Pobladores indígenas del municipio Villa Guerrero, en Jalisco, enfrentan desde hace años una batalla para que sean reconocidos como dueños de sus tierras y se respete el Gobierno agrario autónomo que iniciaron en 2013. Sin embargo, han sido víctimas de amenazas de muerte, golpes y agresiones de caciques que, acusan, son solapados por autoridades locales.
El secuestro por una horas de uno de sus líderes comuneros y la golpiza a otros mantiene a la comunidad en incertidumbre.
Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– Autoridades de Jalisco han sido omisas en garantizar la seguridad de indígenas de los pueblos tepehuano y wixárika de San Lorenzo Azqueltán, quienes buscan desde hace años que se reconozca a su comunidad como propietaria de tierras y se respete su autogobierno. Comuneros y organizaciones denunciaron, a cinco días de que tres integrantes fueron golpeados y resultaron gravemente heridos, que la seguridad en la zona no ha sido reforzada y no tienen certeza de que las investigaciones de las agresiones avancen.
Noé Aguilar Rojas, comisariado autónomo de bienes comunales de la comunidad ubicada en el municipio de Villa Guerrero, así como Ricardo de la Cruz, presidente electo del consejo de vigilancia, y el comunero Rafael Reyes Márquez fueron perseguidos en camionetas, golpeados y heridos con armas blancas el domingo 3 de noviembre hasta dejarlos en estado de gravedad, además, otros seis fueron lesionados. Pobladores aseguraron en entrevista con SinEmbargo que pese a la indiferencia de autoridades estatales y municipales «mantienen firmes» sus exigencias.
«La comunidad está enojada, quiere justicia y no se amedrenta, no se desanima porque no hay otro camino, la gente está decidida a lo que venga y a exigir nuestro derecho a ser propietarios de la tierra», aseguró a este diario digital José, un comunero testigo de la persecución del fin de semana y cuyo nombre fue cambiado por motivos de seguridad.
La violencia contra habitantes de San Lorenzo Azqueltán no es nueva, pero desde 2018 se ha recrudecido y traducido en desapariciones, golpes y amenazas de muerte a los líderes comunitarios y a otros campesinos, hechos que han sido documentados por organizaciones como la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
Un comunero denunció que gente pagada por caciques incluso ha aprovechado para golpear a los pobladores de más edad para mandar un mensaje de intimidación a los demás.
Desde hace más de 20 años los indígenas se han organizado, pero en 2013 iniciaron la recopilación de documentación que los llevó en 2015 a iniciar un trámite de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales en el Tribunal Agrario del distrito 16 de Guadalajara, Jalisco, para que se reconozca legalmente a la comunidad como propietaria de las tierras en las que siembran y hacen trabajos ganaderos, pues un título virreinal del 1733 los acredita como dueños de más de 90 mil hectáreas y que fueron declarados legítimos por la Secretaría de la Reforma Agraria el 16 de diciembre de 1954.
También en 2013, en noviembre, los pobladores acordaron el nombramiento de autoridades agrarias autónomas.
«La comunidad busca por la vía legal que se le reconozcan miles de hectáreas que les han pertenecido desde tiempos inmemorables», explicó Quetzal Prado, abogada de las y los pobladores e integrante de la organización AJAGI.
En la década de los 50, mucho antes de iniciar la batalla legal, «los pobladores dijimos no es posible que siendo nosotros los dueños nos pase esto. Podemos perder hasta la vida por reclamar lo que era nuestro pero aún así no vemos otra salida. Nos empezamos a organizar más fuerte», contó Ricardo.
El conflicto principal lo protagoniza la disputa con caciques, quienes, de acuerdo con los pobladores, durante años han cercado territorios, aseguran que son de ellos y dejan sin sus beneficios a la comunidad. Fabio Ernesto Flores Sánchez, Javier Guadalupe Flores Sánchez y Mario Flores, así como personas pagadas por ellos, son a quienes han identificado como principales generadores de violencia en la zona.
«Nos preocupa donde sembraremos el maíz, frijol, de eso nos alimentamos. ¿Dónde cuidaremos a nuestros animales? Porque la tierra es algo fundamental para la vida y si ellos nos la privatizan entonces, ¿qué vamos a hacer?», señaló Ricardo, quien asegura que ese es el sentir generalizado en la comunidad.
