Ayer, el Gobernador Héctor Astudillo Flores declaró que “hay certeza en las investigaciones de que una de las camionetas con los cuerpos de los músicos fue aventada a un barranco y la otra no cayó porque estaba incendiada, y que de primera vista sin duda se trató de un homicidio doloso”.
Y el sábado, el Fiscal General, Jorge Zuriel de los Santos, afirmó en conferencia de prensa que la FGE no ha localizado pruebas, casquillos percutidos o indicios que permitan conocer cómo fueron asesinados los diez músicos.
Por Zacarías Cervantes
Chilpancingo, Guerrero, 21 de enero (ElSur).– Entre reclamos de justicia y castigo a los responsables, fueron sepultados ayer cinco de los 10 músicos indígenas de Alcozacán, municipio de Chilapa, asesinados la tarde del viernes cerca de Mexcalcingo.
Mientras tanto, familiares de los otros cinco que fueron incinerados se trasladaron a Chilpancingo resguardados por la Policía Estatal para tomarse las muestras de ADN para la identificación de los cuerpos.
Simultáneamente, el bloqueo que mantienen indígenas de las 16 comunidades que integran el territorio de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) continuó y las autoridades de los pueblos pusieron un ultimátum hasta ayer para que si los gobiernos no les resuelven sus demandas, este martes trasladarían su bloqueo a la carretera Chilpancingo-Tlapa.
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Y, mientras tanto, la mañana de ayer un indígena de la comunidad de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, fue levantado cuando cosechaba su siembra de maíz en su tierra de labor pero después del medio día se escapó de sus captores.
El coordinador de la CRAC-PF, David Sánchez Luna, informó que en el sepelio de los cinco músicos de Alcozacán ayer, los pobladores de las 16 comunidades que integran el sistema comunitario de la CRAC-PF exigieron a los gobiernos federal y estatal justicia, castigo a los responsables y el desmantelamiento del grupo delictivo de Los Ardillos a quienes señalan como los autores de la masacre.
Advirtió que las autoridades de las 16 localidades acordaron en su asamblea regional después del sepelio que no retirarán el bloqueo hasta que se resuelvan sus demandas, a pesar de que denunció que el Gobierno del estado los está presionando para que desbloqueen la carretera.
Informó que por la mañana de ayer se presentó con ellos un representante de la Dirección de Gobernación, Jorge Miranda Huesca, quien en nombre del Gobierno estatal les pidió que abran el paso.
Asimismo, dijo que un grupo de transportistas de Hueycantenango, que suponen fueron enviados por el Gobierno estatal, también fueron a exigir que se desbloquee la carretera.
Se quejó de que los gobiernos estatal y federal están actuando de manera parcial y a favor del grupo delictivo, “cómo es posible que nosotros que exigimos justicia por nuestras víctimas y hemos denunciado que nos están matando a nuestros compañeros, nos presionan para que retiremos el bloqueo y a los que bloquearon ayer en Amate Amarillo, en el Crucero de Ayahualulco y en Tixtla, que están pidiendo que la Guardia Nacional no nos atienda aquí en nuestro territorio los toleren y no les digan nada, ¿por qué a ellos no les exigen que se quiten de la carretera?”, reprochó en referencia a tres bloqueos que se instalaron ayer en la carretera Chilpancingo-Tlapa y que según la CRAC-PF fueron promovidos por gente de Los Ardillos para inmovilizar a la Guardia Nacional que iría al territorio de la CRAC.
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Sánchez Luna denunció, asimismo, que los militares que se encuentran en el crucero de Rincón de Chautla, cerca de Paraíso de Tepila han abierto en dos ocasiones el paso en el punto denominado La Yerbabuena de la carretera Chilapa- Hueycantenango, en donde la CRAC-PC cerró con árboles el camino para evitar el paso de los integrantes del grupo delictivo hacia Alcozacán donde tiene el bloqueo y evitar una agresión.
Aseguró que el sábado los militares fueron a retirar los árboles y abrieron el paso, pero que una comisión de integrantes de la CRAC-PF fue a cerrar nuevamente la carretera pero ayer nuevamente desbloquearon los soldados.
Agregó que ayer una comisión fue nuevamente a cerrar la carretera y a pedir a los militares que ya no abran, “pero se pusieron agresivos y nos acusaron de que los fuimos a amenazar, cuando solamente fuimos una comisión y un grupo de comunitarios”.
