Las denuncias de desvíos en el estado de Baja California no sólo tocan al ex Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, también incluyen al ex Alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien repartió recursos a ONGs, pero la entrega de apoyos no responde a reglas de operación, por lo que los solicitantes no requieren presentar un anteproyecto sobre la aplicación de los recursos ni se les pide comprobación del gasto.
Por Inés García Ramos
Baja California, 27 de noviembre (Zeta).- Durante tres años, el ex Alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, ejerció una bolsa superior a 47 millones de pesos para repartir a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) bajo el concepto “Apoyos Sociales”.
Se trata de la partida 44501 dentro del presupuesto del Ayuntamiento. La entrega de apoyos no responde a reglas de operación, por lo que los solicitantes no requieren presentar un anteproyecto sobre la aplicación de los recursos ni se les pide comprobación del gasto. El dinero se entrega a criterio y gusto del Alcalde en turno.
Tal presupuesto cobró notoriedad cuando en 2018 trascendió que el entonces Presidente municipal de Tijuana aportó 4 millones 360 mil 829 pesos de esa bolsa a la asociación de colonos de Puerta de Hierro, uno de los residenciales más exclusivos de la ciudad.
No solo se trató de la cantidad más grande aportada a una sola asociación ese año, sino que contraviene a la propia Norma Técnica 31, la cual especifica que esas ayudas deben “cubrir necesidades a los solicitantes que poseen escasos recursos o se encuentran en zonas marginales”.
La petición de los colonos de reparar una vialidad tampoco respondía a otros supuestos en la Norma Técnica, como apoyar a personas que se dedican a una actividad deportiva o académica.
No es el único caso de aportaciones irregulares aprobadas por el ex Alcalde de extracción panista. Durante su gobierno, se aportaron millones de pesos a asociaciones creadas al vapor, sin sustento de su trabajo y representadas por personas ajenas al activismo.
Entre los beneficiarios como representantes de las asociaciones civiles, está José Antonio Hernández Reyes, quien maneja la página de Facebook Yo Amo Tijuana, que en tres años sumó más de 5 millones de pesos en recursos del Ayuntamiento.
Saúl Pérez González y Carolina Bahena Burgueño, quienes fueron empleados de Gobierno del Estado, resultaron beneficiados con más de 3 millones de pesos para una asociación que ni domicilio registró ante el catálogo de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedesoe).
Otras asociaciones apoyadas por concepto de organizaciones civiles, son Fundación Sara Barrón, presidida por el empresario Rafael Carillo Barrón, afín al gobierno del “Patas”, quien se ha amparado para evadir el pago de millones de pesos en Impuesto Predial y recibió del anterior gobierno un crédito fiscal por 60 millones de pesos a través de una asociación de industriales que dirige, para reparar vialidades dentro de sus complejos. Además de 676 mil 660 pesos para el equipo de basquetbol Zonkeys, del cual Carrillo es propietario.
En 2018, Juan Manuel Gastélum Buenrostro aportó de la misma bolsa un millón de pesos al Club Social y Deportivo Campestre Tijuana, entonces presidido por el actual Alcalde, Arturo González Cruz, para un evento de la Federación Mexicana de Golf.
YO AMO TIJUANA RECIBIÓ MÁS DE 5MDP, PERO SU AC ESTÁ EN TERRENO BALDÍO
Entre contratos como prestador de servicios para “proyectar información de manera positiva” en Facebook a través de la agencia de marketing de la que es propietario y como tesorero de una Asociación Civil sin domicilio físico, José Antonio Hernández Reyes recibió 5 millones 319 mil pesos durante los tres años de gestión de Gastélum Buenrostro.
La Asociación Civil CreoEn, en la que Hernández Reyes es tesorero, está conformada también por José Alejandro Sandoval Hurtado, proveedor del Ayuntamiento y Roberto Ricardo Gamboa García, abogado que trabaja en la Notaría 3. Fue ahí donde quedó registro de la AC, con fecha de fundación 13 de septiembre de 2016.
En cuanto al domicilio que la AC registró en el catálogo de organizaciones de la sociedad civil de la Sedesoe, se trata de un lote baldío, como constató ZETA en una visita a la calle Cumpas número 143 de la colonia Chapultepec en Tijuana.
En total, CreoEn recibió 2 millones 130 mil pesos de Presidencia Municipal en apoyos entregados en 2018 y 2019.
