Los 2 mil 470 gobiernos municipales que existen a nivel nacional no están distribuidos equitativamente entre mujeres y hombres. Las cifras oficiales indican que por cada ocho presidentes municipales hay dos presidentas municipales.
En la Ciudad de México, la cuarta parte de las alcaldías tiene a una mujer al mando. Sin embargo, sólo en Baja California, Baja California Sur, Tabasco, Tamaulipas y Sonora existen niveles adecuados de paridad de género en gobiernos municipales (entre cuatro y seis mujeres por cada 10 cargos), con base en las proporciones legales más aceptadas a nivel internacional.
Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- Dos de cada 10 municipios en México son gobernados por una mujer. Aunque la ley vigente respalda la paridad de género, «la participación de las mujeres sigue siendo muy limitada en el ámbito local” mexicano, de acuerdo con ONU Mujeres (2017).
Sin considerar 92 municipios en que no hay registro del sexo del representante político, el país cuenta con 559 presidentas municipales, en comparación con 1 mil 819 presidentes municipales, indican datos del Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM).
La mayor parte (95.3 por ciento) de las presidentas municipales fue electa bajo el sistema tradicional de partidos políticos. En total hay 533 funcionarias públicas locales abanderadas por alguna organización o coalición políticas, además de 22 electas por usos y costumbres (sistema normativo indígena), así como cuatro que llegaron al cargo de manera independiente.
Tanto el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (artículos cuatro, 25 y 78) como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (artículos 16 y 17) establecen que todos los niveles de gobierno –incluidos los municipios– están obligados a “fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres”.
Para ello existen mecanismos que promueven la paridad de género.
Por un lado, los partidos políticos tienen que destinar el dos por ciento de su financiamiento público anual ordinario “para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres” (COFIPE, Artículo 78, fracción V).
En lo que respecta a los comicios para diputaciones federales y senadurías, las candidaturas de partidos y coaliciones «deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad” (COFIPE, artículos 219 y 220).
A pesar de que estas disposiciones promueven el derecho a la participación de las mujeres en la vida política de México, las leyes vigentes “aún están lejos de garantizar de facto dicho derecho en condiciones de igualdad y no discriminación”, refiere ONU Mujeres en su informe «Participación Política de las Mujeres en México”.
Además de los límites legales, que no implican mecanismos iguales en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y en la elección de los distintos cargos públicos (como congresos locales y ayuntamientos), en México no existen medidas que garanticen el cumplimiento cabal de la normatividad vigente.
Por ejemplo, en 2009, tuvo lugar el fenómeno de las llamadas “Juanitas”; un grupo de diputadas federales electas en cumplimiento de la ley de paridad de género, que buscó renunciar a su cargo para ceder las curules a políticos del sexo masculino.
Durante la primera sesión de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, 11 diputadas –cuatro del PRI, cuatro de PVEM, dos del PRD y una del PT– solicitaron licencia para abandonar sus respectivas diputaciones y dejar a cargo a los suplentes.
Debido a la falta de justificación de las renuncias y a la particularidad del caso –11 mujeres sustituidas por 11 hombres–, el Tribunal Electoral de la Federación inició investigaciones y determinó una medida legal para evitar que el caso de las “Juanitas” se repita: homologar el sexo de los suplentes con el sexo del titular del escaño.
Aunque el acceso de las mujeres a los cargos de representación popular se ve afectado (positiva o negativamente) por las características de la legislación electoral de cada entidad federativa, ONU Mujeres indica que existen algunos estados que «han superado al COFIPE en cuanto a garantizar el derecho de las mujeres a ser electas, estableciendo la paridad en la confección de las listas”.
Hasta octubre de 2013 –salvo por Nuevo León– las entidades federativas contaron con legislación de paridad de género para diputaciones locales, con variaciones en la proporción obligatoria de candidatos propietarios de un mismo género.
IGUALDAD EN LOS ESTADOS
El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó en noviembre de este año un “Acuerdo Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. La propuesta radica en acabar con el machismo y fortalecer la paridad de género en la vida pública y privada de México.
Durante la celebración de dicho acuerdo, AMLO se comprometió a reforzar la igualdad de género en las designaciones de cargos públicos, por lo que mencionó que la próxima terna para cubrir vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará integrada por mujeres.
