimento de la sociedad, funcionarios que son responsables por omisión, y narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos.

Pero a cinco meses de esa promesa, poco se sabe del avance de la investigación que se supone inició de base cero la Fiscalía que encabeza Gertz Manero.

Los organismos autónomos que participaron en la investigación, la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos), el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Indpendientes), y la CIDH (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos), también llegaron a sus propias conclusiones, muchas de las cuales coincidieron entre ellos, no así con la investigación que realizó la PGR.

En una de esas líneas refieren la urgencia de localizar para investigar a profundidad, y de hecho así lo recomienda la CNDH a la PGR en 2018, a un personaje de código “Caminante”, quien habría participado como enlace y transmisor de información entre criminales del cártel Guerreros Unidos, Policías Municipales de Iguala y Ministeriales de Guerrero, así como con funcionarios cercanos al gobernador del Estado, Angel Aguirre.

De “Caminante”, con todas sus letras, la investigación de la CNDH logró identificar a una persona detrás del apodo, al General en el retiro Marcos Esteban Juárez Escalera.

En la última edición del semanario ZETA, fue revelado que tal persona, Juárez Escalera, es un funcionario en el Gobierno del morenista Jaime Bonilla Valdez. El Secretario General de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, lo contrató como Director de Centros de Reinserción Social, es decir es el encargado de los penales del Estado.

La historia de la relación entre Rodríguez Lozano y Juárez Escalera se remonta a cuando el primero fue Ministro de Justicia de Chiapas durante el Gobierno de Juan Sabines, en el segundo lustro de la década de los dos mil, y contrató al segundo como Director de la Policía Ministerial.

Evidentemente, a pesar de las menciones en el caso Ayotzinapa, de haber acudido a declarar en calidad de testigo, Rodríguez Lozano mantuvo la confianza en el General retirado hasta llevarlo al Gobierno de Bonilla Valdez quien apenas tomó posesión el 1 de noviembre de 2019, pero a cuyo Gobierno ya persiguen casos de corrupción en el primer círculo, que tocan de cerca al Secretario General.

Por supuesto Juárez Escalera ha negado su participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, acusa que está siendo atacado cuando ha sido la propia CNDH la institución que lo visualiza oficialmente en los momentos críticos de la desaparición de los estudiantes, hablando con Policías y narcotraficantes, con los primeros tenía comunicación porque hasta unos días atrás de los fatales hechos había sido Director de la Policía Ministerial de Guerrero, y en ese momento era Secretario de Seguridad del Ayuntamiento de Acapulco, es decir que tenía los medios, los conocimientos y el contexto para establecer comunicaciones.

El Gobernador Jaime Bonilla Valdez, como sucede con los escándalos que han tocado a su naciente administración estatal, ha guardado silencio, mientras el Secretario General de Gobierno, en lo corto, niega la investigación de la CNDH, cuyas conclusiones tacha de falsedades.

La Fiscalía General de la República no ha informado al respecto, ni si realmente reiniciaron la investigación general del caso Iguala, o si están investigando a “Caminante” en una dirección distinta al tratamiento que tuvo este personaje en la PGR.

Hasta el martes 21 de enero, Marcos Esteban Juárez Escalera seguía laborando en el Gobierno de Morena de Baja California, solo corresponderá a la FGR, determinar su situación, su tuvo la participación que la CNDH determinó dentro de su investigación en los hechos de Ayotzinapa, y con la cual coincidió el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

Mientras tanto, el caso sigue sin ser resuelto, en la impunidad, al tiempo que en Baja California, uno de los probables participantes, es funcionario de Gobierno. Ahora sí que el Fiscal Gertz Manero se está quedando corto en los resultados del caso Ayotzinapa.

Adela Navarro Bello

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