En México, sólo 26.35 por ciento de las personas con certificados agrarios son mujeres y aunque ellas trabajan las tierras en igual dimensión que los hombres no tienen los mismos apoyos por parte del Gobierno. En los programas impulsados por López Obrador ellas representan menos del 50 por ciento de las personas beneficiarias.
Defensoras del acceso a la tierra aseguran que esta desigualdad seguirá perpetuándose si desde el Gobierno federal no se preparan programas con perspectiva de género que atiendan las necesidades particulares de las mujeres campesinas.
Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).– Uno de los principales compromisos del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido fomentar el apoyo a quienes trabajan en el campo y el crecimiento agrario, sin embargo, las mujeres de este sector son excluidas, pues su derecho a ser propietarias de la tierra sigue sin estar garantizado, denunciaron defensoras.
A nivel nacional, un millón 310 mil 318 mujeres cuentan con al menos un certificado que las acredita como sujetas agrarias, es decir, ejidatarias, comuneras, posesionarias o avecindadas, mientras que 94 mil 449 lo son por alguna resolución presidencial o la sentencia de un tribunal agrario, pero no están certificadas.
La cifra contrasta con los 3 millones 661 mil 945 hombres que son sujetos agrarios con al menos un certificado y los 258 mil 362 que los son sin tener uno, según muestran datos del Registro Agrario Nacional (RAN) actualizados hasta septiembre de este año.
Es decir, las mujeres representan solo el 26.35 por ciento de las personas con certificados y 26.77 por ciento de las y los sujetos agrarios que carecen de uno porque sigue en trámite.
Aunque las mujeres trabajan la tierra siguen sin ser reconocidas como propietarias y no existen programas específicos desde el Gobierno federal que les garantice este derecho, denunciaron Rosenda Maldonado Rodríguez, coordinadora de la Red de Mujeres Indígenas Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y el Territorio (RENAMITT) y Rocío Miranda, presidenta de Promotora de Gestión y Enlace para el Desarrollo Rural (Progeder).
La desigualdad en el campo es un problema que no solo atañe a México, a nivel mundial las mujeres producen más 50 por ciento de los alimentos, pero solo ganan 10 por ciento de los ingresos y poseen el 1 por ciento de la propiedad de las tierras, como muestran datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
Pese a su amplia presencia, en México las mujeres rurales trabajan más que los hombres y ganan menos, ellas laboran hasta 89 horas semanales, es decir, 31 horas más que los hombres, pero solo 22.4 por ciento son propietarias de tierras, señala la FAO.
«Las mujeres somos asunto de seguridad alimentaria en México y la región de América Latina por lo que necesitamos políticas públicas específicas para incentivar la producción agropecuaria», aseguró Rocío Miranda en entrevista con SinEmbargo.
En ese sentido se pronunció Rosenda Maldonado al explicar que si las unidades básicas para trabajar la tierra no están en manos de las mujeres se les impide producir, «en ocasiones deben rentar parcelas o mendigar para producir, por eso muchas optan por buscar trabajos como jornaleras, donde reciben salarios menores al de los jornaleros hombres», explicó.
Rocío Miranda reconoció que aún cuando la actual administración federal impulsa acciones positivas para incentivar el crecimiento del campo éstas siguen sin enfocarse a las mujeres y corren el riesgo de ser sólo asistencialistas, pues se brinda dinero a la población sin impulsar un seguimiento específico el trabajo colectivo entre ellas.
Cuando el derecho a la tierra de las mujeres no está garantizado muchos otros se limitan, como el de la participación política. La abogada Rosenda Maldonado explicó que aun cuando las mujeres trabajan las tierras, a veces incluso se quedan a cargo cuando los hombres migran hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, no se reconoce que tengan derechos sobre ellas, pese a que sus esposos, los dueños, no regresan.