Lo anterior cobra especial relevancia considerando que en los siguientes tres años habrá elecciones en 2 mil 053 municipios, o en el 83 por ciento de las localidades en todo el territorio nacional.
El 7 de junio de 2020 habrán elecciones en los 84 municipios de Hidalgo. En el año 2021 tendrán que renovarse 1 mil 930 ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías. Asimismo en 2022, el estado de Durango renovará los gobiernos de sus 39 municipios.
De cumplirse la promesa del Presidente AMLO, la incidencia de mujeres en cargos públicos –que avanzó en los últimos cuatro años– deberá ir al alza.
Las cifras del SNIM indican que el 31.6 por ciento de los gobiernos municipales vigentes, que empezaron a operar a partir de 2019 (137 de 434), está a cargo de una mujer. Esta proporción es superior a la observada en 2018 (25.6 por ciento), 2017 (7.9 por ciento) y 2016 (20.5 por ciento).
En la actualidad, el estado con mayor índice de paridad de género en gobiernos municipales es Baja California, donde el 60 por ciento de los municipios (tres de cinco) es gobernado por una mujer. Le siguen Tabasco (41.2 por ciento), Sonora (40.3 por ciento), Baja California Sur (40 por ciento) y Tamaulipas (39.5 por ciento).
La entidad federativa con menor índice de participación de mujeres es Tlaxcala, donde el 10 por ciento de los municipios (seis de 54) es gobernado por una mujer.
En la lista de los estados con menor paridad de género municipal están Oaxaca (15.1 por ciento), Morelos y Aguascalientes (18.2 por ciento cada uno), así como Nuevo León (19.6 por ciento).
La Ciudad de México, por su parte, tiene niveles cercanos a la media nacional. En la capital del país, la cuarta parte de las alcaldías (cuatro de 16) está a cargo de una mujer: Clara Marina Brugada Molina (Iztapalapa), Layda Elena Sansores San Román (Álvaro Obregón), Patricia Elena Aceves Pastrana (Tlalpan) y Patricia Ximena Ortiz Couturier (La Magdalena Contreras).
EL APOYO PARTIDARIO
Aunque la legislación vigente no obliga a los partidos y coaliciones a implementar mecanismos electorales de paridad de género en todo tipo de elecciones, existen organizaciones con mayores índices de igualdad en gobiernos municipales, que la mayoría.
Los datos del SNIM indican que el Partido Socialdemócrata (PSD) de Morelos tiene la mayor proporción de mujeres, entre las siete presidencias municipales que visten sus colores; de modo que el 42.9 por ciento de sus gobiernos locales es encabezado por una mujer.
Le siguen los partidos Mover a Chiapas (PMACH) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con una participación de mujeres de 38.5 y 30.5 por ciento, respectivamente.
Entre los partidos con registro nacional y con mayores niveles de paridad –además de Morena– están el PRD (29.7 por ciento), PAN (29.3 por ciento), PRI (28.9 por ciento), PT (20 por ciento) y MC (19.4 por ciento).
En promedio, dos de cada 10 presidencias municipales (o el 24.5 por ciento) ligadas a partidos políticos nacionales –Morena, PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y MC– están encabezadas por una mujer. Dicha proporción es superior a la observada en las candidaturas independientes (8.6 por ciento) y en los sistemas de usos y costumbres (6.5 por ciento) aplicados en 425 municipios a nivel nacional.
En cambio, las proporciones de más desigualdad fueron observables en partidos sin registro a nivel nacional. Entre ellos destacan los casos de los partidos Encuentro Social (ninguna mujer en sus 22 municipios) y Nueva Alianza (seis mujeres de 80 presidencias municipales).
Sobre las coaliciones, los datos oficiales dibujan un escenario diferente al de los partidos con y sin registro nacional.
Las coaliciones políticas del PRI (cinco de cada 10 cargos) y del PAN (tres de cada 10) son las que más proporción de mujeres tienen, en los gobiernos municipales que abanderan. Le siguen las coaliciones de Morena y del PRD (dos de cada 10, respectivamente).
Sin embargo, aquellas coaliciones entre el PAN y el PRD tienen un nivel superior (25.1 por ciento de los cargos) a las de Morena (24.8 por ciento) y a las del PRD con otros partidos (19 por ciento).
