Durante 2019, los líderes empresariales decidieron cooperar con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego del intercambio de señalamientos en la campaña electoral de 2018. Juntos acordaron el Plan Nacional de Infraestructura, pese al episodio de tensión por los contratos de gasoductos. Además, el Primer Mandatario cuenta con su consejo de asesores, aunque también con críticos: Gustavo de Hoyos (Coparmex) y Claudio X. González (Mexicanos contra la Corrupción).
Ciudad de México, 31 diciembre (SinEmbargo).– Luego de la tensión durante la campaña presidencial, una gran parte del sector empresarial se abrió al diálogo con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mediado por el Jefe de la Oficina de Presidencia, el empresario Alfonso Romo Garza. A finales de noviembre se sentaron en la primera fila del Salón Tesorería en Palacio Nacional para presentar juntos el Plan Nacional de Infraestructura 2020-2024 tras meses de reuniones.
«La inversión pública es desde luego importante, pero funciona básicamente como inversión semilla para detonar el crecimiento con la participación del sector privado», aseguró López Obrador frente al empresario más rico del país, Carlos Slim Helú (al inicio afectado por la cancelación del aeropuerto en Texcoco); el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí; el presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle Perochena; el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera Lajous; el presidente honorario del Grupo Financiero Citibanamex, Roberto Hernández Ramírez (a quien llegó a señalar como miembro de «la mafia del poder»), entre otros. «Esta es una muestra de que hay voluntad, hay una clara, franca manifestación de apoyo para que juntos logremos sacar adelante a nuestro querido México», agregó.
El gran ausente fue Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) con empresas en Baja California, quien ha sido una constante figura opositora del Gobierno federal.
«Yo diría que él está haciendo campaña política porque quiere ser candidato de un partido conservador en Baja California», comentó el Presidente López Obrador en una conferencia de prensa. «No representa realmente a los empresarios. Es como una especie de dirigente de un partido». Pero De Hoyos afirmó que no busca candidaturas sino defender empleos y empresas.
El otro gran crítico es Claudio X. González, de Mexicanos contra la Corrupción. En octubre, la empresa de su padre Claudio X. González Laporte, Kimberly Clark México, fue blanco de un intento de boicot convocado en redes sociales por la declaración de un directivo respecto a las nuevas políticas gubernamentales «que podrían no ser lo que nos gustaría para que la inversión se ponga en marcha a corto plazo». Sin embargo, la compañía aclaró que este año cerrará con una inversión de 3 mil millones de pesos.
En un primer paquete del acuerdo de infraestructura se acordó inyectar 859 mil millones de pesos para 147 proyectos durante el sexenio con análisis técnico, agilidad en trámites, costo-beneficio, sostenibilidad ambiental y transparencia en la licitación y avances. Durante 2020 se planean ejecutar 72 de ellos (45 en el centro, 49 en el norte, 42 en el sur y 11 a lo largo del país) con 431 mil millones de pesos, y en enero presentarán otro paquete para proyectos de energía y salud. Para 2021-2022 van otros 255 mil millones y finalmente 171 mil millones de pesos para los últimos dos años de la administración.
«Es una cifra muy importante», destacó sobre la inversión privada Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, organización que en 2006 apoyó la campaña «AMLO, un peligro para México».
«Señor Presidente, desde que usted llegó al poder, el sector privado se ha comprometido con usted a atacar la pobreza, a aumentar el crecimiento económico del país y a combatir la corrupción», dijo para recordar el compromiso de los empresarios con el Gobierno federal.
El presidente del Consejo Mexicano de Negocios Antonio del Valle agradeció el apoyo de Grupo Carso, Grupo Alfa, Cemex, la Asociación Nacional de la Industria Química y a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
«Para asegurar las inversiones se requiere de un Estado de Derecho que dé certeza a los inversionistas nacionales y extranjeros; reglas claras y acuerdos como este generan certidumbre», afirmó del Valle, dueño de Mexichem.
Los otros presentes en Palacio Nacional fueron Tania Ortiz Mena, de IEnova; Francisco Cervantes, de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin); José Manuel López Campos, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco); Manuel Escobedo, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS); Luis Fernando Haro, del Consejo Nacional Agropecuario; Enoch Castellanos, de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra); Vicente Yáñez, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD); Bernardo González, de Amafores; Jorge Torres, de América Chamber, entre otros.
EL CONSEJO DE ASESORES
A unos días de iniciar el Gobierno, el entonces Presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó en un video que aceptó la sugerencia de empresarios para ofrecerle orientación a través del Consejo Asesor Empresarial.
El grupo lo conforma el tercer hombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas), quien demandó a la revista Proceso por relacionarlo con el caso de Caja Libertad; el brazo derecho de Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez Martínez (Televisa); Olegario Vázquez Aldir (Grupo Empresarial Ángeles), Carlos Hank González (Grupo Financiero Banorte); Daniel Chávez (Grupo Vidanta); y Miguel Rincón (BioPappel), quien tuvo que renunciar a un contrato para libros de texto gratuito para evitar la percepción de amiguismo.
También está Miguel Alemán Magnani, cuya empresa Interjet tiene un adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 549.2 millones de pesos durante 2013 y 2017, por lo que la aerolínea iba a ser embargada (pero tramitó un amparo) y se le designó una interventora que se encargará de retener el 10 por ciento de los ingresos.
Un mes antes el Grupo Alemán compró a Grupo Televisa las acciones que tenía en la radiodifusora Radiópolis, que asciende al 50 por ciento de este grupo.
LAS TENSIONES: GASODUCTOS Y GRUPO MÉXICO
En la presentación del Plan de Infraestructura el Presidente Andrés Manuel López Obrador también agradeció la ayuda de los líderes empresariales Carlos Salazar y Antonio del Valle durante «las diferencias» en el caso de los contratos de gasoductos que causó turbulencias entre inversionistas.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) titulada por Manuel Bartlett Díaz encabezó la renegociación de contratos de gasoductos –que consideró «leoninos» y «ventajosos»– con las empresas constructoras IEnova (Carlos Ruiz Sacristán), TC Energy, Carso Energy (Slim) y Fermaca. Según la empresa de energía eléctrica, se ahorrarán 4 mil 500 millones de dólares por los acuerdos alcanzados en agosto.
La otra tensión ha sido con Grupo México, del segundo empresario más rico del país, Germán Larrea Velasco, presente en Palacio Nacional en el Primer Informe de Gobierno y en una comida entre el Presidente López Obrador y el top ten de empresarios.
En julio el rechazo a la compañía despertó con mayor fuerza tras el hallazgo de una tortuga Caguama marina y un lobo marino muertos en una playa de San Carlos cercana al derrame de tres mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés en Guaymas, Sonora; a lo que se le sumó el 12 aniversario de la huelga de Cananea y la quinta conmemoración del desastre en los ríos Bacanuchi y Sonora, el cual sigue causando enfermedades a los habitantes de alrededor y falta de confianza en el uso del agua.
El Secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo Manzur, anunció que podría suspender su actividad industrial, ya que lleva 22 accidentes a nivel nacional e internacional en el marco de “una política ambiental relajada” en los últimos 30 años.
Las tragedias ambientales, muertes y violaciones a derechos humanos de Grupo México “no han sido suficientes” para que las autoridades pongan un alto a esta empresa y a esta manera de hacer negocios “mediante el despojo y la desolación”, planteó una misiva de cientos de organizaciones, académicos y artistas enviada al Presidente Andrés Manuel López Obrador.