En 2018, el monto fue de un millón 650 mil pesos por concepto de “Apoyo a casas hogares”, sin especificar el número de niños beneficiados ni la casa hogar; y en el año en curso, 480 mil pesos para “Organización de evento, entrega de despensas, remodelación de casa hogar y entrega de mochilas y útiles escolares”. De nuevo se omiten detalles de la aplicación del recurso.
El acta constitutiva indica que la AC se dedica, entre otras tareas, a la atención a requerimientos básicos en materia de alimentación, vestido o vivienda de personas vulnerables de la tercera edad, niños, madres solteras, por razones de edad, sexo o problemas de discapacidad.
También para ofrecer apoyo con vestimenta, calzado, comida y asistencia médica a personas de escasos recursos y con problemas de consumo de alcohol, entre otras actividades de prevención y control de contaminación.
Con José Alejandro Sandoval Hurtado como representante legal y gerente de la empresa Instalaciones Green Solar, obtuvo un contrato del Ayuntamiento de Tijuana para proveer cubetas de pintura para señalamientos viales en las banquetas y vialidades de la ciudad. En total, la venta de 4 mil 033 cubetas de pintura representó una transacción de 6 millones 693 mil 962 pesos, según consta en contrato firmado el 18 de diciembre de 2017.
En el mismo año, Hernández Reyes recibió su primer contrato como prestador de servicios al Ayuntamiento. Por medio de la Dirección de Comunicación Social, recibió pagos mensuales por promoción en Facebook que sumaron 109 mil pesos. En 2018 el contrato se renovó para “Difusión institucional del Ayuntamiento de Tijuana, con el objeto de proyectar la información de manera positiva” por medio de las páginas de Facebook Yo Amo Tijuana, TijuanaRulz, Soy Fan de Tijuana y Tijuana Coqueta por la cantidad de 63 mil pesos (más IVA) por tres meses.
En 2018, el contrato transitó a la empresa Xipal Marketing, propiedad de Hernández Reyes, por 2 millones 600 mil pesos, la misma cantidad que se le pagó a Mexikna, compañía manejada por Juan Manuel Gastélum Rivera, hijo del ex Alcalde.
La empresa, conformada el mismo año, está integrada por José Antonio Hernández Reyes, María Luz Soughers Carrillo y Eduardo Chong Rodríguez.
En 2019, el contrato se renovó por un millón 293 mil pesos para el mismo objetivo, “Creación y difusión de contenido a través de internet, diagnóstico completo de redes sociales”, entre otros conceptos.
A pesar de que a través de las páginas de Facebook Yo Amo Tijuana y CreoEn se comparten actividades como entrega de útiles escolares, calzado y donaciones a albergues para personas mayores, los administradores no transparentan la fuente de los recursos ni los millones que recibieron del XXII Ayuntamiento que al mismo tiempo se dedicaban a promover.
EMPLEADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
En dos años, Jóvenes de TJ-A, AC, conformada por dos empleados activos del gobierno estatal en ese momento, recibió 3 millones 400 mil pesos.
El presidente de la AC es Saúl Eduardo Pérez González, joven panista cercano al ex secretario de Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz, quien lo empleó como jefe de departamento cuando encabezaba la Contraloría y después en su cargo como titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, fue su secretario particular.
La otra integrante es Magnolia Carolina Bahena Burgueño, quien al momento de recibir los apoyos era encargada de la Unidad de Transparencia del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California (Coplade).
La Asociación Civil se conformó el 4 de enero de 2016 ante el Notario 3, el mismo con el que se registró CreoEn para “ser un entre (sic) la sociedad tijuanense y los tres niveles de gobierno para procurar la satisfacción de las necesidades de la población”, entre otras actividades.
Ante Sedesoe, la AC no registró domicilio físico y en internet no aparece información de contacto de la misma, pese a que en 2018, los jóvenes se hicieron acreedores a 2 millones 415 mil pesos para aplicarlos en un “programa para aprender habilidades socioemocionales en jóvenes”.
En 2019, el apoyo se repitió por 684 mil 400 pesos por concepto de “Capacitaciones”.
JUEZ MUNICIPAL SENTENCIADO POR VIOLACIÓN, TAMBIÉN ENTRE LOS FAVORECIDOS
Otra Asociación Civil de la que no se registra actividad en internet es Difuti, constituida el 27 de septiembre de 2016 -como las anteriores- ante el Notario 3 de Tijuana, para “Fomentar acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo”, entre otros objetivos.
