También exigieron a las autoridades de Bolivia, donde se han recrudecido las protestas tras la renuncia de Morales, que garanticen que quien viola los derechos humanos tendrá que asumir responsabilidades ante la Justicia.
Ese punto de la resolución alude, aunque sin mencionarlo, a un decreto emitido por el Gobierno provisional liderado por Jeanine Áñez y que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal si actúan «en legítima defensa o en estado de necesidad» y bajo criterios de «legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad».
Washington/La Paz, 20 nov (EFE).– Una amplia mayoría de 26 países aprobó este miércoles en la Organización de Estados Americanos (OEA) una resolución para pedir a las autoridades bolivianas que convoquen «urgentemente» elecciones en el país andino, sacudido por fuertes protestas desde hace semanas.
La iniciativa, impulsada por Colombia y Brasil, recibió por sorpresa el respaldo de la propia Bolivia (actualmente con un Gobierno interino) y de naciones caribeñas como Antigua y Barbuda, que consideraron crucial la convocatoria de elecciones, aunque criticaron el papel de las Fuerzas Armadas y la forma en la que Jeanine Áñez asumió la Presidencia hace una semana.
Tres naciones, entre ellas Nicaragua y México, se opusieron, mientras que cuatro se abstuvieron y una misión estuvo ausente.
La iniciativa busca presionar a Jeanine Añez para que fije una fecha para la convocatoria de elecciones, algo que este mismo miércoles la política boliviana aseguró que hará en unas horas.
Áñez asumió la Presidencia de forma interina después de que el 10 de noviembre Evo Morales anunció su renuncia tras divulgarse un informe de la OEA en el que se denunciaban graves irregularidades en los comicios del 20 de octubre, en los que fue reelegido para un cuarto mandato.
En concreto, la OEA resolvió hoy «llamar a las autoridades bolivianas a convocar urgentemente a elecciones, de conformidad con el mandato constitucional y legal de Bolivia, adoptando prontamente un calendario electoral que brinde certeza al pueblo boliviano sobre un proceso electoral con todas las garantías democráticas».
Asimismo, las 26 naciones pidieron a las autoridades de Bolivia, donde se han recrudecido las protestas tras la renuncia de Morales, que garanticen que quien viola los derechos humanos tendrá que asumir responsabilidades ante la Justicia.
Ese punto de la resolución alude, aunque sin mencionarlo, a un decreto emitido por el Gobierno provisional liderado por Áñez y que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal si actúan «en legítima defensa o en estado de necesidad» y bajo criterios de «legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad».
Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), han pedido la derogación de ese decreto porque consideran que permite a las Fuerzas Armadas violar los derechos humanos con «impunidad.»
Además, los 26 países urgieron a «todos los actores políticos y civiles en Bolivia», incluyendo las Fuerzas Armadas, al «inmediato» cese de la violencia y a «procurar un diálogo franco para promover la reconciliación democrática nacional».
Según la Defensoría del Pueblo, 30 personas han muerto y 775 han resultado heridas desde las elecciones del pasado 20 de octubre, en las que el por entonces Presidente, Evo Morales, fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición.
Posteriormente, el 10 de noviembre, un informe de los expertos electorales de la OEA advirtió de irregularidades «muy graves» en las elecciones.
En ese contexto, el 11 de noviembre, Morales abandonó Bolivia después de que las Fuerzas Armadas le forzaran a dejar el cargo y recibió asilo en México.
La renuncia de Morales ha sido calificada de «golpe de Estado» por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos, además de por él mismo; mientras que otros han reconocido al Ejecutivo interino de Áñez.
PARTIDO DE EVO PRESENTA ANTEPROYECTO
El Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, presentó este miércoles un anteproyecto en el Parlamento de Bolivia, donde tiene mayoría, para acelerar la convocatoria de elecciones, poco después de que la Presidenta interina del país, Jeanine Áñez, advirtiera de que puede convocarlas por decreto.
La presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia, Eva Copa, aseguró a los medios en La Paz que el anteproyecto busca agilizar el proceso, pero consideró «irresponsable» dar por ahora una fecha para nuevos comicios.
Copa aseguró que su partido cuenta con respaldo de la oposición, integrada por Unidad Demócrata, la formación de Áñez, y el Partido Demócrata Cristiano, para haber acordado por «unanimidad» que se comience a debatir en una comisión parlamentaria este documento.
El primer objetivo, explicó, es anular los comicios del 20 de octubre, tras los que fue proclamado vencedor Evo Morales para un cuarto mandato consecutivo entre denuncias de un fraude a su favor orquestado por el órgano electoral.
Sin embargo, los miembros del tribunal electoral advirtieron, antes de que terminara procesado por ese supuesto fraude, que legalmente no es posible anular unas elecciones en Bolivia.
Precisamente otro de los objetivos, según la presidenta, es nombrar nuevo órgano electoral, que en su mayor parte tiene que salir del Parlamento y que es el que debe llamar a las urnas.
La norma a la que se refiere Copa, cuyo texto no ha trascendido, es «excepcional y transitoria» para ir a nuevas elecciones «lo más antes posible, en lo que calificó como una señal clara de su partido ante el Gobierno interino.
Áñez había advertido poco antes a las puertas del Parlamento de que si la mayoría del partido de Morales no da algún paso, este mismo miércoles puede convocar elecciones por decreto.
«Si Dios lo permite, hoy en horas de la mañana vamos a lanzar la convocatoria a elecciones», subrayó.
«Si la Asamblea no permite que lo hagamos de esa manera legal, pues buscaremos otro mecanismo», en palabras de Áñez.
En Bolivia existe el precedente de una crisis similar en 2005 con Eduardo Rodríguez Veltzé de Presidente, en la que los comicios fueron convocados por decreto, una vía que podría utilizar Áñez.
El país está sumido en uno de los conflictos más graves de su historia reciente, desde que el día después de las elecciones comenzaran las denuncias de fraude a favor de Evo Morales.
El 10 de noviembre la Organización de Estados Americanos advirtió en un informe graves irregularidades en los comicios y horas después Morales anunció su renuncia tras casi 14 años en el poder, forzado por las Fuerzas Armadas, para al día siguiente salir hacia México, donde está asilado.
La renuncia de Morales es calificada de «golpe de Estado» por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos.
Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Jeanine Áñez, mientras que parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.