Sin el reconocimiento a las mujeres se les relega de la toma de decisiones que impactan directamente en su vida y la de sus familias. Un ejemplo de ello se observa en las asambleas comunitarias de pueblos indígenas en Veracruz, donde las que no tienen títulos de propiedad solo asisten para pasar lista a nombre de sus maridos porque de no acudir les cobran una cuota, pero no pueden tomar decisiones porque oficialmente la tierra no es suya, explicó la abogada y defensora.
La falta de este derecho afecta también en la participación de consultas públicas para construir megaproyectos. En la experiencia de la RENAMITT, que tiene incidencia en Veracruz,Oaxaca, Chihuahua, Jalisco, Guerrero, a estos ejercicios democráticos se suele invitar a las autoridades comunales y si las consultas las realizan en las asambleas ejidales, controladas en su mayoría por hombres, la participación de las mujeres se ve limitada.
LAS CIFRAS DE LA DESIGUALDAD
Aunque hasta septiembre de este año se expidieron 133 mil 500 certificados y títulos de propiedad a sujetos agrarios, solo 32.35 por ciento fueron para mujeres; mientras que de las 67 mil 593 personas beneficiadas por ellos, 35.81 eran mujeres, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)
Incluso en los programas promovidos desde el actual Gobierno morenista esta población sigue sin ser beneficiada en la misma proporción.
Las estadísticas del programa Producción para el Bienestar impulsado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que brinda incentivos económicos directos a pequeños y medianos productores, muestran que del millón 48 mil 575 beneficiados en el periodo primavera-verano de 2019 de los que se conoce el género, las mujeres representan el 30.84 por ciento.
En ninguno de los 20 estados de los que se tiene registro las mujeres representan al menos la mitad de las personas beneficiarias. En Coahuila y Baja California Sur representan menos del 20 por ciento de las y los beneficiarias en 16.68 y 18.91 por ciento respectivamente.
Los cinco estados con más personas beneficiarias fueron Chiapas, con 304 mil 269, ahí las mujeres registradas son el 25.95 por ciento; le siguió Guerrero, donde hubo 179 mil 965 y ellas representaron 42.89 por ciento; después están el Estado de México, las mujeres fueron 29.11 por ciento de las 110 mil 725 personas; en Hidalgo fueron 28.41 por ciento de los 83 mil 408; mientras que en Jalisco, con 68 mil 112 beneficiarios, ellas representaron el 27.29.
FALTA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Las defensoras Rosenda Maldonado y Rocío Miranda coincidieron en que además de garantizar que las mujeres campesinas reciban apoyos, deben impartirse programas de sensibilización tanto para funcionarios como en las comunidades.
«Muchas mujeres y hombres indígenas cuando les preguntas, a quién le van a dejar sus tierras responden que a sus hijo, no piensan en las hijas, entonces se sigue reproduciendo el pensamiento machista de que las mujeres no pueden poseer la tierra», explicó Maldonado, quien como indígena otomí de la sierra norte de Veracruz apoya a otras mujeres desde la RENAMITT
La abogada también señaló que se desconoce el nivel de discriminación a las mujeres indígenas, pues las estadísticas de la Sader y el RAN no contabiliza cuántas son beneficiarias con certificados agrarios o de programas sociales.
Para 2020, a la falta de programas específicos en el campo que contemplen las razones de género que impiden a las mujeres ser consideradas como propietarias de la tierra se suma la preocupación de organizaciones del campo por la disminución del presupuesto al sector.
Y es que las y los legisladores aprobaron 339 mil 870.9 millones de pesos para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, es decir, 3.5 por ciento menos del presupuesto aprobado en 2019.
El pasado 3 de diciembre, el Congreso Agrario Permanente Nacional A.C. se pronunció en un comunicado en contra de la reducción. Consideró que el campo mexicano «no merece simulación productiva, ni desdén asistencialista», también criticó que la estrategia carece de una visión a largo plazo para afianzar cualquier proceso de desarrollo productivo de las comunidades.
En ese sentido, el llamado de las y los campesinos ha sido el de solicitar un diálogo con el Gobierno Federal para que las autoridades escuchen las exigencias específicas del sector.