Está integrada por Alejandro Rojo Domínguez, Alejandro Torrentera Andrade y José Enrique Álvarez Madrigal, este último ex juez municipal sentenciado por violación sexual en contra de su hija de 8 años de edad.
En agosto de 2017, el funcionario municipal fue detenido por policías ministeriales que cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de violación equiparada agravada.
El abogado, quien se desempeñaba como juez calificador en La Presa Este, fue sentenciado a 18 años de prisión, según información proporcionada por la Fiscalía General del Estado.
En 2019, Difuti recibió 620 mil pesos por “Realización de talleres dirigidos a jóvenes en situación de riesgo”.
PROVEEDOR DENUNCIADO POR FRAUDE
Como apoderado legal de Mundo Sustentable, AC, aparece Alejandro Jonathan Ruiz Manrique, proveedor de gobiernos panistas y denunciado penalmente por fraude y amenazas.
Registrada el 17 de febrero de 2014, la AC recibió400 mil pesos de la Oficina de Presidencia para “Gastos de operación y fomento de programas ecológicos” a ejercer en 2019.
Dos años antes, Alejandro Jonathan Ruiz Manrique fue denunciado ante la entonces Procuraduría General de la República por falsificación de firma.
En una nota periodística publicada en ZETA en abril de 2017, el empresario Sergio Madera Ortega indicó que se asociaría con Ruiz Manrique para conformar una constructora. Sin embargo, al poco tiempo de compartir información financiera, detectó el retiro de 2 millones 132 mil 500 pesos de su cuenta bancaria. Tras rastrear los movimientos, su banco le informó que Ruiz Manrique había cobrado parte de ese monto por medio de cheques que el afectado aseguró no haber firmado.
Por tal motivo, Madera Ortega presentó una denuncia ante la ex PGR por falsificación de su firma, acusando a Ruiz. Posteriormente, luego de asegurar que recibió amenazas, presentó una querella por ese delito ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Como representante legal de Proyecto Granco, en junio de 2018, Ruiz Manrique recibió del Ayuntamiento de Rosarito un contrato por 780 mil 534 pesos para la construcción de una cancha de usos múltiples en la colonia Colinas del Sol.
A la misma empresa, en marzo de 2017 se le asignó un contrato desde la Sedesoe por 407 mil 515 pesos para ejecutar en 50 días la rehabilitación de un campo de softbol en la colonia Bella Vista de Tecate.
El otro integrante de Proyecto Mundo Sustentable es José Luis López Pérez, también proveedor de gobierno por medio de su empresa Loyes Ingeniería, la cual recibió, entre otros, un contrato de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) para la instalación de niples reductores por 328 mil 654 mil pesos más IVA.
Sin embargo, no hay información de la AC en internet. Fundación Mundo Sustentable es el resultado más similar, pero se trata de una organización con sede en Nuevo León.
OTROS APOYOS
En 2017, adicionalmente a los más de 4 millones aportados, el gobierno del “Patas” entregó recursos a otras asociaciones.
Por ejemplo, aportó medio millón de pesos a Fundación Ealy Ortiz, del periódico El Universal, para una exposición fotográfica que se instaló en la explanada de Palacio Municipal y fue inaugurada por el ex Alcalde.
La muestra El Universal: 100 Años en la Vida de México incluyó 73 imágenes y se inauguró el 31 de julio de 2017 con la presencia Enrique Bustamante Martínez, director de la Asociación Civil. Después de tres semanas en la ciudad, la exposición se trasladó a California.
También ese año, la Oficina de Presidencia otorgó 900 mil pesos a la organización Pro Libertad y Derechos Humanos en América, presidida por Ignacio Benavente Torres.
En el año en curso, cuando elementos de la Policía Federal iniciaron un paro para evitar integrarse a la Guardia Nacional, Benavente Torres habló como representante de los agentes inconformes ante medios de comunicación, fue entonces que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadano, Alfonso Durazo, informó que el director de la Asociación Civil había purgado condenas en Estados Unidos y México por secuestro.
Además, en 2014 fue detenido -mientras huía- por un grupo de ciudadanos al atropellar a una mujer en Tijuana, ciudad donde se ubican las oficinas de Pro Libertad y Derechos Humanos en América.
Según testigos, Enrique Benavente Torres golpeó con su automóvil a la fémina, arrastrándola fuera del camino para continuar avanzando. Un grupo de ciudadanos le dieron alcance y lo entregaron a la Policía.
En columnas periodísticas, al activista se le vincula como operador de gobiernos panistas.