EL ATAQUE: PROMESAS Y OMISIONES
Las agresiones se registraron como respuesta a una acción comunitaria. El pueblo tepehuano y wixárika acordó el 13 de octubre retirar un cerco que Fabio Flores pretendía poner en 2 mil hectáreas en la localidad de Izolta, en un predio donde se cosecha pitaya, orégano y pesca en el río, las principales actividades económicas para el sustento comunitario anual. Once días después, una comisión de la comunidad realizaba una inspección cuando se percató que uno de los campamentos que habían instalado fue quemado, hecho que fue percibido como una amenaza y lo denunciaron a través de comunicados.
Pero la alerta de los comuneros inició cerca de 12:00 horas del 3 de noviembre. Ricardo de la Cruz llamó a otros líderes para avisarles que dos camionetas lo seguían. La llamada se cortó. Fue retenido, golpeado y herido con un arma punzo cortante en el pulmón. Después de casi 30 minutos sin comunicación con sus compañeros logró llamarles, les avisó que, herido, fue abandonado en la carretera que va de la cabecera de Villa Guerrero a Azqueltán.
Campesinos llegaron a la zona, auxiliaron a su compañero y lo llevaron al Centro de Salud municipal, donde la atención le fue negada, tras la insistencia y por la gravedad de sus heridas fue trasladado a un hospital en otra entidad.
Fuentes de la comunidad narraron a SinEmbargo que regresaron a San Lorenzo Azqueltán por dinero y ropa para ayudar a Ricardo, pero al pasar por un rancho del cacique Fabio Ernesto Flores él y su hermano, Javier Guadalupe Flores, estos les hicieron señas para pedirles que se detuvieran. Los ignoraron. Dos camionetas salieron del lugar y persiguieron a los comuneros por casi 20 minutos.
Algunos huyeron y se escondieron entre los cerros por horas, pero un grupo fue retenido. Ocho personas resultaron fuertemente lesionadas, entre ellas, Rafael Reyes, al que le causaron graves contusiones en la cabeza; al Comisariado Noé Aguilar Rojas, además de ser desaparecido por horas, lo hirieron con un arma punzo cortante en la cabeza, le fracturaron el cráneo y ayer tuvo que ser operado. Aunque los comuneros alertaron de los ataques desde las 12:00 horas, no hubo respuesta policiaca hasta cerca de las 17 horas.
Las intimidaciones siguieron un día después, pues los habitantes reportaron que escucharon disparos de arma de fuego en parte de los terrenos comunales de Azqueltan.
«Para la comunidad este es un golpe duro considerando que Noé es el Comisionado de bienes comunales, hablamos de la principal autoridad agraria. Además de la agresión física vemos que hay un acto de hostigamiento muy severo detrás de esto», indicó Quetzal Prado.
No es la primera vez que Noé Aguilar es violentado. En abril de 2018 fue secuestrado, golpeado y desaparecido por horas junto con Catarino Aguilar Márquez, representante agrario de Azqueltán e integrante del Concejo Indígena de Gobierno. Este tipo de violencias motivó que organizaciones como la Red TDT iniciaran el acompañamiento de la comunidad, que desde junio de 2018 se incorporó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, lo que obliga desde entonces al Gobierno federal a garantizarles medidas de seguridad.
Las agresiones a Noé y Catarino siguen impunes y los comuneros temen que pase lo mismo con este último ataque. A cinco días de los actos violentos el temor persiste en San Lorenzo Azqueltán porque, de acuerdo con los pobladores, las investigaciones contra los victimarios no avanzan y no hay vigilancia de policías, incluso han identificado a lo caciques que los agredieron recorrer la zona.
Fue hasta dos días después del ataque que el Gobierno jalisciense se pronunció al respecto. En un comunicado aseguró que la Secretaría de Seguridad estatal reforzaría la vigilancia en en la comunidad e informaría a la Subsecretaría de Derechos Humanos para dar seguimiento al caso. Sin embargo, esto no ha ocurrido.