Sánchez Luna denunció que los soldados se posicionaron en forma de ataque, “como si nosotros fuéramos los delincuentes”.
Insistió: “por todo esto nosotros, las autoridades municipales, los coordinadores y la ciudadanía, vemos que le están dando prioridad y les hacen más caso al grupo delictivo que a nosotros como pueblos indígenas”, se quejó.
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Dijo que otra muestra de parcialidad que se está viendo de parte del Gobierno, es la versión que ha dado a los medios de comunicación sobre las circunstancias en que murieron los 10 indígenas de Alcozacán.
Ayer, el Gobernador Héctor Astudillo Flores declaró que “hay certeza en las investigaciones de que una de las camionetas con los cuerpos de los músicos fue aventada a un barranco y la otra no cayó porque estaba incendiada, y que de primera vista sin duda se trató de un homicidio doloso”.
Y el sábado, el Fiscal General, Jorge Zuriel de los Santos, afirmó en conferencia de prensa que la FGE no ha localizado pruebas, casquillos percutidos o indicios que permitan conocer cómo fueron asesinados los diez músicos.
Sánchez Luna dijo que es claro que quieren desviar los resultados de las investigaciones para favorecer a los responsables del ataque.
“Esa es su versión, pero los comunitarios de Ayahualtempa (municipio de José Joaquín de Herrera) escucharon los disparos a las 2 de la tarde, “¿cómo no van a morir con disparos, si se escucharon los balazos que tiraron esas personas del grupo delictivo?”, reclamó.
Informó que los familiares y la CRAC-PF exigieron a las autoridades que les dejaran los cuerpos en Alcozacán para que vieran las condiciones en que murieron, pero que se negaron y se los trajeron en helicóptero a Chilpancingo.
Agregó que los cuerpos que entregaron el domingo a los familiares iban envueltos en una lona sellada y les “recomendaron” que ya no los abrieran, por lo que no pudieron confirmar si llevaban disparos.
Sin embargo, dijo que el comisario de Mexcalzingo les aseguró que murieron con disparos de armas de fuego y que también escucharon los disparos a la misma hora que fueron emboscados.
Sánchez Luna indicó que en el sepelio, los familiares y pobladores de las 16 comunidades que pertenecen al sistema de la CRAC-PF, exigieron la detención de los responsables. Insistió que la emboscada fue cometida por gente del grupo delincuencial de Los Ardillos.
Exigieron, asimismo, la entrega de los otros cinco cuerpos que permanecen en el Semefo de Chilpancingo, debido a que aún no han sido identificados porque fueron incinerados.
“Seguimos exigiendo que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, venga a la comunidad de Alcozacán en donde estamos reunidas las 16 comunidades, ese fue el acuerdo de la asamblea regional ayer”, informó por teléfono.
Añadió que acordaron, además, seguir con el bloqueo y emplazó a las autoridades estatales a atender sus demandas, si no a partir de este martes trasladarán su bloqueo a la carretera Chilpancingo-Tlapa.
Agregó que en la asamblea de ayer, después del sepelio de sus compañeros, se acordó no abrir el paso porque el Gobierno solamente les ha respondido con promesas “y no ha cumplido las demandas que tenemos”.
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EL GOBIERNO NO APOYÓ PARA EL SEPELIO
Sánchez Luna reprochó que el Gobierno informó que apoyaría para el sepelio a los familiares y con pensiones a las viudas y madres que se quedaron como únicas cabezas de familia. Sin embargo, denunció que para el sepelio de las cinco primeras víctimas ayer los familiares no recibieron ningún apoyo y que los funerales se realizaron con la solidaridad de los pobladores.
“Le exigimos que cumpla todo lo que dice, que no nada más lo anuncie, le pedimos al Gobernador que también venga con el Presidente aquí donde estamos reunidas las 16 comunidades”, insistió el coordinador de la CRAC-PF.
Precisó que sus demandas son la entrega de los otros cinco cuerpos, la detención de los responsables de la masacre, el desmantelamiento del grupo delictivo Los Ardillos, la instalación de campamentos militares en los cruceros de Tula y El Jaguey, la libertad del policía comunitario Godofredo Cortés Reyes y la cancelación de 60 órdenes de aprehensión que hay en contra de policías comunitarios.
Asimismo, la CRAC-PF incluyó un pliego de 23 demandas que entregaron a las autoridades estatales y federales en agosto del año pasado.
