En esta región del país se le conoce como “El Duarte de Baja California”; Francisco Vega de Lamadrid no dejó mucho a la imaginación, la Auditoría Superior de la Federación documentó año tras años los desvíos de recursos del presupuesto bajacaliforniano, sin que en la misma medida hubiese consecuencias legales. La impunidad ha sido total para este panista.

En el semanario ZETA desde el inicio de la administración de Vega (2013-2019) se publicaron investigaciones periodísticas de los desvíos, las empresas fantasma utilizadas para sacar los recursos del erario, constructoras favorecidas con miles de millones de pesos que entregaban obras deficientes y con sobreprecio, licitaciones para favorecer con cientos de millones de pesos a empresas de reciente creación o ubicadas en el Estado de México en domicilios inexistentes.

Transaron con lo que pudieron, con los programas de desarrollo social, con la elaboración de placas para automóviles, con la compra de despensas, con el otorgamiento de contratos, con el no pago de cuotas al ISSSTECALI, con las pensiones de los maestros, incluso con los recursos del Conacyt para la innovación de las empresas que quedaron en las arcas privadas de negocios ligados a los secretarios de estado que fueron Vega.

En 2018 la mala administración, el dispendio y el desvío de los recursos hicieron mella en las finanzas estatales. El Estado se quedó sin capacidad de pagos. Dejó de suministrar los recursos al Poder Judicial, al Instituto Estatal Electoral, al Instituto de Transparencia, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al sistema Cobach y al sistema Cecyte, así como a la Universidad Autónoma de Baja California, cuya deuda dejó arriba de los mil 700 millones de pesos, al igual que Javier Duarte con la Universidad Veracruzana.

Durante los últimos seis años también señalamos la complicidad de dos legislaturas estatales con Vega de Lamadrid. Le aprobaban todo crédito solicitado, ampliación de deuda, licitación, convocatoria y asociación público privada, lo que pidiera o la iniciativa que enviara le era favorable con la mayoría de los votos de los 25 diputados. Contó con la anuencia mayoritaria del Partido Acción Nacional, también con la reducida fracción priísta, y uno que otro chiquitero, pero nunca obtuvo un no en el poder legislativo, por supuesto los esfuerzos que hubo por parte de independientes para que acudiera a comparecer a la Cámara local respecto las deudas y sospechas de corrupción, fueron sofocadas por la mayoría azul tricolor.

Las denuncias de corrupción en la administración kikista de Baja California se mantuvieron en la prensa libre, como el caso de ZETA, y en muy pocos grupos de la sociedad civil. A pesar de los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación, las sospechas de corrupción en el último gobierno panista de Baja California no llegaron a una hoja ministerial.

Para ejemplificar, en la cuenta pública de 2016 la ASF detectó desvíos por mil 432 millones de pesos en áreas como seguridad pública, programas de desarrollo social, obra pública, DIF, adquisición de despensas y de desayunos, entre otros rubros. Recursos todos que la administración de Vega recibió etiquetados para esos sectores y no comprobó que lo utilizó en los mismos, o ni siquiera comprobó a qué lo destinó.

Al año siguiente en 2017, de nueva cuenta la Auditoría Superior de la Federación emitió el resultado de la fiscalización de los recursos ejercidos por el gobierno de Baja California, en esa ocasión destacó que los malos manejos alcanzaron los 4 mil 649 millones de pesos, de los cuáles se desconoció el destino, su manejo a discreción y la opacidad.

Pero en ningún caso, autoridad alguna, ni local ni federal, inició investigaciones sobre los desvíos de la administración de Francisco Vega de Lamadrid. A pesar de las alertas enviadas desde la Auditoría Superior, las denuncias públicas y las investigaciones periodísticas, el panista tuvo seis años de impunidad.

El martes 19 de noviembre el gobierno entrante que encabeza Jaime Bonilla Valdez (sí, el mismo de la #LeyBonilla) a través del secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, presentó una denuncia contra el ex Gobernador Vega en la Fiscalía General del Estado. Además denunciaron a quien fue secretario de Finanzas, Bladimiro Hernández, y a la ex Oficial Mayor, hoy diputada local por el PAN, Loreto Quintero, y otros ex funcionarios de menor rango.

La denuncia fue por “abuso de autoridad (dar una aplicación pública distinta al destino de caudales del erario público), cohecho cometido por servidor público (recibir dinero para hacer o dejar de hacer algo relacionado con sus funciones), peculado (distraer de su objetivo bienes que por razón de su cargo fueron recibidos), y enriquecimiento ilícito (no pueda acreditar la legítima procedencia de los bienes a su nombre)”.

En una improvisada conferencia de prensa Rodríguez Lozano estimó que el desvío denunciado asciende a los mil 200 millones de pesos, que fueron utilizadas 40 empresas fantasma, y dio a conocer cuatro empresas no registradas en el sistema gubernamental pero que recibieron cada una 800 mil pesos, una comercializadora, una constructora, una prestadora de servicios administrativos y una edificadora.

Días antes de la presentación de la denuncia por parte del Gobierno contra Kiko Vega y sus ex funcionarios, quien fuera Auditor Superior del Estado, Carlos Montejo Oceguera, informó que el Gobernador Jaime Bonilla le había pedido que renunciara luego que le comentó que había recibido llamadas de parte del ex secretario de finanzas y del ex Gobernador, presuntamente para presionarlo con los resultados de la fiscalización de los recursos, de esos mil 200 millones de pesos objeto de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Francisco Vega quizá se enfrentará a su destino marcado por la opacidad, el abuso y la transa que significó su administración en Baja California. Dependiendo de la elaboración de la denuncia, la capacidad investigativa de la Fiscalía General del Estado, y el compromiso del gobernador Bonilla de romper con lo que se suponía un pacto de impunidad, podría llegar a mínimo, ser un prófugo de la justicia, como muchos otros ex gobernadores del sexenio pasado.

Adela Navarro Bello

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