Gonzalo Gil White, quien es buscado por la Interpol por su presunta responsabilidad en los delitos de administración fraudulenta y abuso de confianza, ahora cuenta con una nueva orden de aprehensión por el delito de abuso de confianza.
Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- Un Juez de la Ciudad de México dictó una nueva orden de aprehensión en contra de Gonzalo Gil White, hijo De Francisco Gil Díaz, ex Secretario de Hacienda del Gobierno de México.
La orden de aprehensión también incluye a Miguel Ángel Villegas Vargas y Cynthia Ann DeLong, directivos de la compañía “Oro Negro”. La orden de captura fue dictada por el delito de abuso de confianza.
El pasado 17 de julio, este diario informó de la primera orden de aprehensión en contra Gonzalo Gil, por un presunto desvío de más de 750 millones de pesos dentro de la empresa «Oro Negro».
La unidad de gestión judicial número 12 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México liberó la orden de captura por el agravio de sus acreedores por más de 160 millones de pesos.
Los directivos de la Perforadora «Oro Negro» solicitaron dinero de la masa concursal por la cantidad de 250 millones de pesos para supuestamente pagar el IVA de diversas facturas. Al recibir el dinero, gonzalo Gil White oridenó que sólo se pagaran 90 millones a Hacienda, mientras los 160 restantes fueron dispuestos de forma indebida por los directivos de dicha empresa.
FICHA ROJA DE INTERPOL
La Organización International de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja en contra del empresario mexicano Gonzalo Gil White y otros cuatro socios de la compañía “Oro Negro”. Esto a petición de la procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
De acuerdo con el medio Reforma, la ficha en cuestión fue emitida en 194 naciones. En ella se requiere la detención de Gil White para ser extraditado a México por su presunta responsabilidad en los delitos de administración fraudulenta y abuso de confianza.
La ficha, que fue distribuida entre los 194 países miembros, es para su localización y detención con fines de extradición debido a que son requeridos por un juzgado de la capital del País por su presunta responsabilidad en los delitos de administración fraudulenta y abuso de confianza.