Un comunero quien pidió el anonimato ante el temor de represalias dijo a este diario digital que autoridades les han señalado que no hay suficiente policías estatales para la zona. Las y los pobladores buscan que su seguridad no quede en manos de policías ni autoridades municipales, pues, aseguran, ellos apoyan a los caciques que desde hace años los agreden.
«Esté quien esté en el ayuntamiento, sea quien sea el partido siempre hay personas de esos caciques. El Gobierno municipal, del partido que sea, apoya a los caciques. Los cuatro años que lleva en el Gobierno el presidente municipal de Villa Guerrero [el panista Aldo Gamboa Gutiérrez] ha apoyado más a los caciques que a nosotros para que seamos invadidos», denunció.
Además, el acompañamiento de organizaciones civiles ha permitido detectar que «ha habido cierta colisión entre estas personas pequeñas propietarias y el Gobierno municipal», expuso en entrevista Ángeles Hernández Alvarado, del Área de Protección de Personas Defensoras de la Red TDT.
«La gente tiene temor. No hay un mando que pueda cuidar y vigilar a la comunidad», alertó el comunero.
DIÁLOGO SUSPENDIDO
Las y los habientes de San Lorenzo Azqueltán han buscado, junto con organizaciones civiles, dialogar en búsqueda de creación de políticas públicas que fomenten un ambiente de paz entre comuneros, caciques y autoridades. Los pobladores exigen que los caciques dejen de cercar y vender tierras comunales hasta que el Tribunal Agrario resuelva sobre la propiedad de las tierras, además de exigir talleres de capacitación en materia de derechos indígenas porque muchos ejidatarios desconocen por qué no pueden vender terrenos de la comunidad.
De acuerdo con AJAGI y la Red TDT, en el sexenio anterior, todavía con Aristóteles Sandoval como Gobernador de Jalisco, se concretaron mesas de trabajo con la administración municipal y estatal, aunque no concluyeron acciones de seguimiento, pero el diálogo se suspendió con el Gobierno estatal de Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano.
Ángeles Hernández precisó que aunque sí hubo un acercamiento a inicios de año con Enrique Ibarra Pedroza, actual Secretario de Gobierno estatal en el Gobierno de transición, para dialogar sobre los avances que se habían alcanzado y sobre la necesidad de darle una visión de compromiso de Estado para darles seguimiento adecuado, no se concretó nada.
La defensora dijo que hace aproximadamente desde la Secretaría de Gobierno convocaron a la comunidad a una reunión para actualizar la situación, pero tampoco prosperó.
En alguna ocasión, hace tres o cuatro meses aproximadamente desde la Secretaría de Gobierno convocaron a la comunidad a una reunión un poco para actualizar la situación, el contexto, pero tampoco prosperó, ha faltado la interlocución más directa con la secretaría de gobierno.
SinEmbargo solicitó entrevistas al Gobierno Municipal y a la Secretaría de Gobierno estatal para conocer si contemplan retomar una estrategia para atender el conflicto que enfrentan los comuneros, así como a la Fiscalía Estatal para conocer los avances en la investigación por las agresiones a comuneros, pero no obtuvo respuesta.
En el municipio Villa Guerrero se justificaron al decir que no podían hablar sobre el tema porque el ataque reciente lo investiga el Ministerio Público estatal. Personal de la Dirección de Seguridad local aseguró que sí se implementó un operativo de vigilancia para responder al temor de la población de San Lorenzo Azqueltán y opinó que las notas publicadas en medios locales sobre las agresiones «son amarillistas y no tienen nada de sustento».
Ante el contexto violento que enfrentan los comuneros, las organizaciones que integran la Red TDT, incluida AJAGI, exigieron a las autoridades federales garantizar seguridad para los líderes, sus familias y todos los habitantes.
Al Gobernador Enrique Alfaro le pidieron en una Acción Urgente realizar un diagnóstico de la situación y tomar las medidas a su alcance para inhibir las agresiones. También pideron a la Fiscalía General de Jalisco realizar investigación pronta y apegada a derecho.
La defensora Quetzal Prado también pidió al Tribunal Agrario que continúe el proceso legal de los pueblos de San Lorenzo Azqueltán, pues recordó que al no darles certeza jurídica se atenta contra la autonomía y los derechos indígenas que defienden normativas nacionales e internacionales.
